El Grupo Parlamentario Regionalista defenderá en el Pleno del próximo lunes una iniciativa para instar al Gobierno de Cantabria a articular una línea de ayudas que contribuya a mejorar la seguridad, la competitividad, digitalización y sostenibilidad del sector del transporte, con el fin de compensar el efecto negativo que supondrá la eliminación de la bonificación del gasóleo a partir de enero de 2024.
Después de plantear una iniciativa similar hace algo más de un mes para pedir al Ministerio de Economía la continuidad de la ayuda creada para compensar la escalada de precios de los combustibles, la cual fue aprobada por unanimidad, el PRC ha decidido insistir en la petición de ayudas específicas ante la “incertidumbre” que en este momento se cierne sobre el sector, una vez confirmada la desaparición de la ayuda creada para compensar la escalada de precios.
En este sentido, y pese a la falta de competencias del Ejecutivo autonómico para intervenir sobre el tributo que grava los hidrocarburos, ha destacado que otras Comunidades Autónomas están poniendo en marcha medidas de apoyo al sector del transporte, asumiendo “el liderazgo” que les corresponde, por lo que insta al Ejecutivo cántabro a actuar en esa misma línea.
“Es necesario que el Gobierno de Cantabria despliegue sus posibilidades y articule nuevos escenarios de ayuda para estos profesionales”, ha recalcado la diputada y portavoz del PRC en materia económica, Paula Fernández, que defenderá la iniciativa.
Fernández ha subrayado que la comunidad autónoma “no puede quedarse a la espera de posibles medidas estatales, cuando tiene en su mano las posibilidades que le brinda el autogobierno para respaldar a un sector que emplea a más de 7.000 personas en la región, que ha logrado recuperar los niveles de facturación previos a la pandemia y que tiene ante sí grandes expectativas de crecimiento gracias a proyectos como La Pasiega o el crecimiento del Puerto de Santander”.
Asimismo, ha destacado que la supresión de la bonificación al gasóleo tendrá un impacto que puede alcanzar los 500.000 euros, una cifra “muy importante” para un sector en el que tienen un gran peso los trabajadores autónomos y que puede verse “seriamente afectado” tanto por el encarecimiento del combustible como por medidas como la instalación de arcos lectores de matrícula que acaban de entrar en vigor en Euskadi y que incorpora “un coste más al efecto frontera que ya sufren muchos sectores económicos cántabros”.