El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) ha pedido en el Senado la paralización y suspensión de los plazos de tramitación del proyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de noviembre, de Educación, más conocida como Ley Celaá, hasta que no concluya “completamente” la tramitación de los Presupuestos del Estado para 2021.
Igualmente, ha solicitado la comparecencia de técnicos y expertos del sistema educativo español en el seno de la Comisión de Educación y Formación Profesional para “contar con aportaciones que mejoren el texto y ayuden al consenso” antes de que finalice la tramitación de la ley en el Senado.
En este sentido, el senador autonómico y diputado regional del PRC, José Miguel Fernández Viadero, ha explicado que la petición de la paralización de la tramitación de Ley Celaá viene motivada porque “se solapará” con la tramitación de los Presupuestos del Estado para 2021, “lo que dificultará el trabajo de un gran número de senadores y grupos”.
Además, ha recordado que el reglamento del Senado, en su artículo 148.1, establece que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado “gozará de preferencia en la tramitación sobre los demás trabajos de la Cámara” y que la reforma del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley Orgánica de Educación “no se ha solicitado por el procedimiento de urgencia”.
Por ello, junto al resto de representantes de partidos regionalistas en el Senado, ha registrado sendos escritos “para que podamos trabajar debidamente en ambos textos, sobre todo, en la reforma educativa que precisa del mayor de los consensos”.
“Una ley, como la educativa, debe salir adelante con el mayor consenso posible, para que perdure en el tiempo. Y, todos sabemos, que la reforma planteada nace con fecha de caducidad y con una gran división”, ha sostenido.
Al hilo, ha subrayado que “no toda la ley es mala”, pero en muchos puntos “suscita dudas y contradicciones por su redacción” que, en su opinión, “deben ser aclaradas y matizas”. “En el Senado, tenemos aún una oportunidad de mejorar el texto, de escuchar a expertos y de rectificar lo que sea necesario”, ha afirmado.
Para Fernández Viadero, debe “garantizarse” la enseñanza del español en todas las comunidades autónomas, ya que “en los términos en los que aparece redactado da lugar a dudas”. “Defendemos la diversidad lingüística de España y no estamos en contra del estudio de las lenguas cooficiales, pero no se concibe ni se entiende que en alguna parte del territorio no se estudie el español o se deje margen a que no se haga”, ha remachado.
Igualmente, pone el foco en la falta concreción sobre el mantenimiento de los centros de educación especial, tanto públicos como concertados. “Creemos que trabajar por la inclusividad es necesario, pero no tiene que significar el cierre de los centros de educación especial o dejarlos como centros de recursos”, ha apuntado.
También ha hecho hincapié en la falta de claridad de la memoria económica que no fija los criterios de reparto entre las comunidades autónomas; en que no se garantice la libre elección de centro de los padres, “sin que se enfrente a las dos redes educativas, la pública y la concertada”; o en el acceso a la inspección educativa para que “no sean designados a dedo”.
Las peticiones cursadas por el senador autonómico y diputado regional del PRC han sido suscritas por Beatriz Martín Larred y Joaquín Egea Serrano, de Teruel Existe; Fabián Chinea Correa, de Agrupación Socialista Gomera (ASG); Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro (UPN); y Clemente Sánchez-Garnica Gómez, de Partido Aragonés (PAR).