El PSOE de Cantabria se ha quedado solo este lunes en el Parlamento autonómico en la defensa de su iniciativa orientada a establecer medidas para controlar el precio de los alquileres empleando para ello herramientas de la Ley de Vivienda estatal.
Y es que mientras que PP y Vox la han rechazado, el PRC se ha abstenido, aunque ha manifestado su postura contraria a establecer límites a los precios: “Limitar a los propietarios la puesta de viviendas en el mercado de alquiler sería dispararnos un tiro directo en el pie”, ha defendido el alcalde de Torrelavega y diputado regionalista, Javier López Estrada.
Los socialistas pretendían con esta proposición no de ley que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) actuase de forma “inmediata” ante la “crisis” en este ámbito y a través de la norma nacional, para evitar la especulación y frenar el alza de los desahucios, un 85% hasta junio frente a siete casos de ocupación en 2023, según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.
“Santander, Laredo, Torrelavega, Castro Urdiales y otro buen número de ayuntamientos de nuestra Comunidad Autónoma se ven tensionados por un mercado de la vivienda que no tiende a ofrecer una solución habitacional a la población, sino a convertirse en un bien especulativo o, en su defecto, a convertirse en vivienda turística, provocando la gentrificación de determinadas zonas de las ciudades, que expulsan a los residentes en pos de atraer clientes”, ha expuesto la diputada socialista Norak Cruz.
“Un reflejo del carácter especulativo de la vivienda es el aumento de los precios, tanto a la compra como al alquiler”, ha dicho, detallando que en Cantabria, desde mayo de 2023, el precio del metro cuadrado ha aumentado en 160 euros, alcanzando una media de 1695 euros el metro cuadrado. “Un aumento sostenido en el tiempo que, en el interanual de septiembre, recoge una subida del 8,5%”, ha subrayado Cruz.
“Esta crisis de la vivienda es la pandemia de la actual legislatura y, para contenerla, hace falta tomar medidas de manera urgente. Cualquier inacción o negativa a aplicar la legislación vigente supone un ataque a la población más vulnerable y un flagrante incumplimiento de la Constitución Española”, ha sentenciado la parlamentaria socialista.
No obstante, el resto de formaciones de la Cámara autonómica han propuesto como soluciones a la crisis de acceso a la vivienda construir y liberalizar suelo. El diputado del PP Rafael de la Gándara ha marcado el perfil más ultra en este sentido, reclamando la derogación de la normativa estatal e instando al Ejecutivo central a “aplicar la PNL aprobada en el Senado contra los okupas” y a que “deje de prorrogar los decretos que impiden los desahucios en los lanzamientos a los pequeños propietarios”.
“Ustedes permiten los okupas y los inquiokupas, provocan el desahucio y luego lo prohíben”, ha dicho. Según el diputado popular, el PSOE propone “medidas marxistas” y “atacan al pequeño propietario porque odian la propiedad privada”. “No ataquen al pequeño propietario llamándole rentista despectivamente y dejen de intervenir el mercado y de aplicar las políticas de IU”, ha sentenciado.
Por su parte, el regionalista López Estrada ha asegurado que su formación “está de acuerdo con el problema de la vivienda, pero no con la solución”: “Limitar la libertad de los propietarios de poner en régimen de alquiler no es la solución”, ha expresado insistiendo en que no son partidarios de topar los precios en zonas tensionadas. En su lugar, ha propuesto “generar suelo para construir viviendas públicas y privadas, y minimizar los requerimientos técnicos para la construcción”.
Finalmente, el diputado de Vox Armando Blanco también se ha opuesto a las medidas de la Ley de Vivienda estatal y ha optado por construir “miles de viviendas liberando suelo”. “Si no hay suelo, creemos suelo, liberemos suelo”, ha insistido el parlamentario de extrema derecha, llegando a proponer hacer “una minioperación Chamartín en Santander”.