El Parlamento de Cantabria ha sido testigo este lunes de un paradójico debate en torno a la polémica Ley de Simplificación Administrativa del Gobierno del PP. Y es que pese a que una mayoría de diputados se ha mostrado en contra del texto, la norma no ha sido devuelta al Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga y, por tanto, seguirá su tramitación en el debate de enmiendas parciales.
En este sentido, no ha habido sorpresas y los acontecimientos han seguido el cauce esperado: la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE ha decaído por el rechazo a la misma de PRC y Vox, formaciones que se han mostrado muy críticas con el texto presentado por la consejera del ramo, Isabel Urrutia (PP), pero que, pese a ello, han permitido con sus votos que la ley siga su trámite en la Cámara autonómica.
El objetivo, según han argumentado, es no retrasar su aprobación. “No aprobamos la enmienda a la totalidad porque no confiamos en que el Gobierno nos envíe una mejor”, ha defendido el portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando. Y en esa misma línea se ha expresado la portavoz del grupo de extrema derecha, Leticia Díaz, quien ha defendido que su partido no vota a favor de la enmienda del PSOE “no porque la ley sea buena, sino porque hay que aprobar cuanto antes un texto que trataremos que se modifique a través de enmiendas”.
Así las cosas, una “ley ómnibus”, como la definen los socialistas, que, entre otras cosas, abre la puerta a la construcción de vivienda libre en el marco de un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), salva el primer obstáculo parlamentario a pesar de que todos los grupos han mostrado objeciones hacia ella en mayor o menor medida.
Se trata de la primera norma que el Gobierno de Buruaga remite al Parlamento en año y medio de mandato. Para el PSOE, “lo único que pretende” el Ejecutivo del PP con esta ley es “hacer trampas para fomentar la especulación y dejar a los ayuntamientos sin armas”, a sabiendas que hay “principios de inconstitucionalidad” en la misma.
Así, su portavoz, Pablo Zuloaga, ha señalado que es “claramente especulativa”, que “abre la puerta a los pelotazos”, que tiene “impactos negativos severos” y que, además, “no simplifica”. “Va a generar un caos en todas las administraciones regionales”, ha advertido el diputado socialista.
“Esta ley claramente avanza en la especulación desmedida en Cantabria, elimina controles para eliminar vertidos que contaminan el medioambiente, favorece a los empresarios que promueven corridas de toros, va en contra de mejorar la calidad de vida de la gente que más necesita la Administración pública para acceder a la Renta Social Básica o para garantizarse un grado de dependencia y promueve que el Gobierno de Cantabria tenga en su mano aprobar un PSIR para construir viviendas libres en suelos rústicos”, ha criticado.
Además, tras tachar esta Ley de Simplificación de “injusta, ilegal, anticonstitucional”, ha recordado que cuenta con un informe jurídico desfavorable del propio Ejecutivo, en el que se indica que “no es conforme al orden constitucional en cuestiones de fondo” e “invade competencias” del ámbito estatal y municipal.
Zuloaga también ha censurado que para la elaboración de esta norma se ha “vetado” la participación de la sociedad en el Parlamento, recordando que se tumbaron todas las comparecencias que los socialistas habían solicitado, para concluir resaltando el “empeño” del Gobierno en “ocultar los verdaderos intereses que llevan a la aprobación de esta ley, al tiempo que tapan los enormes riesgos que supone para Cantabria”. “Hecha la ley, hecha la trampa”, ha sentenciado Zuloaga, que ha advertido que la presidenta Buruaga se convierta “en una copia mala de Mazón -presidente de la Generalitat Valenciana,-” si no la retira.
Los regionalistas, por su parte, que durante las últimas semanas han arremetido con dureza contra varios aspectos de la norma, especialmente el referido a la modificación urbanística, han asegurado estar “totalmente de acuerdo” con los socialistas. “Esta ley, tal y como está, no sirve para nada y es necesario cambiarla de arriba a abajo”, ha señalado Hernando, quien seguidamente ha reivindicado que la mejora la llevarán a cabo los propios grupos en las enmiendas parciales.
Por su parte, Urrutia ha destacado medidas de la ley como la racionalización de la intervención administrativa, la declaración responsable, el pago a través de aplicaciones móviles o la creación de la unidad aceleradora de proyectos estratégicos. “Esta ley nace de la necesidad de eliminar trámites obsoletos, derogar normas en desuso, no solicitar documentos que están en las manos de la Administración, acelerar los trámites de los procedimientos y simultanear informes que no son vinculantes unos con otros”, ha explicado la consejera de Simplificación Administrativa.