La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el funcionario, jefe del Servicio de Carreteras de Cantabria, detenido por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos de mantenimiento, que ha sido enviado al penal de El Dueso, en Santoña. Por el contrario, ha dejado en libertad con cargos a los otros cinco detenidos que en la mañana de este viernes han pasado a disposición judicial, entre los que se encuentra la mujer del funcionario y varios responsables de las tres empresas implicadas, Rucecan, La Encina y Api Movilidad.
Los seis investigados por las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos dependientes de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria han llegado al edificio judicial de Las Salesas escoltados por la Policía Nacional, para comparecer ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.
El miércoles, cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y de la Agencia Tributaria irrumpieron en diferentes despachos de la Consejería, empresas y domicilios particulares, se detuvo a dos personas en Madrid además de estos seis procesados, pero fueron puestas ese mismo día en libertad.
Y es que la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado “una trama de fraude en la contratación de obra pública” en Cantabria. En el marco de la operación, se ha procedido a la detención de ocho personas, entre ellas la del funcionario responsable de emitir los informes técnicos que, presuntamente, habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la comunidad. Igualmente, han sido detenidos los administradores de cuatro sociedades adjudicatarias de estos contratos.
Durante el registro efectuado esta semana, los agentes detectaron en el domicilio del funcionario 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero. Además, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros, y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados.