Los problemas con las citas previas y la atención presencial provocan un aumento de incidentes violentos contra los empleados públicos

La Unión General de Trabajadores (UGT) daba la voz de alarma hace unos días sobre que la situación estaba comenzando a descontrolarse en las oficinas de la Administración General del Estado (AGE) y es que, un año y medio después de que finalizase el confinamiento domiciliario por la pandemia de la COVID-19 y con la cita previa instaurada en la práctica totalidad de servicios públicos, parece que algunos ciudadanos comienzan a perder la paciencia, lo que en algunos casos ha terminado generando ataques de ira contra los empleados públicos.

Así, la responsable de Acción Sindical en Cantabria, Carmen Ruiz, relata que los trabajadores llevan meses sufriendo “agresividad verbal” de forma frecuente por parte de algunos usuarios que, además, ha estado siendo “justificada” por los funcionarios y el personal de seguridad. “Lo están asumiendo como algo normal y propio del momento”, admite la sindicalista. No obstante, las alarmas han saltado al producirse en apenas una semana dos casos en los que la violencia fue algo más que verbal.

El primero de los damnificados fue un miembro de seguridad, que fue atacado físicamente y, en el segundo de los casos, un ciudadano entró a la fuerza a otra oficina donde no había seguridad. En ambas situaciones, tal y como revela Ruiz, “fue necesario” llamar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Desde la Sección Sindical de UGT creemos que la crispación ha crecido mucho. La gente, apremiada por sus necesidades, acude a los centros y quiere una atención rápida que no obtiene y la paga con el personal de seguridad, y si este no existe, con el propio funcionario”, declara Ruiz.

De esta forma, y pese a que antes de la pandemia no se notificaban apenas casos de violencia, parece que el sistema de cita previa es el “culpable”, pero no tanto por el sistema en sí, sino por su ineficacia “que ha empeorado el servicio público”. “Las plantillas han ido disminuyendo paulatinamente desde 2008, y la merma de personal es importante, por lo que los funcionarios están desbordados. Entonces, las personas llaman para coger cita y no todas se contestan, lo que crea crispación y enfado. Además, la brecha digital hace que muchos colectivos, que suelen ser los más necesitados, se queden fuera de este modo de acceso”, señala la representante de Acción Sindical de UGT en Cantabria.

Por estos motivos, y ante la previsión de que la situación no vaya a cambiar próximamente, los delegados de UGT han decidido reunirse con los responsables de estos centros de la Administración General del Estado en la comunidad autónoma para “solicitar las medidas necesarias” que paren una posible ola de violencia. “Hay que salvaguardar la integridad física y psíquica del personal”, indica en declaraciones a elDiario.es.

Asimismo, cabe recordar que estos organismos, como la Seguridad Social, Hacienda, Tráfico o Inspección de Trabajo, entre otros, deberían acogerse al Protocolo de Violencia Externa en el Trabajo, pero desde el sindicato denuncian que no está funcionando con la eficacia esperada: “De proseguir esta tendencia creciente, se tendrán que tomar las medidas preventivas que sean oportunas antes de que se tengan que lamentar daños mayores”, concluye Ruiz.

Los sanitarios, uno de los sectores que más agresiones sufre

En la misma línea y dentro de los empleados públicos, uno de los sectores que más sufre los ataques físicos y verbales es el sanitario. Así, el Observatorio Nacional de Agresiones a Enfermeras del Consejo General de Enfermería (CGE) registró en 2020 un total de cuatro agresiones a enfermeros en Cantabria, es decir, una menos que el año anterior. Sin embargo, en España, a lo largo del pasado año y pese al confinamiento por la pandemia de COVID-19, hubo 185 agresiones más que el año anterior a enfermeros, contabilizando un total de 1.657 ataques.

Por otro lado, las agresiones a médicos en Cantabria también se redujeron en 2020, pero en este caso más de un 30% respecto al año anterior. En total, el Colegio de Médicos de Cantabria recibió 16 denuncias por agresiones de sus colegiados, de las que más de la mitad las sufrieron hombres (el 56,3%), y el resto mujeres (el 43,8%).

Así figura en los datos hechos públicos este viernes por el Observatorio Nacional de Agresiones a Médicos de la Organización Médica Colegial (OMC) según los cuales, a nivel nacional, las agresiones a los médicos colegiados en España se redujeron un 35% en el año 2020, respecto al 2019. Aun así, Cantabria es la comunidad con mayor número de comunicaciones de agresiones por cada mil médicos (4,22/1000), un dato que, según el Colegio de Médicos de Cantabria pone de manifiesto la “cercanía” de la organización con sus colegiados.

Para solventar esta cuestión, la Organización Colegial de Enfermería ha decidido poner en marcha un proyecto junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el que estos realizarán visitas presenciales a centros sanitarios. El objetivo de esta iniciativa llamada IPNS21 es establecer una relación más cercana y personal con los profesionales sanitarios en primera línea y conocer así, la problemática real que están viviendo.