¿Qué queda dentro y qué queda fuera de la nueva Ley LGTBI de Cantabria?

La Ley LGTBI ha llegado a Cantabria. Y lo ha hecho, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta cómo ha sido su trayectoria hasta su aprobación final, con una disparidad de criterios que se ha dejado notar hasta el último minuto. De esta forma, y tras las 63 enmiendas presentadas para modificarla, los cuatro partidos encargados de dar forma al documento -PRC, PSOE, PP y Ciudadanos, ya que Vox se autoexcluye- han decidido prescindir a última hora de algunos de los puntos “para hacer la ley más corta”, como declaró en su momento el portavoz regionalista, Pedro Hernando.

Sin embargo, desde la Asociación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales de Cantabria (Alega) declaran no sentirse “satisfechos” con el texto final y admiten que tenían “la esperanza” de que fuese una ley “más avanzada”. “En la anterior legislatura no hubo voluntad política para aprobar la ley, y en esta han hecho una enmienda a la totalidad encubierta a través de enmiendas parciales, lo que ha cambiado totalmente el texto”, critica la portavoz del colectivo, Kiara Brambilla.

¿Con qué cuenta esta ley?

Si esta norma tenía algún fin era el de dar el reconocimiento a todas las personas como libres e iguales en dignidad y derechos con independencia de su orientación sexual o identidad de género, por lo que han quedado totalmente prohibidas las conocidas como 'terapias de conversión' o 'terapias aversivas', así como cualquier tipo de intervención médica o psicológica que persiga la modificación de las personas.

Asimismo, la Administración pasará a reconocer al colectivo contribuyendo a su visibilidad a través de campañas y acciones, y precisamente para ello contará con la creación del Consejo LGTBI.

Además, y dentro del ámbito educativo, se implantarán protocolos y programas de asesoramiento a docentes, familias y alumnado contra la discriminación y la violencia, y se regulará el acceso y uso de las instalaciones para servicios higiénicos de forma respetuosa con la identidad sexual o identidad de género -aclarando la ley que se aplicará a todos los centros educativos tanto privados como públicos-.

También se contará con protocolos de protección contra el acoso escolar para proteger a las víctimas. Y respecto a los menores transexuales, estos contarán con el derecho a utilizar su nombre elegido y ser designados por él en los centros educativos.

Otra de las medidas que aplicará esta ley es la de garantizar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida a toda persona o pareja, algo que hasta este momento quedaba reservado únicamente para las parejas heterosexuales.

Siguiendo con el ámbito más enfocado a la salud, se reconocerá el derecho de los menores trans a recibir tratamiento médico relativo a su transexualidad como, por ejemplo, comenzar con el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad. Y se evitará la intervención médica médica que tenga por objeto la normalización sexual para ajustarse a las normas físicas del binarismo de género en personas intersexuales.

También se garantizará que todos los centros de servicios sociales, especialmente los que atiendan a personas mayores o con discapacidad, traten de forma respetuosa y en condiciones de igualdad y no discriminación a personas del colectivo, así como que continuarán recibiendo tratamientos hormonales en caso de que lo requieran.

Por último, se formará a los agentes de la Policía Local para una mejor atención a las víctimas de violencia y se clasificarán las infracciones en tres tipos: leves, graves o muy graves, que contarán con multas de hasta 30.000 euros.

Cabe destacar que para Alega, y al tratarse de una ley “de mínimos”, la esperanza ahora está en una ley estatal que pueda abarcar “todos esos espacios que esta ley no cubrirá”.

¿De qué se ha prescindido?

Pero los partidos que han dado forma a la ley (PRC, PSOE y Ciudadanos con las enmiendas presentadas por el PP) han acordado prescindir de algunas de las normas que venían incluidas pese a la disconformidad del colectivo. Esto fue lo que ocurrió, por ejemplo, con el uso de los menores trans de vestuarios, baños y cualquier dependencia segregada por género. “Lo habían eliminado y para nosotros era una línea roja total, así que lo hemos tenido que defender hasta el último minuto. No puede ser que una Ley LGTBI de Cantabria no cubra los derechos mínimos de los menores trans”, sentencia Brambilla.

Y precisamente sobre eso también se ha pronunciado Alega en nota de prensa, indicando que lamentan que la norma mantenga la patologización de las personas trans. “Una sociedad solo es igualitaria si toda su ciudadanía en igual ante la Ley y mientras las personas trans sigan teniendo que someterse a tratamientos y pruebas para probar su identidad que no se piden al resto de la población, la igualdad no existe”, explican.

Tampoco habrá espacio para la documentación administrativa acorde a la identidad de género. Y es que este punto ya retirado recogía la gratuidad de los trámites para la expedición de la documentación administrativa, así como que puedan realizar las solicitudes los representantes legales y no solo las personas interesadas. Esta era por tanto una norma que facilitaba el cambio de género también para los menores que no prescindían en ningún caso de su número del DNI.

Y dentro del colectivo trans, estos también han perdido la posibilidad de disponer de una documentación administrativa provisional acorde a su identidad de género que les serviría como 'paso' hasta que obtuviesen la rectificación en el Registro Civil en lo que se refiere al cambio de sexo.

No obstante, la disposición también carece de otros elementos que la asociación considera “imprescindibles” como tener recursos propios para realizar el acompañamiento a las víctimas. “En Cantabria no contaremos con ello como sí ocurre en otras comunidades, y aquí toda la atención directa al colectivo seguirá recayendo en la voluntariedad de las personas, en este caso de Alega”, advierte la portavoz.

Asimismo, la ley tampoco alberga la puesta en marcha de acciones de sensibilización y fomento de la no discriminación de las personas LGTBI en los centros educativos, ni la adopción de medidas en el ámbito del ocio o el turismo.

También quedará fuera la publicidad, por lo que los medios de comunicación que perciban ayudas públicas no tendrán la obligación de utilizar lenguaje no sexista ni de no enseñar imágenes discriminatorias. Por lo que la Administración tampoco podrá obligar a las empresas de publicidad a rectificar o cesar aquello que no respete estas normas básicas de respeto que marca la nueva ley.

Y por último, otro ejemplo de algo que han dejado fuera de la ley: la no responsabilidad de aquellos que cooperen en la ejecución de una infracción -ya sea leve, grave o muy grave- contra el colectivo.