La Abogacía del Estado ha formalizado recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de Cantabria a percibir el pago por el Gobierno central de la anualidad de 2016 por las obras del Hospital Valdecilla, que asciende a 22 millones de euros.
Así lo ha dado a conocer este jueves el Gobierno cántabro, al que se le ha notificado este mismo día el recurso y que tiene un plazo de 30 días para oponerse a su admisión a trámite y personarse ante el Tribunal Supremo, acción que los servicios jurídicos realizarán con carácter inmediato, ha informado el Ejecutivo regional.
Ese recurso por parte del Gobierno central se produce después de que el pasado mes de febrero la Audiencia Nacional estimara en parte el promovido por el Ejecutivo de Cantabria que reconocía el derecho de la Comunidad a suscribir un convenio con el Estado que haga posible el pago de la anualidad por las obras de Valdecilla impagada en 2016, cuando contaba con una consignación de 22 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, la sentencia no realizaba ninguna declaración respecto a la cantidad reclamada, al entender que el importe “vendrá determinado por las concretas estipulaciones y bases reguladoras que las partes establezcan”.
Tras conocerse la decisión de recurrir de la Abogacía del Estado, el presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha valorado como “un gesto de hostilidad hacia Cantabria” el recurso de casación formalizado por el Estado, después de que durante todas las conferencias de presidentes celebradas por el estado de alarma haya estado pidiendo al Gobierno que desistiera de esa acción y procediera a dicho pago.
Revilla considera “una afrenta innecesaria” este recurso, el cual llega además “en un momento de extraordinaria dificultad económica”, ha recalcado.
El presidente ha subrayado que, aún en el caso de que no sea admitido a trámite por el Tribunal Supremo, la mera presentación del recurso de casación conlleva un retraso de “al menos 6 meses”, que puede prolongarse “hasta un año y medio” si es admitido, en un pago que acumula ya cuatro años de demora y cuando además la reclamación de Cantabria “está reconocida y avalada” por la Audiencia Nacional.
“No hay derecho”, ha lamentado Revilla, para quien el Gobierno de España “está cometiendo una nueva injusticia” contra un territorio que “ya ha sufrido demasiadas y que no merece este maltrato”. “Hoy más que nunca, el Estado parece muy lejos de los intereses y de las necesidades de los cántabros”, ha recalcaldo.
Asimismo, ha señalado que esta situación a la “aportación raquítica” que Cantabria recibirá del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros habilitado para hacer frente a la crisis del coronavirus, con una cuantía que apenas llega a los 180 millones de euros, cuando los gastos y pérdidas de ingresos que la pandemia ha provocado en la comunidad autónoma alcanza los 540 millones.
También ha recordado el impago de una mensualidad del IVA de 2017, que ha privado a la región de otros 45 millones de euros y obligado al Ejecutivo cántabro a iniciar acciones legales para “reclamar lo que en justicia es suyo y le corresponde”.