El Gobierno de España llevará al Tribunal Constitucional la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, después de que el Parlamento autonómico haya iniciado los trámites en ese sentido con los votos de PP -que gobierna la comunidad autónoma en minoría- y Vox.
El recurso ante el TC lo ha anunciado este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en Santander, donde ha participado en un acto de la Fundación Matilde de la Torre en el Teatro Casyc de la ciudad.
En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, y en declaraciones a los medios previas al acto, el titular del Ministerio ha avanzado que, “indudablemente, si se termina aprobando” la derogación de la norma autonómica, el Estado recurrirá esa decisión en el Constitucional.
Y lo hará, según ha explicado, porque el texto que pretenden tramitar PP y Vox “vulnera” derechos humanos y va en contra de la propia Ley de Memoria Democrática y, también, “del derecho de la reparación, de la justicia, de la verdad y de la no repetición”.
Ante esto, Torres ha precisado que el Gobierno central intervendría desde el punto de vista jurídico y técnico cuando se apruebe la derogación prevista. Y ha detallado al respecto que convocarían al Ejecutivo cántabro a un mecanismo previo de acuerdo en cuestiones que se consideran “fuera” de la Constitución.
Y si el equipo de María José Sáenz de Buruaga no se sienta con el de Pedro Sánchez, renuncia a esa posibilidad o no llegan a un acuerdo, entonces el Estado recurrirá la derogación ante el Constitucional, al igual que hizo con la norma Aragón, suspendiendo el tribunal la derogación de la norma de esta comunidad.
Mismos argumentos que en Aragón
“No entendemos en ningún caso por qué se quiere derogar una ley autonómica que es fruto también del derecho internacional y que lo que pretende es que cerremos definitivamente una cuestión que la historia no lo ha hecho, que es la reparación”, ha confesado el ministro, que ha avanzado que en el caso de la comunidad cántabra se emplearán los mismos argumentos que en la aragonesa.
“No es un capricho del Gobierno de España”, ha sentenciado Torres, para adherirse a los pronunciamientos de los relatores de las Naciones Unidas. “No puede haber leyes como esta que ahora pretende aprobar el Gobierno de Cantabria que no facilite a las asociaciones memorialistas el poder recuperar los restos de quienes están en fosas en la comunidad”, ha remachado el socialista, para quien no se puede igualar a víctimas de periodos democráticos con las de la Dictadura.
Al hilo, el ministro ha expresado que no entiende cómo el PP de Buruaga, que no tiene “la presión” de tener a Vox en el Gobierno -aunque los 'populares' sí llevaban la derogación de la ley en su programa electoral- “no quiera condenar la Dictadura de manera clara e iguale periodos de libertad con periodos de totalitarismo”.
Un magnífico trabajo que se quiere derogar
Antes de participar en el acto de la Fundación Matilde de la Torre, junto a su presidente, Francisco Fernández Mañanes, y al secretario general de los socialistas cántabros y exvicepresidente autonómico, Pablo Zuloaga, el ministro ha insistido en que no entiende por qué en esta comunidad no se opta por “caminar de la mano” y “cerrar heridas” con una norma que “en ningún caso las abre”.
El también secretario general del PSOE de Canarias y expresidente de ese archipiélago ha aprovechado para reivindicar el “magnífico trabajo” que se hizo en la legislatura anterior, cuando esta región -dirigida por PRC y PSOE- sacó adelante una Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada en 2021, que entró en vigor en 2022 y que, “lamentablemente, el nuevo Gobierno de Cantabria quiere derogar”.
En cuanto al acto en sí, ha indicado que el objetivo es dar “claves” sobre la importancia de recuperar la memoria, los valores de restitución, de reparación, de no repetición, de igualdad y de justicia, así como lamentar que “haya quien quiera derogar esas leyes” que sirven para “reparar” a las víctimas y tratar de “dar justicia a una situación provocada por la Guerra de España y los 40 años posteriores de Dictadura”.
Alianza ultraderechista
De su lado, Zuloaga ha censurado que PP y Vox, a los que se ha referido como “la alianza ultraderechista que gobierna en Cantabria”, pretendan derogar la Ley autonómica de Memorial “por una cuestión sectaria e ideológica”.
A su juicio, ambos partidos conforman “un gobierno antisistema” que quiere incumplir muchas normas, no solo la cántabra, sino también la ley estatal, ante lo que el PSOE exige al PP de Buruaga “que cumpla”.
“Es difícil entender que en el año 2024, cuando todos los informes internacionales exigen a los gobiernos democráticos de nuestro país que cumplan con un mandato que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos humanos, que el Partido Popular prefiera no hacerlo y prefiera condenar nuevamente a las víctimas del Franquismo y de la represión franquista en Cantabria por una cuestión de falta de responsabilidad”.
Frente a eso, el socialista ha valorado que la pasada legislatura se desarrollaron en la comunidad autónoma los primeros trabajos de localización y exhumación bajo la pionera Dirección General de Memoria Histórica.
Y ha aprovechado para hacer un llamamiento unánime a la sociedad regional para asumir, ha dicho, compromisos del PSOE junto a colectivos memorialistas que durante “años” y “décadas” han luchado por una política “desatendida” por distintos gobiernos de diferentes colores políticos.
Algo, a sus ojos, “fácil” de ver en la ciudad de Santander, “una de las más incumplidoras de nuestro país, con hasta 15 nombres franquistas en el callejero municipal y con tantos monumentos pendientes de revisarse”, algo que según ha dicho también ocurre en otros lugares de la Cantabria.
Por último, ha recordado que el PSOE ha presentado una enmienda para evitar que se derogue la ley -algo que sucederá “si el Partido Popular se pliega a los intereses de la extrema derecha- y se siga cumpliendo con los derechos de los cántabros, y se ha comprometido a volver a Peñaherbosa y a restituir la norma.
“Volveremos al Gobierno de Cantabria y volveremos a promulgar una ley justa para la ciudadanía de Cantabria, que desarrolle los derechos que tienen que ver con la memoria histórica y democrática de nuestra tierra”, ha concluido.