Eugenia Gómez de Diego (Santander, 1976) se pondrá esta semana al frente de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales de Cantabria para lo que resta de legislatura tras la dimisión de la titular de Economía y Hacienda, María Sánchez, y la reorganización que ello ha desencadenado en el ala socialista del Gobierno bipartito PRC-PSOE.
Gómez de Diego conoce desde dentro este departamento puesto que hasta ahora ha ostentado la Dirección General de Vivienda integrada en el mismo, y asume el mandato de encabezarlo como consecuencia de la marcha de la actual responsable, Ana Belén Álvarez, a la Consejería que queda huérfana de titular tras la dimisión de la que durante estos tres años ha tenido como principal tarea elaborar los presupuestos autonómicos y gestionar las finanzas de la comunidad autónoma.
Así, este dominó concluye con el retorno de Gómez de Diego a la primera línea política, ya que en 2011 fue candidata a la Alcaldía de Santander. Asimismo, fue secretaria general del PSOE de la capital y ejerció como edil por esta formación en el Ayuntamiento de 1999 a 2007 y de 2011 a 2014.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria y Máster en Asesoría Fiscal por la Universidad San Pablo CEU, esta abogada cuenta también con formación especializada en mediación civil y mercantil, así como en igualdad de oportunidades. Gómez de Diego, un activo socialista desde 1996, también fue directora general de Juventud del Gobierno de Cantabria en la legislatura 2007 a 2011 y actualmente es miembro del Observatorio Cántabro de Derechos Humanos para el Sáhara Occidental.
En una entrevista concedida a elDiario.es durante su primer año al frente de Vivienda, Gómez de Diego mostró su perfil al manifestar abiertamente la necesidad de que los gobiernos intervengan para garantizar este derecho fundamental. “Los gobiernos deben intervenir y no pueden dejar todo en manos del mercado porque las ayudas no son suficientes”, remarcó.
También defendió la receta que aplica su departamento para garantizar el acceso a la vivienda en estos momentos, que pasa por desterrar el liberalismo salvaje y aplicar regulaciones. Para ello, y en plena crisis sanitaria y económica que afecta directamente a este área tan sensible para los ciudadanos, abogó por ampliar el parque público: más VPO, más alquiler social y más soluciones a situaciones de emergencia habitaciona.
Esta abogada de profesión, que lleva tres años al frente de la Dirección General, tiene pendiente de aprobación la futura Ley de Vivienda de Cantabria, que defiende como “el pilar fundamental para blindar el derecho a la vivienda, en un texto unificado que protegerá al consumidor en las operaciones de compra y alquiler”, y que ahora deberá impulsar desde sus nuevas responsabilidades como consejera de Empleo y Políticas Sociales.