Se eleva a 129.000 el número de cántabros en riesgo de pobreza o exclusión, el 22% del total

Cantabria cerró el año pasado con 129.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social, 15.000 más que en 2022, y un 22 por ciento del total de población en la región, según la tasa AROPE, que registró el segundo mayor crecimiento del país en esta comunidad autónoma.

Son datos del Informe AROPE Cantabria 2024, presentado este lunes en Santander, como arranque de la 20ª Semana para la erradicación de la pobreza, organizada por la Coordinadora Cántabra de ONGD junto con EAPN (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) en Cantabria.

El documento refleja un “empeoramiento significativo” en los indicadores de pobreza y exclusión social en la región, y subraya la necesidad urgente de políticas más inclusivas y comprometidas.

Las principales conclusiones son la desigualdad de género, con una tasa AROPE que ha crecido más entre las mujeres (23,6%) que entre los hombres (20,2%), aunque la afectación es mayor en la infancia y la juventud, ya que niños y adolescentes registran la tasa más alta de riesgo de pobreza, con un 24,8%.

También destaca la pobreza severa, que afecta al 6,7% de la población cántabra que vive con menos de 611 euros mensuales por unidad de consumo. Esto hace que la región pase del segundo al quinto puesto entre las autonomías con mayor pobreza severa.

El informe incide en la importancia de que la vivienda “recupere su función social”, ya que actualmente “su regulación está a merced del mercado”.

Así, EAPN Cantabria reclama una norma autonómica de vivienda, subrayando que debe ser considerada como “una herramienta esencial para la inclusión social y no solo como un bien de consumo”.

El informe también resalta que la pobreza y la exclusión social son problemas estructurales que requieren una estrategia autonómica integral, que debería incluir políticas en educación, salud, garantía de ingresos, vivienda y fiscalidad, con un enfoque basado en los derechos humanos, la justicia social y la igualdad.

Datos nacionales

El XIV Informe 'El Estado de la Pobreza. Pobreza y Territorio. Comunidades autónomas y Europa', elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), indica que el mero crecimiento económico no es suficiente para reducir la pobreza y advierte de que, pese al aumento del PIB en todas las Comunidades Autónomas desde 2015, la tasa de pobreza “sólo” ha descendido en diez de ellas.

Así, el análisis señala que en comunidades como La Rioja, Comunidad de Madrid, Cantabria y Castilla y León ha habido incrementos del PIB superiores al 15% desde 2015, pero “solo” produjeron “reducciones mínimas” de la tasa de pobreza, entre el 1% y el 3%.

Se trata de una de las conclusiones del citado estudio, que también indica que el 35,8% de las pensiones en España tienen un importe inferior al umbral de pobreza, un porcentaje que se reduce más de diez puntos en el País Vasco (24,4%), que supera el 40% en Andalucía o Murcia y llega hasta el 47,4% en Galicia.

El estudio, presentado este lunes en el Senado, también refleja que hay un 14,3% de pensionistas en España de media que cobran una cantidad por debajo del umbral de pobreza severa, aunque el porcentaje varía desde un 11,2% en País Vasco o un 11,8% en Madrid, hasta un 20,5% en Galicia.

En todo caso, el informe --al que ha tenido acceso Europa Press-- señala que las pensiones de jubilación cumplen “una importante función reguladora”, no sólo en la calidad de vida de las personas mayores, sino también entre quienes viven con ellas y se ven también beneficiadas. Así, revela que, a nivel estatal, gracias a las prestaciones por jubilación, la pobreza se reduce 5,4 puntos de 0 a 64 años, en “dos millones de personas”, siendo menor el efecto amortiguador en las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza.

Además, el informe pone de relieve que los efectos de las sucesivas crisis y el encarecimiento de la vida derivado de la inflación y del elevado coste de la vivienda, han provocado un aumento del riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) en todo el país, que ha pasado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, afectando a 12,7 millones de personas.

En este indicador también se observan las diferencias por CCAA. Así, el informe señala que un 33,8% de personas en el sur de España están en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 20,8% en el norte.

“Es evidente la división de España en dos mitades con muy diferentes realidades de vida: las comunidades que se encuentran de Madrid al norte conservan bajas tasas de pobreza o exclusión social -entre 0,8 y 11,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional--, incluso inferiores a las tasas medias europeas, y, las situadas al sur que mantienen tasas extraordinariamente elevadas --entre 1,5 y 10,9 puntos porcentuales por encima de la media nacional y, en conjunto, superiores a cualquier país de la UE (27)”, indican los autores del informe.

Entre las razones de esta brecha, apuntan a factores de diferente naturaleza, como “la posición geográfica, la distribución de la población, la gestión política y las diferentes estrategias de cohesión e integración social”.

Además, precisan que se observa una relación parecida en la tasa de pobreza, la privación material y social severa y la baja intensidad de empleo. Asimismo, subrayan que “la desigualdad norte-sur se agudizó notablemente durante los años de la crisis y la recuperación macroeconómica posterior no fue suficiente para compensar la pérdida”.

En concreto, sobre la privación material y social severa (PMSS) --un indicador de vulnerabilidad grave que mide la capacidad para disponer de 13 elementos de consumo y de relación social--, la EAPN advierte de que ha mantenido en los últimos años “un notable crecimiento que no es consistente con las reducciones registradas en la tasa de pobreza, lo que sugiere la existencia de problemáticas diferentes para explicar su evolución”.

Así, el estudio muestra que para 2023 la tasa de PMSS alcanzaba al 9% de la población, 1,6 puntos porcentuales más que en 2015. Por CCAA, esta tasa aumenta hasta el 12,6% en Andalucía y hasta el 11% en Canarias, mientras que baja hasta un 5,6% en el País Vasco.

Además, la EAPN aclara que no es lo mismo la privación material y social severa que la pobreza severa y puntualiza que el 48,4%, es decir, prácticamente la mitad de las personas que están en carencia material y social severa no son pobres. En concreto, estima que un 4,3% de la población nacional, es decir, unas 2 millones de personas, tienen los ingresos necesarios como para no ser considerados pobres pero no son suficientes para mantener una vida digna.

Por otro lado, el estudio apunta que, si se eliminasen todas las ayudas y prestaciones --incluidas las pensiones de jubilación y supervivencia--, 10,8 millones de personas en todo el país entrarían en situación de pobreza. En la mayoría de las comunidades, según la EAPN, si no existiesen estas transferencias las tasas de pobreza crecerían más de un 50%.

En cuanto al efecto de las transferencias en comparación con la realidad europea, la EAPN advierte de que el efecto es menor que en otros países de la Unión Europea (UE). Así, mientras que en España permiten reducir la pobreza en un 52,6%, en Alemania lo hacen en un 64,9%, en Francia en un 67,2% y en Finlandia en un 70,7%.

Ante esta situación, los autores del estudio proponen “mejorar el alcance y la intensidad de las políticas sociales en todas las regiones, garantizando una redistribución basada en la cooperación interterritorial que fomente la cohesión social y mejore la calidad de vida de toda la población”.