La trama de fraude en la contratación de obra pública en Cantabria desarticulada esta semana en una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional desvió presuntamente “varios millones de euros” a cuentas particulares de los investigados y disponía de cientos de miles de euros en efectivo. Así lo han confirmado fuentes de la investigación una vez que se ha levantado este viernes el secreto de sumario de una operación en la que se ha detenido a ocho personas, entre ellas, el funcionario responsable de emitir los informes técnicos que, supuestamente, “habrían favorecido a empresas que optaron a contratos de carreteras en la comunidad”, así como a su mujer, sus dos hijas y los cuatro administradores de las sociedades adjudicatarias de estos contratos.
Durante el registro en el domicilio del funcionario investigado, Miguel Ángel Díez, que es el jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, “se descubrieron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero”, según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria.
Asimismo, “se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de varios millones de euros, y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados”. En los registros también se ha incautado “abundante documentación, tanto en soporte papel como informático”, que permitirá seguir avanzando en la investigación y que puede provocar nuevas actuaciones en los próximos días, ya que la operación policial sigue abierta.
Tras tomar declaración a los ocho detenidos en las últimas horas, la jueza que instruye el caso, Mercedes Compostizo, ha mandado a prisión provisional comunicada y sin fianza en el penal de El Dueso de Santoña al funcionario investigado por esta presunta trama de corrupción, imputando al jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas de Cantabria los delitos de “prevaricación, cohecho, fraude en la contratación pública, falsedad documental y blanqueo de capitales”.
Por su parte, ha dejado en libertad con cargos a su mujer y a los cuatro empresarios implicados, que son responsables de las sociedades Rucecan -dos de ellos-, La Encina y API Movilidad, supuestamente beneficiadas por las adjudicaciones irregulares, pero la jueza les ha retirado el pasaporte y todos ellos tendrán que comparecer ante el Juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Cantabria mediante una nota de prensa, la investigación arrancó en los primeros meses de 2022, cuando funcionarios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria tuvieron conocimiento de la posible participación de este alto funcionario del Gobierno autonómico en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la comunidad. Mediante la emisión de informes técnicos y su participación en las mesas de contratación, esta persona habría logrado que una serie de empresas resultaran adjudicatarias de los contratos.
A su vez, los investigadores de la Agencia Tributaria detectaron “indicios de un enriquecimiento económico del núcleo familiar más cercano del funcionario”. Tras las primeras actuaciones, se formó un equipo conjunto con la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y se judicializaron las actuaciones, que desde ese momento dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.
Las detenciones de estas ocho personas han venido acompañadas de registros en el despacho del funcionario en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, en las sedes de las empresas adjudicatarias y en domicilios particulares de los integrantes de la trama. A los detenidos se les imputan los delitos de cohecho, fraude en la contratación y blanqueo de capitales tras recabar pruebas a lo largo del último año y tras la operación que se desencadenó este pasado miércoles en diferentes puntos de la comunidad.
Ya en un primer momento, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Cantabria pudo determinar que el núcleo familiar del jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas de Cantabria había experimentado un “importante incremento de patrimonio no justificado” durante el período 2013 a 2022, que se puede estimar en “varios millones de euros”, según los investigadores.
“El alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores. Para ello modificaría precios, negociaría los términos de las licitaciones con empresas concertadas y haría uso de información privilegiada”, relatan desde la Delegación del Gobierno.
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha, el principal investigado de la trama, -que lleva más de dos décadas trabajando en la Consejería de Obras Públicas de Cantabria en diferentes puestos y ejerce como jefe del Servicio de Carreteras Autonómicas desde abril de 2022, aunque ocupaba el puesto desde 2019 por una encomienda de funciones- conjuntamente con su entorno familiar, “habría diseñado una estrategia para introducir en el circuito legal del dinero las importantes cantidades que recibía, previsiblemente, en forma de comisiones ilegales”.
“Adicionalmente, se ha podido constatar que el citado entorno familiar disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado”.
La fase de explotación de la operación se concretó el pasado miércoles con la detención de todos los investigados, al tiempo que se practicaban entradas y registros en el domicilio del principal investigado, el despacho donde desempeña su trabajo en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, los domicilios sociales de las empresas adjudicatarias de los contratos cuya connivencia ha sido puesta de manifiesto a lo largo de la investigación y los correspondientes domicilios particulares de los administradores de estas sociedades, todos ellos en Cantabria.
Hasta el momento no se han producido ni dimisiones ni ceses, aunque el vicepresidente del Gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga (PSOE), apuntó el pasado jueves tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que “no se descartaba nada” hasta conocer más detalles de la investigación. Por su parte, el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla (PRC), ha querido encapsular esta presunta trama corrupta en el ámbito estrictamente vinculado al entorno del funcionario y ha dicho en las últimas horas que “pone la mano en el fuego” por el consejero regionalista José Luis Gochicoa (PRC), de cuyo departamento depende el Servicio de Carreteras Autonómicas, con un presupuesto anual que ronda los 16 millones de euros.
Buscamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad de la forma más independiente. Puedes darte de alta como socio/a o, si ya lo eres, desde tu panel personal puedes dedicar parte de cuota específicamente a la edición de Cantabria. Tu ayuda es más importante que nunca.