El caso de los trenes de Cantabria y Asturias que no caben por los túneles de la red de Cercanías ha provocado en los últimos días un importante revuelo político y mediático hasta el punto de provocar dos ceses fulminantes en Renfe y Adif, tal y como han comunicado ambos organismos en las últimas horas. Pero, ¿qué ha ocurrido realmente? ¿Cuál es la causa del error y qué consecuencias tiene a partir de ahora?
Esta red ferroviaria lleva más de dos décadas arrastrando problemas, en muchos casos provocados por trenes obsoletos con hasta 40 años de antigüedad que generan incidencias en el servicio de manera habitual. Ante este escenario, Renfe se comprometió en 2020 a renovar la flota con 31 trenes nuevos, cuya construcción adjudicó a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por 258 millones de euros. “La adquisición de estos trenes permitirá rejuvenecer la flota, aumentar la eficiencia energética y mejorar la fiabilidad y la accesibilidad”, aseguró entonces Renfe, además de “reducir la edad media de 28 a 15 años”.
Sin embargo, cuando preparaba el proyecto, la empresa adjudicataria apreció un error en las dimensiones que Renfe había especificado en el pliego de licitación publicado en 2019 –que ya acumulaba retrasos por la pandemia–, y así se lo trasladó al operador ferroviario. Y es que los 31 convoyes –21 de ellos destinados a Cantabria y 10 a Asturias– están diseñados con unas medidas cuyo gálibo, su altura, es superior al de los túneles de la antigua red de FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) de estos dos territorios, que data del siglo XIX.
En otras palabras, los trenes deben ser más pequeños de lo habitual para que puedan circular sin peligro por los subterráneos con las dimensiones más reducidas de la red nacional. “La línea de FEVE es muy especial y tiene túneles más pequeños de lo habitual”, se ha justificado el Ministerio después de que haya trascendido esta situación, a poco más de año y medio de la fecha en la que estaba previsto que se entregaran los primeros trenes.
Lo cierto es que las máquinas no están construidas. Ni siquiera están en proceso de montaje, según aseguró este pasado domingo el Ministerio. Y es que, según el departamento que dirige Raquel Sánchez, el fallo se detectó “cuando el proceso se encontraba aún en las etapas más preliminares de la fase de diseño, ni siquiera se había llegado a desarrollar lo suficiente como para tener una definición sobre el papel”.
Según la ministra, esto implica que no se haya gastado todavía “ni un euro” de los 258 millones de euros de presupuesto que estaban consignados para esta cuestión, aunque sí habrá que ampliar esa cantidad –se desconoce cuánto– para fabricar los trenes con las dimensiones que requiere el trazado por el que van a circular cuando estén en servicio.
Lo que es indudable, y a la par más indignación ha provocado a nivel mediático y político, es el retraso que acarreará este error en el diseño, un retraso que el Ministerio se empeña en dejar claro que intentará que sea “mínimo”, pero que podría ascender a una horquilla en torno a los “dos o tres años” respecto a los plazos fijados inicialmente, según avanzó la secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo de Vera.
El contrato adjudicado en 2020 fijaba en 220 meses el plazo de ejecución, en torno a 18 años y cuatro meses. Como incluía el mantenimiento durante 15 años de algunas unidades, los tres años y cuatro meses restantes serían el plazo para la fabricación de los trenes, desde el diseño hasta la construcción, aunque normalmente se entregan de forma progresiva. Por ello, los primeros trenes tendrían que haber estado listos, como tarde, en octubre de 2024.
El Ministerio ha explicado que se aplicará el 'método comparativo' para diseñar los nuevos trenes, es decir, empleando como ejemplo a seguir las medidas de uno que ya esté en funcionamiento en la red de Cercanías de Cantabria y Asturias para 'replicarlo'. Se trata de la alternativa que las partes implicadas han considerado más adecuada para resolver este entuerto, pese a que no es el procedimiento habitual dentro de la normativa.
No obstante, dada la singularidad de esta situación, se ha optado por ella dado que aplicar los gálibos establecidos –las medidas de seguridad y las distancias que deben respetarse respecto a los túneles, por ejemplo, y que vienen fijadas de antemano para toda la red española– obligaría a fabricar unos trenes con unas dimensiones mucho menores de las actuales, lo que impactaría en las prestaciones a los viajeros.
También se barajó la opción de adaptar la infraestructura, es decir, ampliar los túneles y mejorar la red de Asturias y Cantabria que ha desatado todo este escándalo, pero se descartó debido a que ello derivaría en unos plazos aún más largos de ejecución y unos costes muy elevados.
Según el Gobierno, el diseño de los nuevos trenes, –ahora sí con las medidas correctas–, podría finalizar en verano para acelerar, con ello, el proceso de fabricación, y se constituirá un grupo de trabajo “para que haga seguimiento de todo este proceso”.
Al respecto, la ministra del ramo ha repetido este lunes en que se ha encargado una auditoría interna tanto en Renfe como en Adif para “advertir en qué momento se detectó ese error y tomar todas las medidas que sean oportunas”, dado que aunque el problema se ha hecho público en los últimos días, parece que la empresa pública, el operador ferroviario y la compañía adjudicataria de la construcción de los trenes son conscientes desde hace meses.
En ese sentido, ha asegurado que se van a “emplear todos los recursos materiales, humanos y económicos para intentar solventar este error técnico”. “Estamos también haciendo todo lo que sea posible para que los cántabros y asturianos tengan estos trenes cuanto antes”, ha señalado la ministra, consciente de las insistentes reivindicaciones políticas y ciudadanas por los problemas habituales en una red obsoleta y que sufre un deterioro muy notable, con maquinaria en desuso, continuos retrasos y averías.
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha clamado contra los responsables de lo que califica como “una chapuza” en cuanto saltó al plano mediático esta noticia, y ahora su formación exige que los nuevos trenes se entreguen no más tarde del 31 de diciembre de 2024.
Tanto el líder del Ejecutivo como los representantes regionalistas en el Congreso, Senado y Parlamento autonómico consideran “inadmisible” el error, al tiempo que han denunciado este mismo lunes que “34 meses después de la firma del contrato, los trenes se tenían que haber entregado en octubre de este año”. “No es que no se hayan construido, es que ni se han diseñado, es un escándalo”, lamentan desde el PRC.
La oposición (PP, Cs y Vox) en Cantabria también se ha mostrado crítica durante estos días con esta situación y en las últimas horas el PP ha registrado una interpelación a la ministra en el Congreso, así como una batería de preguntas por escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que la polémica está lejos de cesar a poco más de tres meses de las elecciones autonómicas y municipales.
Además, este asunto ya se ha cobrado las primeras cabezas, ya que Renfe y Adif han confirmado este lunes la destitución de sendos cargos, tras el anuncio de “ceses inminentes” que hizo la responsable de Transportes, Raquel Sánchez, el pasado fin de semana.
Adif ha cesado al titular de su jefatura de Inspección y Tecnología de vía como medida preventiva, a la espera del resultado de la auditoría anunciada, mientras que Renfe ha cesado de su actual responsabilidad en Gestión de Material en la Dirección Técnica y de Operaciones al que era gerente del Área de Gestión de Material de Renfe Viajeros en el momento de la gestación del proyecto de trenes de vía estrecha.
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