El Gobierno de Cantabria ha dejado claro que no pondrá límites a la actividad de las viviendas turísticas. Tras haber recibido 56 escritos de alegaciones al borrador del decreto regulador de estos alojamientos vacacionales, y a falta de analizar cada uno de ellos, la Consejería de Turismo que dirige Eva Guillermina Fernández (PP) ha adelantado que “algunos planteamientos son de imposible aplicación y pueden confundir a la opinión pública”.
Así se ha expresado la titular de Turismo este viernes en rueda de prensa, asegurando ser consciente de la “preocupación” que genera este asunto en la sociedad, pero señalando que la limitación de la actividad de las VUT (Viviendas de Uso Turístico) “choca con el libre mercado y el derecho a la propiedad privada”.
En concreto, Fernández se ha referido a “una serie de ideas que se han repetido con insistencia”, como la limitación de estos pisos a 60 días de actividad. “Es una medida inoperante. Nos resulta imposible actualmente controlar que se presta el servicio este número de días, ya que no tenemos acceso a estos datos, los tienen las plataformas y la Agencia Tributaria, y no están obligados a darlos”, ha expresado.
También ha hablado sobre la limitación del número de viviendas por titular o la exclusión de personas jurídicas, otra de las medidas que han reclamado varios de los colectivos que han presentado alegaciones. Al respecto, la consejera ha resaltado que excluir a las personas jurídicas “chocaría con la directiva europea de servicios y con la doctrina del Consejo de Estado, que ya nos llamó la atención sobre el decreto vigente” por este motivo, en sus propias palabras.
En este sentido, ha hecho referencia a la Ley 17/2009 que “busca simplificar los procesos administrativos y favorecer el libre mercado imponiendo la necesidad de una estricta motivación a cualquier medida restrictiva a la libre prestación de servicios”. En este sentido, Fernández ha incidido en que “limitar el número de viviendas es un límite al derecho de la propiedad privada que es inadmisible en el derecho actual y en cuanto al libre ejercicio de la actividad de servicios”.
Además, la consejera ha rechazado establecer requisitos de equipamientos o dimensiones a las VUT, ya que “corresponden a la legislación de vivienda y son ajenas a este decreto”. “No se le puede exigir condiciones más duras que las que se exigen a una vivienda residencial”, ha destacado, apuntando también que la exigencia de disponer de información sobre turismo o servicios “no se exige al resto de alojamientos turísticos”.
Durante su comparecencia, Fernández ha querido “aclarar algunos conceptos que se están trasladando a la opinión pública”, como que en este asunto “hay tres administraciones con competencias: la central, la autonómica y la municipal, y ninguna puede invadir las de las otras”.
“Turismo está haciendo su parte, la parte que le compete, pero necesitamos que los demás entes involucrados hagan la suya”, ha recalcado. En este sentido, la consejera ha dicho que su departamento “puede fijar los requisitos necesarios para que en la vivienda se preste un servicio turístico de alojamiento, pero poco más”.
Asimismo, la consejera ha reconocido que “algunos de los comentarios que se han hecho sobre el borrador a lo largo de estos meses son lógicos y razonables y serán tenidos en cuenta a la hora de valorar las alegaciones presentadas”.
56 escritos
Fernández ha anunciado que la Consejería hasta el momento ha recibido 56 escritos de alegaciones de asociaciones, instituciones, ayuntamientos, partidos políticos o particulares. A partir de ahora, la Dirección General de Turismo y Hostelería se encargará del estudio, análisis y contestación de cada uno de los escritos recibidos. Y, posteriormente, la consejera se reunirá de nuevo con el sector “para buscar el máximo consenso”.
Tan solo cuatro ayuntamientos han presentado alegaciones: Santander, Torrelavega, Santa Cruz de Bezana y Riotuerto. Además, las asociaciones de Hostelería, Viviendas de Uso Turístico, Plataformas Digitales, Unión de Consumidores, Vecinos de Cañadío Pombo Ensanche, Ecologistas en Acción, Turismo Rural, Afectados por la Hipoteca y Alojamientos de Corta Estancia.
También se han recibido escritos de las entidades políticas de Castro Verde, Grupo Parlamentario Socialista, IU, Unidos por Laredo y Cantabristas; el Colegio de Arquitectos; las empresas Host Gestión Viviendas Vacacionales, Vacare, Chekin y R2R Consulting Inmobiliario; y 32 particulares.