El rector de la Universidad de Cantabria (UC), Ángel Pazos, ha confirmado que la investigación abierta por la institución académica sobre la supuesta falsificación de firmas en la contratación en 2012 de un allegado del líder del PSOE de Santander, Pedro Casares, continúa, sin novedades, pese a que la denuncia presentada por este asunto ha sido archivada por el juzgado.
“El proceso de investigación que se abrió sigue su curso y, por supuesto, con respeto a todas las decisiones de todos los estamentos que haya va a seguir ese curso, según la ley”, ha afirmado este miércoles Pazos a preguntas de los periodistas.
El rector se ha reafirmado en sus afirmaciones del pasado 11 de diciembre cuando anunció que la UC había decidido, a raíz de las informaciones publicadas por OK Diario, abrir un expediente de información reservada para aclarar si se produjeron o no irregularidades en la firma de las actas del tribunal que avaló la contratación de una personas cercana a Casares, director del Máster en Comercio, Transportes y Comunicaciones Internacionales y secretario general del PSOE de Santander.
En ese momento, Pazos confió en que este expediente permitiría “clarificar totalmente cómo se ha producido ese proceso de firmas” del acta del tribunal del selección y “depurar las responsabilidades, si es que hubiera el caso de que se hubiera producido alguna irregularidad”.
Pazos se ha limitado a señalar que “no hay novedades” en la investigación, aunque ha recordado que es un “proceso reservado”.
El rector no ha querido profundizar más en este asunto en el acto del miércoles, convocado con motivo de la concesión del Distintivo de Excelencia María de Maeztu al Instituto de Física de Cantabria (IFCA) y al que ha asistido la presidenta del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez.
Según publicó OK Diario, en 2012, la UC habría contratado a un allegado de Casares usando, para ello, la falsificación de firmas de miembros del tribunal calificador, en la que, estaban Casares; el ahora decano de la Facultad de Económicas, Pablo Coto, y el profesor Manuel Agüeros.
Casares desmintió esas acusaciones, aseguró que su firma no había sido falsificada y anunció que demandaría al medio de comunicación dirigido por Eduardo Inda por vulneración de su derecho al honor y a aquellos que han contribuido a su desprestigio difundiendo “falsedades” sobre su vida personal, política y profesional a través de una informaciones “falsas y desajustadas a la realidad”.
En relación a este asunto, además el 10 de diciembre se interpuso una denuncia en una comisaría de Santander, que recayó en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santander, que días después acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia por la inexistencia de pruebas que permitan determinar la autoría de las firmas que supuestamente habían sido falsificadas.