La UDEF registra la Consejería de Obras Públicas de Cantabria por presuntas irregularidades en contratos públicos

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria están realizando un registro este miércoles en la sede de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo por petición de un Juzgado de Madrid en busca de documentación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos públicos del Servicio de Carreteras.

Según ha adelantado la Cadena SER en Cantabria y ha confirmado el consejero, José Luis Gochicoa (PRC) en rueda de prensa posteriormente, el registro en las dependencias de Obras Públicas ha comenzado a primera hora de este miércoles -a las 7.30- y el juzgado que lo ha ordenado ha decretado el secreto de sumario.

Los agentes de la UDEF, cuyo cometido es investigar y perseguir las actividades delictivas en materia de delincuencia económica y fiscal, se han personado a primera hora de la mañana en la sede de la Consejería y han precintado cinco despachos del Servicio de Mantenimiento de Carreteras, a la espera de la llegada de una comisión judicial para proceder a realizar el registro. El consejero ha comparecido para señalar que desde su departamento no tenían constancia de las citadas presuntas irregularidades ni de que se estaba llevando a cabo una investigación.

Al respecto, Gochicoa ha explicado que están “a disposición de la Justicia” para esclarecer los hechos. “Si hubiera cualquier tipo de irregularidad en algún contrato o comportamiento nos personaríamos como perjudicados”, ha subrayado, tras expresar “preocupación por lo que pueda pasar”.

Asimismo, ha relatado que a primera hora de este miércoles, un funcionario que trabaja en el servicio de carreteras, “con una dilatada trayectoria en este ámbito con gobiernos de todos los colores”, ha llamado para comunicar que no podía acudir a su puesto de trabajo por motivos personales. No obstante, Gochicoa no ha querido dar más datos sobre de quién se trata al desconocer si está implicado o no en la presunta trama de irregularidades y por “protección de datos”.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), también se ha manifestado al respecto garantizando “transparencia máxima” y colaboración de su Ejecutivo para esclarecer lo sucedido: “Si hay algún funcionario que ha usado su cargo para lucrarse que caiga sobre él todo el peso de la ley”, ha apuntado.

Por su parte, la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones (PSOE), ha confirmado los registros de la UDEF en la Consejería de Obras Públicas y ha indicado que “se trata de una investigación conjunta entre la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, que lleva muchísimos meses llevándose a cabo”. Quiñones ha precisado que, además de los registros en la sede del departamento que dirige el regionalista José Luis Gochicoa en Santander, también se llevarán a cabo otros registros en busca de pruebas en diferentes empresas y domicilios privados.

Al menos ocho detenidos

La operación se está saldando con al menos ocho detenidos que pueden ir a más a lo largo del día. No obstante, a consecuencia del secreto de sumario, no hay más detalles al respecto. Al parecer la investigación partió de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cantabria, a la que luego se han incorporado personal de Madrid y de la UDEF. Una comisión judicial ya ha iniciado el registro de las dependencias precintadas a primera hora de la mañana en la Consejería que dirige Gochicoa, a la par que se llevan a cabo registros en varias empresas y domicilios particulares por presuntas irregularidades.

En el plano político, la oposición ha reaccionado pidiendo explicaciones de lo ocurrido. “No salimos de un escándalo y estamos entrando en otro”, ha señalado el PP. “Yo no sé nada, dice el Gobierno de Revilla, como siempre. ¿Han vuelto a fallar los órganos de control? ¿Han vuelto a mirar para otro lado? ¿Se ha vuelto a favorecer a los de siempre?”, se ha preguntado Ciudadanos, que ha solicitado la comparecencia del consejero en el Parlamento. Por su parte, Podemos e IU han reclamado que se asuman “responsabilidades políticas” en la Consejería.