Siete de cada 10 trabajadores cántabros estaba expuesto a niveles altos del gas radioactivo radón en 2019, según UGT

Más de 155.000 trabajadores cántabros, el 70% del total, han estado expuestos a altas dosis de gas radón, que tiene efectos cancerígenos, según un estudio que ha hecho público el sindicato UGT con datos correspondientes a 2019.

UGT ha reclamado la puesta en marcha con urgencia del Plan Nacional del Gas Radón y más mediciones de las concentraciones de este gas radioactivo en todo el territorio y en las empresas porque “existe por ahora una clara infravaloración de su impacto real en los centros de trabajo y en sus plantillas”.

Así lo ha asegurado el secretario de Salud Laboral de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, Pedro Cobo, antes de iniciarse una jornada técnica del sindicato sobre el gas radón y sus efectos en el ámbito laboral, que se desarrolla este jueves en Santander con la participación de expertos en medicina, salud laboral y protección radiológica.

Cobo ha recordado que, según las mediciones del gas radón incluidas en el año 2019 en el Código Técnico de Edificación, medio centenar de municipios de Cantabria registraban concentraciones altas o “nada despreciables” de radón por encima de las recomendadas, lo que afectaba en concreto a más del 60% de la población cántabra (casi 390.000 personas) y a más de un 70% de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social (más de 155.000) en aquel momento.

“Ya el propio Código Técnico de Edificación exigía una intervención y un seguimiento de todos estos municipios que no se han hecho”, ha agregado el responsable de Salud Laboral de la Federación de UGT y organizador de la jornada, que ha recordado que desde el año 2001 hay un registro de empresas con riesgo a radiaciones naturales “que es claramente insuficiente”.

Según Cobo, este registro de empresas incluía únicamente a 137 empresas de toda España con riesgo a exposiciones de radiación natural, 13 de ellas de Cantabria y con sólo una industria (Cementos Alfa), lo que a su juicio “reafirma que es un registro que no está ni con mucho completado porque hay muchas más empresas afectadas y todavía existe un gran desconocimiento sobre este tipo de radioactividad”.

“Es urgente aprobar el Plan Nacional del Gas Radón para que se hagan más mediciones y más concretas porque sin ellas no se pueden adoptar las medidas necesarias”, ha reiterado Cobo, para quien “mientras se elabora esta normativa se debieran estar haciendo ya estas mediciones en las empresas y no se están haciendo, al no considerarse factor de riesgo en las evaluaciones de prevención”.

Reglamento tardío y Plan Nacional

Por su parte Ana Hernández, ponente de la jornada en calidad de responsable de Dirección Técnica de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear, único organismo competente para la protección radiológica, ha precisado que el pasado mes de diciembre se aprobó el reglamento que transpone a la legislación española la directiva europea Euratom, primer paso para elaborar, aprobar e implantar un Plan Nacional del Gas Radón.

Hernández ha puntualizado que en España ya había una normativa legal que protegía a los trabajadores de las radiaciones naturales y también un mapa nacional de mediciones de gases radioactivos, aunque desde 2013 la UE aprobó la directiva Euratom que estipula un nueva lista de medidas básicas de seguridad contra las radiaciones ionizantes como las del gas radón.

Según ha dicho, la directiva de la UE y el reglamento aprobado en España el pasado mes de diciembre para trasladarla a la legislación nacional “desarrolla y amplía los requisitos asociados a la radiación natural, además de modificar los límites para trabajadores expuestos a radiaciones artificiales; como por ejemplo en los hospitales, determinadas industrias o centros con exposición a gases nucleares”

Hernández ha precisado que “el gas radón está en todas partes pero hay lugares donde se acumula, especialmente en todos aquellos espacios que están cerrados porque en los que están al aire libre este gas se diluye”, tras identificar algunas zonas con especial riesgo a una exposición alta como las cuevas, túneles o aguas subterráneas.

“Habrá que hacer mediciones y en función de lo que tengamos adoptar las medidas necesarias”, ha agregado, tras apuntar que “Cantabria es una de las autonomías que tiene niveles más bajos”.