La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha tenido que recular ante la gran movilización social surgida en su contra y ha anunciado este sábado la anulación del acto de entrega de la Medalla de Honor de la institución al expresidente de Colombia Álvaro Uribe, que había sido fijado para el próximo 5 de julio. El objetivo de esta decisión es que “la ceremonia no pueda ser interpretada como una interferencia en la actual coyuntura política del país”.
La Menéndez Pelayo, que ha hecho pública esta rectificación a través de un comunicado, resalta que desde su “vocación de estrechar vínculos con Iberoamérica”, tiene una “larga tradición” en distinciones a exmandatarios latinoamericanos como Belisario Betancur (Premio Internacional Menéndez Pelayo 2007), Michelle Bachelet (Doctorado Honoris Causa 2010) o Julio María Sanguinetti (Medalla de Honor 2013).
“Estos reconocimientos, como el de Álvaro Uribe, se basan en la trayectoria institucional y académica de los galardonados, y no tienen en ningún caso carácter político ni relación con sus posiciones en los asuntos internos de sus respectivos países”, aclara la UIMP. Por ello, dada la “coincidencia” del acto de entrega de la Medalla de Honor con “circunstancias extraordinarias en Colombia”, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo ha considerado “oportuna su anulación”.
Reacciones políticas
Pese a estas explicaciones de la UIMP, el escenario que ha llevado a la anulación es mucho más complejo. Pocas veces un premio honorífico a una trayectoria ha generado tantas críticas y controversias. La decisión de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de otorgar su Medalla de Honor al expresidente colombiano se ha vuelto en su contra prácticamente desde el mismo momento en el que dio a conocer el galardón, provocando la repulsa de movimientos sociales y políticos de todo el mundo, que recuerdan que se trata de un dirigente con 185 procesos abiertos en su país y que está acusado de crímenes de lesa humanidad.
Entre las personalidades que se pronunciaron en contra de este reconocimiento está el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), que consideró “desafortunada” esta distinción y que anunció su intención de no acudir a la entrega de la medalla, prevista para el próximo 5 de julio en un acto solemne en el Palacio de La Magdalena de Santander.
Y es precisamente esta presencia en la ciudad para recoger el premio lo que provocó una moción del partido municipalista Santander Sí Puede, que tiene al concejal Antonio Mantecón como único representante en el Ayuntamiento de la capital de Cantabria. En la declaración se solicitaba declarar como persona non grata a Álvaro Uribe Vélez y se instaba al Consistorio a que no tuviera representación institucional en el acto de entrega de la medalla al expresidente de Colombia.
Contestación social
En este mismo sentido se pronunció también la Asamblea Cántabra por las Libertades y contra la Represión (LIBRES), que consideró “inadmisible” que la universidad pública con sede en Santander premie “por su trayectoria como estadista y por su compromiso con la democracia” a Uribe justo en el momento en que el exmandatario lidera una campaña en contra del histórico acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC.
Los impulsores de la protesta por este galardón a Álvaro Uribe recuerdan que la Fiscalía de Colombia investiga 3.430 casos de “falsos positivos” durante el mandato del ahora premiado, o lo que es lo mismo, por el asesinato de jóvenes civiles por parte del Ejército para presentarlos luego como presuntos guerrilleros abatidos en la guerra declarada por el Gobierno de Uribe.
Además, señalan hacia las “chuzadas del DAS”, el caso de espionaje y hostigamiento a más de 200 políticos, periodistas y defensores de derechos humanos del país por parte del Departamento Administrativo de Seguridad. Magistrados de la Corte Suprema definieron esta situación como “una empresa criminal dirigida por Álvaro Uribe Vélez desde la Casa de Nariño”.
A finales de 2015 había 186 investigaciones abiertas contra Álvaro Uribe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y hay un número similar en otras instancias, muchas de ellas relacionadas con masacres, relación con el paramilitarismo y persecución de sus opositores.