La anulación del PGOU de Santander confirma el 'catastrazo' a los vecinos

La anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander sigue deparando sorpresas a los vecinos, que lejos de los mensajes de tranquilidad que lanza continuamente el equipo de Gobierno del PP, están empezando a comprobar las consecuencias de esta sentencia del Tribunal Supremo en sus propios bolsillos.

Y es que tal y como denunció reiteradamente la Asamblea en Defensa de la Senda Costera y la Costa Norte de Santander, los vecinos con propiedades en esa zona de la ciudad, considerada de expansión en el PGOU anulado, han tenido que afrontar un 'catastrazo' por el cambio de uso de los terrenos, lo que encareció considerablemente el pago de algunos impuestos como el IBI.

Ahora, los vecinos están recibiendo notificaciones de revisiones catastrales motivadas por la anulación del plan urbanístico de 2012 y la vuelta al documento de 1997. Según ha informado la Asamblea, las nuevas valoraciones presentan un descenso de “entre un 400 y un 600%”.

Por este motivo, la asamblea se pregunta si el Ayuntamiento “dejará en un cajón esta nueva valoración o nos devolverán el impuesto de IBI que nos cobraron en el año 2016, o nuevamente los vecinos tendrán que colapsar organismos oficiales con más reclamaciones y recursos”.

La revisión retrocede el valor de los terrenos al plan de 1997, al ser calificados como suelo rustico de carácter agrícola. La asamblea considera que el Ayuntamiento debería hacer lo mismo con el IBI tomando como referencia la base imposible catastral ahora rectificada, y recuerda los más de 600 recursos de vecinos de Santander que están pendientes de resolución del Tribunal Económico Administrativo.

En concreto, la Gerencia Regional del Catastro está comunicando a los vecinos con propiedades en los pueblos de Cueto, Monte y San Román, un acuerdo de alteración de la descripción catastral que dice, como consecuencia de la anulación del PGOU de 2012, “el terreno ha dejado de estar clasificado como suelo urbanizable delimitado, por lo que pasa a valorarse de acuerdo a su cultivo e intensidad”.

“En resumen que vuelve a ser prao o suelo rustico, para sembrar patatas, plantar hortalizas, etcétera.”, señala la Asamblea en un comunicado de prensa, en el que expone un ejemplo notificado, de un solar valorado en 1.635,99 euros en 2016 y que pasa a valorarse en 257,63 euros en 2017.

Para la asamblea, la diferencia entre las dos valoraciones demuestra que “tenía razón” cuando denunciaba un “catastrazo”, frente a la postura de los concejales del Partido Popular que decían que era una “pequeña subida”.

El colectivo agradece la “confianza” de los vecinos que presentaron más de 600 recursos que hoy se encuentran en el Tribunal Económico Administrativo, y considera que el Ayuntamiento de Santander “se vuelve a equivocar intentando minimizar el problema fruto de una sucesión de gravísimos errores”.

En este sentido, señala que si bien la causa de la anulación del PGOU es “externa al mismo”, dicha circunstancia “no legitima los graves errores de los que adolecía dicho plan y sus consecuencias”.

Comenta al respecto que el PGOU preveía una población de 261.000 habitantes en el horizonte de 2024, y para albergar esa población, estimaba que harían falta 35.316 nuevas viviendas, pero “lejos de alcanzar esas previsiones Santander, ha perdido 10.000 habitantes en los últimos años”, argumento sobre el que se basaba el desarrollo urbanístico del Plan y que a su juicio hace que quede “deslegitimado”.

Grandes proyectos a la basura

Más allá de las consecuencias económicas para los vecinos, el Ayuntamiento de Santander va poniendo luz poco a poco sobre las consecuencias que tiene la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, y a pesar de que el equipo de Gobierno del PP insiste en asegurar que “a priori” no supone “ningún perjuicio económico” para el Consistorio, lo cierto es que la mayoría de los proyectos de calado de la capital quedan anulados, como el Plan Parcial de La Remonta y el Parque del Litoral Norte, o bien sufrirán importantes retrasos en su desarrollo, como el Frente Marítimo o la reordenación de las estaciones.

El PP también ha anunciado, a través de una nota de prensa, la anulación de la próxima construcción de las 70 Viviendas de Protección Oficial (VPO) proyectadas sobre la antigua finca de Tabacalera, lo que fue tachado por la oposición como un acto de “chantaje” hacia al Gobierno de Cantabria para que rescate el documento anulado.

Según ha explicado recientemente el concejal de Urbanismo, César Díaz, el desarrollo de La Remonta y del Parque del Litoral Norte son los dos proyectos de mayor envergadura que más afectados se ven, ya que no podrán salir adelante en los términos que estaban planteados si no se tramita un nuevo documento urbanístico.

Además, una de las consecuencias económicas más importantes que puede tener la anulación del Plan General de 2012 es la reclamación de siete millones de euros al Ayuntamiento de Santander por parte de la Fundación de Caja Cantabria.

El Consistorio santanderino firmó con la entidad financiera un convenio mediante el cual los suelos sobre los que se asentaba la antigua Residencia de Cazoña, cerrada en el año 2011, pasaron de ser catalogadas como equipamiento sanitario a residenciales, es decir, a la construcción de viviendas.

Por esa recalificación, la entidad financiera pagó al Consistorio 6,9 millones de euros. Ahora, con la anulación del PGOU, los suelos vuelven a ser dotacionales y Caja Cantabria podría reclamar ese dinero, tal y como ha reconocido el propio Ayuntamiento.