Así lo ha avanzado este lunes en el Pleno del Parlamento de Cantabria el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, quien ha sido interpelado por Podemos sobre los criterios de valoración de las proposiciones en esta oferta pública de adquisición de viviendas de Gesvican.
Mazón ha aclarado que los datos de los que disponía sobre el número de ofertas recibidas corresponde a la semana pasada por lo que desconoce el número actual y las que habrá definitivamente dado que el plazo de presentación de propuestas concluye este martes, 17 de mayo, a las 14.00 horas.
Después de que el diputado de Podemos José Ramón Blanco alertase de que a la vista de los solicitudes para las ofertas parecía que la convocatoria estuviera dirigida a “grandes tenedores de vivienda”, como los bancos, Mazón ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa “no es salvar a los bancos” y tampoco a los particulares que quieren vender sus casas, sino ayudar a las personas que necesitan un lugar dónde vivir.
Mazón ha asegurado que con esta convocatoria “no se ha pensado” en el vendedor, sino en las “necesidades” de los potenciales usuarios de las viviendas que se adquieran.
A pesar de ello, el consejero ha afirmado que en la veintena de ofertas de venta de viviendas a Gesvican que se habían presentado hasta la semana pasado no había ninguna de los bancos.
El diputado de Podemos ha asegurado que no se opone a que se puedan adquirir viviendas de los bancos en esta convocatoria, si bien ha reclamado que se “priorice” la adquisición de las que vendan particulares.
Respecto a esa petición, el consejero ha señalado que, “en caso de equilibrio entre viviendas,” Gesvican se “decantará” por las ofrezcan los particulares, si bien ha reconocido que esto podría dar caso a “suspicacias”.
Según ya explicó el Gobierno, las viviendas deberán estar en los municipios de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo y El Astillero y su adquisición busca que sean utilizadas para resolver situaciones de emergencia y favorecer el acceso a las viviendas de alquiler.
El Gobierno ha fijado un precio máximo de adquisición por metro cuadrado de superficie útil para las viviendas y una serie de requisitos y condiciones.
En concreto, la superficie útil mínima de las viviendas será de 60 metros cuadrados y tendrán que tener al menos dos dormitorios, siendo preferiblemente de tres.
En cualquier caso, todas deberán tener salón, cocina y, al menos, un baño con lavabo, inodoro y bañera o ducha. Todas las habitaciones, a excepción de los baños, tendrán venta al exterior. La superficie útil mínima de los dormitorios individuales será de 6 metros cuadrados, con uno principal no inferior a 12 m2.
Las viviendas podrán ser de nueva construcción o usadas y deberán tener licencia municipal de primera ocupación, no estar fuera de ordenación urbana y construidas en suelo clasificado actualmente como urbano.
Además, deberán estar en buen estado de conservación y disponer de cedula de habitabilidad o calificación definitiva, cuando se trata de viviendas protegidas, y contar con el preceptivo certificado de eficiencia energética.
Tendrán que estar inscritas en el Registro de la propiedad a nombre del interesado y en las condiciones expresadas, libres de cargas y gravámenes. Los garajes y trasteros no son objeto de esta oferta pública de adquisición, salvo que estén vinculados a la vivienda.
La antigüedad del edificio no podrá superar los 35 años, su estructura deberá ser de hormigón armado, tendrá que estar constituido en comunidad de propietarios, dispondrá de ascensor -salvo que la vivienda se ubique en planta baja- y las zonas comunes tendrán que estar en buen estado de conservación y cumplir con la normativa de habitabilidad y técnica.