En declaraciones a Europa Press, Víctor Gijón ha afirmado que “no hay ningún tipo de incompatibilidad ni ninguna obligación legal ni razón jurídica” para presentar su renuncia por unos hechos que además “ocurrieron hace siete años y en su actividad como empresario privado”.
La sentencia, que declara culpable el concurso por retraso en la solicitud del mismo, inhabilita a Víctor Gijón durante dos años “para administrar los bienes ajenos, así como para representar a cualquier persona, sin poder ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa o administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales”.
Gijón considera que tiene “muchas posibilidades” de que se estime su recurso de apelación, que “se entiendan las razones” por qué hubo retraso en la presentación del concurso, y que la sentencia sea revocada por la Audiencia.
Aún así, ha insistido en que en el supuesto de que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil se confirme, “en absoluto me inhabilita para mi trabajo en Sodercan, donde no soy administrador”, ha recordado.
También ha destacado que la sentencia es “absolutamente benévola” con respecto a lo que pedían los administradores concursales, que solicitaron cinco años de inhabilitación, más de 187.000 euros de indemnización y que cubriera el 75% del déficit concursal. Por su parte, la Fiscalía solicitó tres años de inhabilitación e indemnización de 90.000 euros, sin solicitud de cobertura del déficit concursal.
Sobre las peticiones de cese de Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida, ha dicho que “respeta todas las opiniones, pero no las comparte” y que deberían “informarse”.