El Ejecutivo del Partido Popular en Cantabria presidido por María José Sáenz de Buruaga cumple sus primeros 100 días en ejercicio con una clara influencia de Vox en sus decisiones más polémicas, que alejan a los populares de la línea de moderación que pretendía el PRC de Miguel Ángel Revilla con su abstención en la investidura y acercan al nuevo Gobierno a los postulados de la extrema derecha, con medidas como la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Cantabria, una reforma fiscal con deducciones y beneficios tributarios importantes para las rentas más altas o la reciente intención de becar a los estudiantes que cursen enseñanzas no obligatorias en centros educativos privados.
Y es que el PP gobierna en solitario pero con una minoría parlamentaria que le obliga a pactar cada medida que quiera sacar adelante en la Cámara con los grupos de la oposición, con PRC y Vox como posibles aliados, aún sin un socio preferente y buscando aunar los intereses de ambos para mantener las puertas abiertas tanto de los regionalistas como de la extrema derecha. A las puertas de una negociación presupuestaria que se prevé clave para la legislatura y de la necesaria aprobación de una reforma fiscal que acumula críticas de todos los partidos, el Grupo Parlamentario Popular hace equilibrios y trata de mantener a flote las promesas y compromisos adquiridos por Buruaga en campaña electoral.
Sin embargo, hasta este momento está funcionando la estrategia de Vox, que trata de marcar el paso al PP y hacerle caer en contradicciones, llevando a la Cámara autonómica medidas anunciadas por la propia Buruaga cuando era jefa de la oposición y que ahora parecen haber pasado a un segundo plano o que no son prioritarias para su Gobierno.
El mejor ejemplo de ello es lo ocurrido este mismo martes, con el consejero de Educación rectificando a su propio partido solo unas horas después de que los diputados populares aprobaran junto con la extrema derecha una iniciativa que defendía articular un sistema de becas y ayudas públicas para “las familias cuyos hijos deseen cursar Bachillerato en el centro privado en el que han estado matriculados en etapas de educación obligatoria amparadas en un concierto educativo”.
Pese a que el texto que se votó era una enmienda del propio PP a la iniciativa de Vox, el consejero se ha apresurado a minimizar su alcance y a limitar la medida a “casos puntuales” o “extraordinarios” para la que ni siquiera prevé incorporar ninguna partida presupuestaria en las cuentas de 2024. “No está en nuestra intención concertar el Bachillerato y no está en nuestra intención crear o generar ningún sistema de becas que de alguna manera encubierta o soterrada pueda alterar los equilibrios de nuestro sistema educativo o acercarse siquiera a lo que pueda ser una concertación del Bachillerato”, ha llegado a admitir, en contradicción con la postura de su partido y tras recibir las críticas de toda la comunidad educativa.
La misma dinámica llevó al PP a aprobar una proposición parlamentaria de Vox en la que se instaba al Gobierno de Cantabria a derogar la Ley de Memoria Democrática de Cantabria, aprobada por el bipartito PRC-PSOE hace apenas dos años, al considerar que “las leyes que se hacen para reescribir la historia al gusto de una parte nunca han sido un estímulo para la paz, la democracia ni los derechos humanos”, al tiempo que culpaba a la II República del inicio de la Guerra Civil y acusaba a sus dirigentes de impulsar “la suspensión de la democracia liberal y la instauración de regímenes autoritarios de partido único”.
Aunque este es solo un primer paso para la derogación de la ley, que queda en manos del Gobierno de Cantabria, la simple aprobación de este texto provocó una reacción inmediata entre las asociaciones memorialistas, colectivos sociales, sindicatos y partidos políticos, que se agruparon en una plataforma que defiende el mantenimiento de la norma y recuerda al PP que existe legislación estatal sobre memoria histórica que deben cumplir con independencia de lo que decidan en el ámbito autonómico.
Estos primeros 100 días tras la toma de posesión del Gobierno del PP en Cantabria están marcados también por una serie de “errores no forzados”, como se define en el tenis a los fallos que no son provocados por la acción del rival, en este caso, político. El primero de ellos fue el propio nombramiento del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia (PP), que nada más tomar posesión se destapó que acumulaba deudas tributarias con la administración, con hasta una decena de requerimientos públicos dirigidos a él en la última década por el impago de tributos locales en municipios como Santander o Santa Cruz de Bezana.
También se hizo público nada más ponerse al frente del departamento que se ocupa del sector primario que el Colegio de Veterinarios de Cantabria, al que pertenecía profesionalmente, llegó a suspender una semana en el ejercicio profesional por “falta grave” al propio Pablo Palencia por “realizar prácticas profesionales contrarias a lo dispuesto en las normas, legales o deontológicas, que rigen el ejercicio profesional de la veterinaria” durante el año 2022, dos hechos que Buruaga justificó y que no tuvieron consecuencias para el consejero, pese a las peticiones reiteradas de cese por parte del PSOE.
En esta misma línea, también ha sido muy importante la crisis generada la semana pasada por el consejero de Salud, César Pascual (PP), que se vio obligado a comparecer públicamente para pedir disculpas y reconocer su error tras unas polémicas declaraciones durante un foro sanitario en el que el responsable de la Sanidad cántabra comparó el sistema público de salud con una aerolínea, diciendo que “si vas en business, no esperas y entras directamente. Y si vas con billete de turista, tienes que esperar a la cola”, además de señalar sobre las listas de espera que solo hay dos formas de gestionar la demora para los pacientes: “O te pones a la cola o copago”, sembrando la duda de la privatización que planea sobre su gestión.
También en estos primeros días de su mandato ha estado expuesta a las críticas la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y por voluntad propia, al anunciar nada más tomar posesión que su Gobierno renunciaba al proyecto que contaba con 30 millones de euros de fondos europeos para la conversión de un viejo psiquiátrico en Camargo en un Centro de Acogida de Protección Internacional para refugiados y personas en situación de riesgo humanitario. “Hay otros lugares de España para recibirlos”, zanjó Buruaga como respuesta, al tiempo que negaba “ningún trasfondo político ni ideológico” en una decisión tachada de “racista” y “xenófoba” por las ONG.
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