Vox es un polvorín en Cantabria y lo lleva siendo desde el inicio de la legislatura, pero es que actualmente la situación se ha agravado hasta tal punto que su grupo parlamentario está al borde de la ruptura definitiva. Al enfrentamiento abierto y notorio entre la actual portavoz, Leticia Díaz, y el que lo fue la pasada legislatura, Cristóbal Palacio, y a episodios tan inverosímiles como el del escándalo de los espionajes entre diputados, se suma ahora que dos de los cuatro parlamentarios, precisamente Palacio y Díaz, cuentan con expedientes internos abiertos por distintos motivos.
Y es que recientemente, la dirección de la formación de extrema derecha ha suspendido de militancia a Palacio por “negligencia en sus labores”, tal y como adelantó El Diario Montañés y ha podido confirmar este medio. Cuestionado al respecto por elDiario.es, el diputado de Vox asegura que ya ha interpuesto un recurso, para cuya resolución, según dice, no hay plazo. No se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de abandonar el grupo parlamentario de Vox y pasar al grupo mixto como diputado no adscrito, una alternativa que sí manejan algunos de sus propios compañeros.
Preguntado por el escenario que se pudiera abrir para él si su partido desestima el recurso que ha presentado, Palacio se ha mostrado convencido de que eso no ocurrirá: “No me planteo la posibilidad de que no se admita”, ha subrayado. “Se ha producido un error por parte del órgano instructor y es fácilmente comprobable”, ha defendido en conversación con este periódico, incidiendo en que la resolución no es firme.
Precisamente por su dedicación política ha estado este diputado en el foco de la polémica tanto esta legislatura como la anterior. Después de que entonces, cuando ejercía como portavoz, la Cámara autonómica le redujera el sueldo a la mitad por considerar “incompatible” su dedicación completa en la institución pública con su actividad económica privada, volvió a intentar cobrar la absoluta en este nuevo periodo y, nuevamente, el Parlamento se lo tumbó.
Y en esa votación se escenificó la división interna del grupo parlamentario de Vox, ya que las diputadas Leticia Díaz y Natividad Pérez se sumaron al resto de fuerzas parlamentarias para retirar con sus votos la dedicación completa a su compañero de grupo, quien únicamente recibió el apoyo de un diputado de la formación de extrema derecha, como fue Armando Blanco.
La doble actividad laboral de Palacio -pública y privada, con dos fuentes de ingresos económicos, por tanto- salió a la luz a mediados de la pasada legislatura cuando este diputado reclamó alterar el orden del día de un Pleno porque le coincidía con un juicio en el que iba a desempeñar su labor como abogado, pese a que cobraba dedicación exclusiva de la Cámara autonómica.
A partir de ahí se abrió un melón sobre su caso, ya que ejercía como portavoz, función para la que únicamente estaba asignada la dedicación exclusiva. El Parlamento, finalmente, resolvió adaptando su reglamento para permitir ejercerla con dedicación parcial, después de que Palacio manifestara no estar dispuesto a perder la Portavocía. Y en esta legislatura que no es portavoz y que mantiene una confrontación abierta con Díaz, la actual diputada que desempeña el cargo, cobró durante ocho meses de manera incompatible un sueldo a dedicación exclusiva que la Cámara rechazó que devuelva.
Pero es que de puertas para adentro, la situación de Palacio ya era calificada como “un grave problema”, según un informe interno de la formación de extrema derecha al que tuvo acceso este periódico. Según recogía el escrito, Palacio no debería tener derecho a una dedicación parcial, sino solo una indemnización o dieta por asistencia a sesiones, como ocurre con otros diputados, ya que su labor parlamentaria apenas se reducía a estas comparecencias.
En este sentido, el informe recogía las estadísticas del propio Parlamento: en 2022, de 110 veces que se reunieron las distintas comisiones, Palacio solo acudió a 10, 50 menos de lo que tenía que ser, siendo sustituido en aquellos casos por Armando Blanco. Ni siquiera cuando este hubo de ausentarse por baja médica, Palacio acudió para representar a su partido, según denunciaron sus propios compañeros de filas.
Dos sanciones en un mes
La suspensión de militancia a la que ha sido sometido Palacio de manera provisional llega un mes después de que la dirección que encabeza Santiago Abascal hiciera lo propio con la portavoz, en este caso por acoso laboral a una trabajadora. Y es que era vox populi la baja de larga duración de una de las empleadas en un contexto de alta tensión laboral dentro del grupo parlamentario.
El citado informe interno del partido hablaba sin tapujos de “mobbing” durante la legislatura 2019-2023 a la periodista Laura Velasco y en aquel momento coordinadora de Vox en el Parlamento de Cantabria, quien acabó siendo trasladada al País Vasco y después a Asturias por la dirección nacional. Actualmente, Velasco es concejala y portavoz en el Ayuntamiento de Santander, a la vez que presidenta de Vox en Cantabria tras la dimisión de Emilio del Valle, previa intervención de la dirección nacional del partido para nombrar a una gestora y evitar así la descomposición del partido.
Poco después, el secretario general de la formación ultra, Ignacio Garriga, tuvo que volver a intervenir, esta vez en el grupo parlamentario por la crisis del espionaje denunciada por la facción de Palacio y Blanco, y en la que presuntamente estaba implicada un asesor que trabaja para la portavoz y que supuestamente habría grabado conversaciones sin consentimiento mediante un aparato similar a un bolígrafo.
La situación de los asesores trae cola en el partido de extrema derecha, ya desde la pasada legislatura. Entonces, Palacio se rodeó de gente afín como Niko Gutiérrez, presidente de Vox en Vizcaya, al que nombró coordinador parlamentario, y de cuyos servicios prescindió Leticia Díaz en esta etapa en la que es portavoz. Así todo, estas prácticas de colocar a cargos de otras comunidades como asesores se siguen manteniendo. Leticia Díaz nombró para el cargo de coordinador a un parlamentario de Catalunya, Toni López, que era diputado por Lleida. López, conocido por haber cobrado durante meses dos sueldos públicos a dedicación completa, sigue en activo como asesor en el Parlamento de Cantabria.