La decisión unilateral de Cantabria de autorizar la caza de 10 lobos ha sido puesta en manos de la Justicia. WWF ha denunciado ante la Fiscalía esta medida “ilegal” impulsada por el Gobierno autonómico (PRC-PSOE) ya que, según defiende el colectivo conservacionista, busca “perpetuar el conflicto y mantener un modelo de gestión obsoleto y demostradamente ineficaz”.
Así lo ha expresado en un comunicado, en el que además ha subrayado que Cantabria “ha renunciado a impulsar las medidas preventivas que pueden ser realmente eficaces a la hora de reducir daños al ganado” por los ataques del cánido. “De hecho, de acuerdo a la información presentada para autorizar estos controles letales, tan solo cuatro explotaciones de las más de 100 afectadas estarían aplicando alguna medida de prevención”, lamentan desde WWF, organización que defiende que “matar lobos con la excusa de reducir daños al ganado está científicamente demostrado que no funciona”.
Así pues, y al tratarse de una especie protegida desde hace meses, este colectivo ha tomado la decisión de llevar las órdenes impulsadas por la Consejería de Desarrollo Rural ante la Fiscalía General de Medio Ambiente para que “investigue el incumplimiento de la normativa vigente y un posible delito contra la fauna, y para que recabe toda la información sobre todas las personas que van a tomar parte directa o indirectamente en la muerte de estos diez lobos”. “Además, estamos estudiando que ulteriores medidas legales va a adoptar para impedir que se dé muerte a estos lobos en pleno período reproductor”, añaden desde WWF.
Para esta organización internacional, “la falta de voluntad del Gobierno regional para prevenir los ataques del lobo al ganado se pone de manifiesto por el hecho de que la última convocatoria de ayudas para este tipo de medidas tan solo estuvo abierta 10 días”.
“Las resoluciones firmadas por el Director General de Biodiversidad autorizan la muerte de 10 lobos, amparándose supuestamente en el régimen de excepciones que prevé la normativa, pero sin cumplir con la misma, puesto que no demuestra que se hayan adoptado todas las medidas de prevención posibles y que estas han fracasado. Por otro lado, tampoco valoran correctamente si la medida afecta o no al estado de conservación de la especie (que recordemos en la actualidad es desfavorable, según la Comisión Europea), ni demuestra que se hayan producido perjuicios importantes a nivel de explotación”, recoge el comunicado.
Finalmente, desde WWF “lamentan” que el Gobierno de Cantabria “no quiera asumir que el estatus legal de la especie ha cambiado en España e ignore las recomendaciones de la propia Comisión Europea”, organismo que aboga por trabajar para facilitar la coexistencia con la ganadería extensiva, al tiempo que obliga a alcanzar el estado de conservación favorable en España. “De hecho, desde la inclusión del lobo en el LESPRE -listado de especies protegidas-, Cantabria no ha adaptado su plan de gestión a la nueva situación legal de la especie, ni ha avanzado para aprobar junto al MITECO una nueva estrategia nacional para la especie”, denuncia WWF.
“Esta actitud, compartida con la Junta de Castilla y León, la Xunta de Galicia y el Principado de Asturias, está causando serios perjuicios a los ganaderos, puesto que se les está privando del acceso al importante fondo extraordinario de 20 millones de euros habilitado por el MITECO y, por lo tanto, la posibilidad de percibir indemnizaciones más justas, e importantes ayudas para poner en marcha medidas de prevención”, concluye la organización.
La judicialización de esta medida y sus consecuencias fue motivo de alerta cuando fue dada a conocer por el consejero del área, Guillermo Blanco (PRC), quien tiene una confrontación abierta con el Ministerio que dirige Teresa Ribera por este asunto. En concreto, la organización conservacionista Ascel (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico) advirtió a los cargos políticos y funcionarios que intervengan en la muerte decretada de 10 ejemplares de lobo que pueden incurrir en responsabilidades administrativas y penales, incluida la inhabilitación para el ejercicio de cargo público.
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