“Si los políticos tuvieran responsabilidad en su patrimonio, no votarían tan alegremente”

El derribo de la macrourbanización ilegal del Alto del Cuco no podría entenderse sin el trabajo de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA). Este colectivo, formado por más de 600 socios, lleva cerca de 30 años velando por el patrimonio natural y paisajístico de Cantabria y fue quien denunció ante los tribunales el Plan Parcial aprobado por el PP en el Ayuntamiento de Piélagos, que prevía la construcción de 400 viviendas de lujo en el Monte de La Picota, un área de especial interés medioambiental.

Llegaron a construirse 214 viviendas, hasta que en 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dio la razón a los conservacionistas y ordenó la paralización de las obras; un fallo que fue ratificado por el Supremo en 2011. Ahora, el Ayuntamiento -que tiene 24.000 habitantes- tendrá que pagar 3,7 millones para demoler el complejo y rehabilitar la zona. “Si los políticos tuvieran responsabilidad en su patrimonio, no votarían tan alegremente”, sentencia Carlos García, miembro de este colectivo, que advierte de que no se han puesto los mecanismos necesarios para que algo así no vuelva a suceder en Cantabria.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí para tener este desaguisado urbanístico?

El Alto del Cuco surgió en la época de la burbuja, pero lo cierto es que se debe a una mentalidad de desorden existente en la Corporación de Piélagos, y que se caracteriza por dedicar grandes bolsas de suelo rural a la construcción indiscriminada de todo tipo de urbanizaciones. Nosotros advertimos que era ilegal, y las consecuencias son estas. Ahora los ciudadanos tenemos que sufragar con el dinero público el derribo cuando la responsabilidad es de una serie de concejales. Si ellos hubieran tenido responsabilidad en su patrimonio, seguramente no hubieran votado tan alegremente actuaciones ilegales a sabiendas.

¿Cómo recuerda los inicios de esta actuación urbanística?

Desde el inicio advertimos de que lo que se estaba haciendo era un atentado contra el paisaje y que, además, tenía visos evidentes de ser ilegal, y la respuesta fue un desprecio un tanto irrisorio de que en este país lo que se construye no se tira. El hecho de que se haya comenzado a ejecutar el derribo significa que hemos puesto punto y final a esta manera de opinar y, por tanto, es un hito histórico.

¿Se ha hecho justicia?

Restablecemos la normalidad y que la ley se cumpla porque este Ayuntamiento, como algunos otros, no la han cumplido a sabiendas. Se han instalado en el poder del dinero, en el poder de los hechos, en la arrogancia y en el tirar para adelante seguros que al haber sido cargos electos en ayuntamientos estaban por encima de la ley. Esto no puede ser; si son cargos electos, son los primeros que tienen que cumplir.

¿Cree que eran plenamente conscientes de que estaban cometiendo una ilegalidad?

Sí, desde el inicio. A comienzos del 2000, con la nueva ley que aprobó el presidente Aznar, en la cual había la posibilidad de construir prácticamente en todos los suelos, hubo ayuntamientos que se embarcaron en una alegre e irresponsable huida hacia adelante, por la cual una serie de gente se hacía millonaria a costa de liquidar un patrimonio como el suelo rural y que en los países más avanzados de Europa se protege a ultranza. Aunque tampoco hay que irse tan lejos, en Asturias y País Vasco, no se toca. Aquí se hacen viviendas, polígonos industriales... todo tipo de ocurrencias.

¿Se han depurado responsabilidades?

En el Alto del Cuco, los responsables son de un partido muy concreto, pero hay otros ayuntamientos en los que la responsabilidad se reparte entre distintas fuerzas políticas, unas más que otras. Y aun reconociendo que el Gobierno de Cantabria también se personó en la demanda, nuestra clase política destila una especie de autoprotección por los errores cometidos por todos. Por eso, nosotros decimos que hay que poner fin a esta situación no dejando al azar que el territorio de Cantabria dependa de la mayor o menor mentalidad responsable de un ayuntamiento. Hay que establecer una ordenación global para que se preserve el interés general, poniendo unas líneas rojas que, gobierne quien gobierne, nadie pueda pasar. Eso es lo que ha hecho Asturias y eso es lo que ha hecho el País Vasco. El Gobierno, cuando tomó posesión hace un año, dijo que su primera prioridad en materia medioambiental era hacer un Plan de Ordenación del Territorio. Hace ya doce años que estamos esperándolo.

Es decir, ¿a día de hoy no se han tomado las medidas necesarias para que algo como el Alto del Cuco no vuelva a suceder?

Sí, perfectamente. De hecho, la revisión del Plan General de este ayuntamiento, que se ha aprobado el pasado mes de diciembre, es exactamente el mismo que impulsó este tipo de actuaciones hace 20 años. Han tenido que renunciar a esto porque el Tribunal Supremo ya no se lo autoriza pero, en cambio, a pocos metros de aquí, todo el suelo rural que hay es urbanizable. Es decir, no ha cambiado nada, la mentalidad es la misma.

La sentencia del Supremo data del año 2011. ¿Cómo es posible que no se ha ejecutado hasta ahora?

En primer lugar, el Ayuntamiento no tenía capacidad económica, por lo que el Gobierno de Cantabria ha tenido que actuar de manera subsidiaria. Y luego se dan situaciones curiosas. Por ejemplo, el anterior consejero de Medio Ambiente [Javier Fernández, PP], que tenía que lidiar con esta situación, fue asesor jurídico del alcalde para hacer esta actuación. Al final, lo que ves es que hay una implicación política entre varios partidos. Todos han hecho lo mismo, que es todo tipo de triquiñuelas legales para aplazar indefinidamente el cumplimiento de la sentencia.

¿Se puede señalar a los responsables de las más de 600 viviendas con sentencia de derribo en Cantabria? más de 600 viviendas con sentencia de derribo en Cantabria?

Hay partidos más implicados y otros menos pero en esa mentalidad territorial están todos y lo que están haciendo es defender sus intereses políticos partidistas al margen del interés social y económico. Es especulación para unos pocos mientras que lo que deja es ruina paisajística, ruina económica y corrupción.

¿Cuál es la situación actual de esas viviendas con sentencia de derribo?

Se sigue la política de intentar evitar cumplir las sentencias, de dilatar los periodos de ejecución mediante trucos legales, adendas... Iniciativas que todas han sido frenadas por el poder judicial, pero los políticos ganan tiempo, se pasa la época de legislatura y cargan el problema al siguiente. Van salvando la situación en lugar de afrontarla directamente. Y, sobre todo, siguen pensando que hay que construir todo lo que se pueda. Siguen estando en las instituciones los que lo provocaron, y no les ha pasado nada.

¿Por qué la relación de ARCA con los compradores de esas viviendas ha sido tan conflictiva?

Por fin tenemos una buena relación; se han dado cuenta de que han sido engañados. ARCA y AMA (Asociación de Maltratados por las Administraciones) somos aliados. A nosotros como representantes de interés social se nos ha estafado, y a ellos también, solo que les afecta de una manera más personal y dramática. Hemos sido estafados por una clase política que se ha pensado que por ser cargos electos pueden hacer ilegalidades con toda impunidad.

Si las autorizaciones provisionales salen adelante, podría darse el caso de que unas 400 de esas 600 viviendas no se derribaran o sí pero luego podría construirse en la misma parcela, lo cual para muchos en un sinsentido del que se señala con el dedo a ARCA.

Nosotros representamos la defensa del medio ambiente y del territorio y también un sentir social que lleva décadas profundamente indignado por las muchas atrocidades urbanísticas que se han cometido. Esa indignación pide que se cumpla la ley. Estamos hartos, han sido décadas de impunidad, de abuso y de irresponsabilidad política. Lo que es especialmente preocupante es que un consejero de Justicia, como es el señor Rafael de la Sierra, haga declaraciones [en RNE] diciendo que “se están pinando todos los bolos para conseguir que muchas de las sentencias no se lleven a cabo”. Y dice que nadie entendería gastar 200.000 o 300.000 euros en derribar unas casas. Mire, el problema se lo ha buscado usted y los suyos. Por lo tanto, no nos cargue ahora el aguantar con esas urbanizaciones que no tenían que haberse hecho. Es una frase escandalosa, la ley tiene que cumplirse y por tanto usted tiene que tirar. Busque el responsable, pero claro, a lo mejor no quiere enemistarse con alcaldes suyos o con cargos muy conocidos y que, según dice AMA, están en el 80% de la responsabilidad de los derribos.

¿A quién o quiénes se refiere?

AMA dice que el 80% de las urbanizaciones con sentencia de derribo se hicieron cuando Revilla era consejero de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Lo justo sería reconocer que se han equivocado, incluso eso sería beneficioso para su carrera política. Pero no parece que haya intención de cambiar de modelo.

¿Cree que se reconoce la labor de ARCA o es un trabajo ingrato?

Esa es una labor muy reconocida, lo que pasa que en una sociedad no participativa, de democracia no avanzada, donde los cargos públicos se reparten todas las influencias y prácticamente los periodos de consulta no existen, se intenta silenciarnos, pero no a ARCA a toda la sociedad. Creo que tenemos el apoyo de la ciudadanía, y ellos [los políticos] lo que tienen son el poder para eludir esas responsabilidades y seguir cometiendo errores.