El Defensor del Pueblo ha dado un severo correctivo al Puerto de Santander por su estrategia de usar concertinas contra la penetración en sus instalaciones de migrantes albaneses y de otras nacionalidades y le ha recordado que el uso de este material supone la “criminalización” de los mismos y que el suelo de la Autoridad Portuaria no está al margen de la protección de los derechos humanos.
Así se lo ha comunicado el Defensor del Pueblo al colectivo Pasaje Seguro en una respuesta a su denuncia por la instalación de alambradas con cuchillas en el recinto portuario, tal y como adelantó elDiario.es. La APS suspendió la compra e instalación de 10 kilómetros más de concertinas pero no ha retirado las ya instaladas. Pasaje Seguro le ha exigido, tras el pronunciamiento del Defensor del Pueblo, que lo haga.
Tras arreciar la polémica el pasado mes de octubre, el Puerto de Santander excusó la no retirada de las concertinas ya instaladas en la búsqueda de alternativas. Ocho meses después, no ha hecho nada. En su declaración, el Defensor del Pueblo le sugiere que use la misma alternativa que se ha utilizado para retirar las concertinas de la frontera 'caliente' de Ceuta y Melilla: barrotes o corona metálica, instrumentos, en todo caso, que no causan daños personales.
El Defensor del Pueblo critica que con las concertinas “no se ha valorado la posibilidad de sustituir estos mecanismos por otros”, acusa a la Autoridad Portuaria de acudir a la “criminalización de los migrantes” y cuestiona la ética de los argumentos del Puerto de Santander, asegura Pasaje Seguro.
El Defensor del Pueblo señala que “el uso de estos medios de contención se aleja de los instrumentos de racionalización de la proporcionalidad” y que “no se ha valorado la posibilidad de sustituir estos mecanismos por la instalación de una estructura de barrotes o corona metálica, como así se realizó en Ceuta y Melilla”.
La institución recuerda, prosigue Pasaje Seguro en nota de prensa, la resolución de Naciones Unidas de 19 de diciembre de 2017, que insta a que los Estados traten a los migrantes con respeto a los Derechos Humanos “incluso en puertos, aeropuertos y fronteras”.
Igualmente reprocha al Puerto que, cuando argumenta que las concertinas se instalan para frenar intrusiones que pueden tener un propósito migratorio “o cualquier otro”, ello “supone un instrumento de criminalización” al “compararse el hecho migratorio a cualquier otro fenómeno de asalto al Puerto de Santander”.
Respecto a los argumentos del Puerto en el sentido de que no se aplica a sus instalaciones la normativa regional del Decreto 65/2010, que prohíbe los cierres construidos con elementos susceptibles de producir daños, el Defensor del Pueblo señala que aunque no se aplique tal normativa por razones competenciales, “dicho texto adquiere por sí mismo un valor axiológico con un mayor alcance desde el punto de vista ético en el ámbito de la protección de los derechos humanos que para esta institución no puede resultar indiferente”.
Pasaje Seguro recuerda que, “si bien se ha conseguido detener la intención de la Autoridad Portuaria de instalar 10 kilómetros más de concertinas y cuchillas, es necesario que, tras el claro pronunciamiento del Defensor del Pueblo, el Puerto retire todas las concertinas que actualmente quedan en sus instalaciones”.
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