La videovigilancia no ha logrado detener las agresiones al personal sanitario de la Atención Primaria y Especializada en Cantabria, aunque sí frenarla en algunas áreas. Según datos hechos públicos por el Gobierno de Cantabria consultados por elDiario.es, las agresiones denunciadas en centros de salud y consultorios llevan camino de situarse algo por debajo a tenor de la proporción que guardan en los primeros meses del año con respecto a todo el año 2023. De mantener la tendencia, se situarán estadísticamente por debajo.
Sin embargo, en donde no se ha conseguido frenar la tendencia al alza es en los centros hospitalarios. Si de enero a julio se habían registrado en Atención Primaria un total de 88 agresiones (214 en todo 2023), en los hospitales de Valdecilla y Laredo ya habían prácticamente alcanzado la cifra del pasado año. En 2024 se llevan contabilizadas 57 agresiones en Valdecilla, 10 en Laredo y 11 en el Hospital Sierrallana, mientras que en todo 2023 los registros las agresiones hasta julio de 2024 fueron 65, 15 y 12, respectivamente.
En total, este año se llevan contabilizados 167 incidentes violentos en el Sistema Sanitario Público de Cantabria, mientras que 2023 se cerró con 306 incidentes. Por sexos, las mujeres son las principales víctimas, aunque hay que valorar que el 78% por ciento de la plantilla sanitaria de Cantabria es femenina. En este año, 31 hombres y 135 mujeres denunciaron haber sido víctima de una agresión. En todo 2023, la proporción fue similar: 67 hombres y 239 mujeres fueron víctimas de la violencia de los pacientes.
Esto se tradujo en una serie de sanciones interpuestas a los agresores. Este dato sí que es superior al de todo 2023. Las sanciones administrativas tramitadas por agresiones a profesionales sanitarios fueron 26, mientras en este 2024, hasta julio, ya se llevaban tramitados 39 expedientes sancionadores.
Según la información parlamentaria facilitada por la Consejería de Salud y consultada por elDiario.es, en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), actualmente, todas las cámaras de vigilancia están en funcionamiento. En los centros de salud hay instaladas 30. No obstante, la implantación de esta videovigilancia se ha visto lastrada por la lentitud burocrática. Desde que se anunciara su posible implantación por petición de los propios profesionales y hasta que se ha consumado, han pasado más de dos años.