Artículos de opinión de Javier Gallego, director del programa de radio Carne Cruda.
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El PP pide elecciones anticipadas, Vox plantea otra moción de censura para la galería y la derecha toda llama golpista a Sánchez. Nada nuevo cara al sol. No han aceptado la legitimidad del Gobierno, van a aceptar que el Gobierno gobierne. Por ahora, los únicos que han dado un golpe blando o técnico al orden constitucional en esta legislatura son los populares y los jueces que bloquean ilegalmente la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. No todas las reformas que plantea el Ejecutivo me parecen acertadas, pero si salen adelante será por la mayoría parlamentaria que es la representación de la soberanía popular, por más que moleste a los conservadores. Ellos no creen que la democracia emane de las urnas ni de la tribuna del Congreso sino de las tribunas de prensa y de los tribunales bajo sus flechas y yugo.
De los indultos del procés a los cambios en la sedición, la malversación y el nombramiento de los jueces, todo le parece golpismo a la derecha echada al monte. Pero solo la reforma de la malversación puede suponer un retroceso en algunos aspectos, aunque dentro de un perfecto orden democrático. Los indultos que iban a romper España han conseguido lo contrario, desinflamar la tensión con Cataluña y sacar el conflicto de los juzgados para devolverlo al Parlamento. Lo mismo pasa con la reforma de la sedición, necesaria también para equiparar el delito al ordenamiento europeo. Por supuesto que son medidas pactadas con Esquerra, pero dándole la vuelta a la frase de Clausewitz, eso es precisamente la política: la continuación de la guerra por otros medios, por medio del diálogo.
En esa reforma de la sedición, se incluye la modificación del mecanismo de elección de los jueces del Constitucional, forzado por el bloqueo de los vocales del CGPJ nombrados por el PP que se niegan a elegir a los dos magistrados que les corresponde elegir después de que el Ejecutivo haya nombrado a los suyos. Quieren seguir teniendo la mayoría en el tribunal de garantías donde la derecha ha recurrido la ley de eutanasia o la reforma del aborto. Una lawfare de manual. Usar el poder judicial para boicotear al legislativo. Con la nueva redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces que se declaren en rebeldía serán castigados por delito de desobediencia o prevaricación. No se puede consentir que los encargados de hacer cumplir las leyes se sitúen al margen de ellas. De hecho, creo que el Gobierno debería ir aún más allá legislando para que se castigue también a quienes obstaculicen la renovación del máximo órgano de los jueces.
Más discutible es la enmienda de la malversación que Rajoy reformó en 2015 fundiendo en un mismo delito la malversación con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Lo hizo para disuadir al independentismo de hacer otro referéndum como el de Artur Mas. No lo consiguió. La propuesta del PSOE aceptada por Esquerra distingue tres tipos: con ánimo de lucro, con uso privado del patrimonio y con un uso diferente al establecido, como en el referéndum catalán. Este último tipo reduce las penas a un máximo de 4 años, 8 menos que el máximo anterior, por considerar que la equiparación que hizo el PP era desproporcionada. Antes era desproporcionada, ahora me lo parece la rebaja, que deja muy barato el uso indebido del dinero de todos.
La reforma se hace ex profeso para beneficiar a los dos únicos políticos catalanes aún procesados por malversación, José María Jové y Lluís Salvadó, de ERC, pero evidentemente no afecta a los indultados y tampoco le servirá a Griñán, porque fue condenado por el lucro de terceros. Bulos de la derecha aparte, la reforma ha provocado alarma social también en la izquierda que ha hecho de la persecución de los corruptos su bandera. La distinción de tipos es una mejora necesaria, la excesiva reducción de penas es dar muchas ventajas a quienes despilfarran o malversan lo público. Entiendo la necesidad de dar pasos en la negociación con Cataluña, pero la lucha contra la corrupción debería ser innegociable.
En cualquier caso, aun estando en contra en parte, aplaudo cuando este Gobierno arriesga, gobierna y legisla, incluso tomando decisiones impopulares, algunas que no comparto, por la estabilidad de la legislatura, por el bien de las mayorías y por encima del ruido de sables de quienes siempre van a estar en contra. Esos no entienden por qué la gente no sale con antorchas a tomar las Cortes o la Moncloa, a pesar de que los conservadores regalan un bidón de gasolina con cada periódico y en cada tertulia. Puede que la mayoría de españoles estén tan hartos del conflicto y de la crispación, que aprueben que el Gobierno apague incendios y acalle el griterío. Lo que es seguro es que la mayoría respeta la voluntad de las urnas mucho más que esa minoría histérica e histriónica.
El PP pide elecciones anticipadas, Vox plantea otra moción de censura para la galería y la derecha toda llama golpista a Sánchez. Nada nuevo cara al sol. No han aceptado la legitimidad del Gobierno, van a aceptar que el Gobierno gobierne. Por ahora, los únicos que han dado un golpe blando o técnico al orden constitucional en esta legislatura son los populares y los jueces que bloquean ilegalmente la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. No todas las reformas que plantea el Ejecutivo me parecen acertadas, pero si salen adelante será por la mayoría parlamentaria que es la representación de la soberanía popular, por más que moleste a los conservadores. Ellos no creen que la democracia emane de las urnas ni de la tribuna del Congreso sino de las tribunas de prensa y de los tribunales bajo sus flechas y yugo.