Un total de 43.381 personas han fallecido en toda España en lo que va de año en las listas de espera de la Dependencia. De ellas, 1.503 corresponden a Castilla-La Mancha: 850 en el denominado “limbo de la dependencia” y 653 pendientes de valoración. Son datos del Ministerio de Derechos Sociales extraídos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación, son Catalunya (31,8%), La Rioja (31,2%) y Canarias (27,5%); y las que menos Castilla y León (0,15%), Ceuta (3,3%) y Navarra (4,1%).
Aragón y Asturias han sido las que en mayor porcentaje han reducido su lista de espera un 36,7% y 33,7% respectivamente. Las comunidades autónomas de Canarias (con una subida del 24,2%), Murcia (14,1%), La Rioja (12,5%) y Catalunya (+5,5%), a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, han aumentado la lista de espera en este año.
Según este colectivo, la burocracia en los procedimientos no van a permitir que el Gobierno cumpla con el objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque.
Las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación en lo que va de año han sido la Comunidad Valenciana (con una subida del 14,38%), el Principado de Asturias (14,24%) y la Comunidad de Madrid (13,59%). Por el contrario, en el País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición, disminuyendo el número de personas beneficiarias. Y en Cantabria, el número personas con derecho se redujo en lo que va de año en un 11,5%.
La asociación considera necesarias medidas urgentes para evitar “el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país”. Afirma que el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites. “Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones. Además, debe incluir la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia”, concluye.