Hasta 17 colectivos de Castilla-La Mancha, en pie de guerra contra la “avalancha” de megaparques solares

Un total de 17 entidades y asociaciones de Castilla-La Mancha que se agrupan bajo el paraguas de Alianza Energía y Territorio (ALIENTE) que ya suma a más 135 colectivos de todo el país han pedido una moratoria en la instalación de megaparques solares que están proliferando en particular en territorio castellanomanchego.

En un manifiesto con 13 medidas buscan “garantizar un modelo energético distribuido y justo” que permita la conservación de la biodiversidad y el paisaje. El manifiesto cuenta con el apoyo de más de 270 docentes y científicos.

Lo hacen “ante la avalancha de las grandes empresas eléctricas y grupos de inversión, promoviendo macroproyectos de forma masiva por toda la región y que pretenden ocupar tierras fértiles o de gran valor ambiental en vez de las cubiertas y y el suelo cercano a las zonas urbanas e industriales”.

Se trata, dicen de propuestas que se plantean “de forma desordenada y supondrían la ocupación y deterioro de grandes extensiones de áreas de cultivo, pastizales, bosques, dehesas y estepas naturales de gran importancia y amenazan a poblaciones de aves, quirópteros (murciélagos, ..), zonas ZEPA y al patrimonio cultural y paisajístico de los territorios”.

Castilla-La Mancha, un caramelo por “la ausencia de legislación ambiental” como la que tienen otras regiones

Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor potencia solar instalada de España, “facilitada por la ausencia de una legislación ambiental más desarrollada con la que sí que cuentan otras comunidades autónomas, así como de directrices de obligado cumplimiento para zonificar terrenos no aptos para estas instalaciones”. 

De hecho, en la región se acaba de aprobar la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios  en la que se prioriza la instalación de proyectos empresariales relacionados con las energías renovables y que ha sido cuestionada por el Gobierno central en parte de su articulado e incluso alguno de sus preceptos depende de la decisión del Tribunal Constitucional.

Las 17 asociaciones y entidades aluden a que la “falta de desarrollo de los mecanismos y organismos legales de nuestra propia legislación regional ( Observatorio Regional para las Energías Renovables ni la Agencia de la Energía) y la contradicción con las normativas y leyes europeas, nacionales e incluso autonómicas (Ley del Paisaje, Ordenación del Territorio, Economía Circular) redundan en el cuestionamiento urgente de esta implantación desordenada y no controlada de las macro instalaciones”.

A esto hay que añadir, dicen, la infraestructura eléctrica accesoria, como subestaciones, líneas de alta tensión para la evacuación y transporte de la electricidad y demás proyectos de interconexión eléctrica transfronterizos, que aumentan el impacto sobre el paisaje, las poblaciones y los ecosistemas.

Creen que estas instalaciones “supondrían, junto con la la pérdida de tierra que siempre -y ahora más que nunca- es un valor de futuro y que implicaría de forma directa la expulsión y pérdida de actividad agro-ganadera, el modelo de macroplantas nos llevaría a una nula creación de empleo y economía de calidad en el sector secundario y por lo tanto fomentarían el despoblamiento”.

Por otra parte creen que este modelo de macroinstalaciones y distribución ampliada conllevaría graves problemas de generación de residuos y extractivismo que supondrían a la larga un mayor y totalmente contradictorio deterioro ambiental.

Y finalmente, “pero no menos importante, como muestra la subida incontrolada y muy cuestionada y cuestionable de la factura eléctrica del último mes”, estas macroplantas parecen estar diseñadas por y para mantener el actual monopolio de las grandes energéticas y grupos de inversión, cuyos servicios, aseveran, “han generado históricamente y hasta el momento un grave problema de carestía, pobreza energética y descontrol tarifario”.

Llamamiento a los ayuntamientos afectados por megaplantas solares para que aprueben moratorias de licencias municipales

“La propia Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER), dice este colectivo, aboga por un modelo distribuido, por su mayor eficiencia, justicia social y su mayor creación de empleo, especialmente local”, dicen desde ALIENTA, mientras que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) niega por “falsa) la dicotomía de contraponer conservación del territorio y de la biodiversidad a este tipo de instalaciones.  

Una moratoria hasta que no haya un marco regulatorio global

Por todas estas razones creen que la moratoria es “imprescindible” para paralizar estos proyectos “hasta que nos dispongamos de un marco regulatorio global que redirija la transición energética y sus instalaciones, estudiando las medidas de reducción, localización, generación comunitaria e impactos ambientales y económicos.

“Necesitamos que el nuevo modelo energético sea compatible y fomente la protección del paisaje, la biodiversidad, las actividades agrícolas, y en definitiva el clima, la naturaleza y la calidad de toda la ciudadanía y la vida de nuestros pueblos”, aseguran para hacer un llamamiento a los ayuntamientos afectados para que aprueben moratorias de licencias municipales a la instalación de este tipo de plantas. Así mismo se les insta a dotarse de herramientas adecuadas, como planes de ordenación municipal en el que se definan las clases de suelo rústico protegido y se delimite el suelo apto para la instalación de energías renovables.

También se hace un llamamiento a todas las entidades sociales, ambientales y rurales de la región “para que se sumen a esta demanda de moratoria”.

En Guadalajara denuncian que los parques solares expulsan a los jóvenes agricultores del campo

Los agricultores y ganaderos de Guadalajara ven "inadmisible" que las grandes empresas eléctricas "campen a sus anchas con macroproyectos por toda la provincia a costa, en el 90% de los casos, de la actividad agrícola y ganadera, ocupando suelo productivo"

Una de las asociaciones más activas contra los megaparques solares es la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) que se suma a la iniciativa ciudadana -ya desarrollada en otras comunidades autónomas- y promovida desde la Alianza Energía y Territorio (ALIENTE).

APAG considera “inadmisible” que las grandes empresas eléctricas “campen a sus anchas promoviendo macroproyectos por toda la provincia de Guadalajara, a costa, en el 90% de los casos, de la actividad agrícola y ganadera, ocupando suelo productivo y fértil en lugar de suelo industrial, como correspondería a este tipo de instalaciones”.

De ahí que se sumen a la petición de una moratoria que paralice la autorización de nuevos megaparques fotovoltaicos. APAG ya ha recogido más de un millar de firmas, para solicitar esta regulación, “ante la inactividad y falta de respuesta por parte del organismo responsable de la autorización de estos proyectos en Castilla-La Mancha, que es la Consejería de Desarrollo Sostenible”.

El problema afecta a toda la región ya que, dice APAG, “están proliferando de manera masiva y desordenada grandes industrias fotovoltaicas que requieren amplias extensiones de áreas de cultivo, pastizales y estepas naturales de gran importancia a nivel productivo y ecológico, tanto por su valor agrícola, como por ser hábitat de aves esteparias”.

APAG denuncia que la provincia de Guadalajara, por contar ya en muchos casos con estas infraestructuras y por su cercanía a Madrid, se ha convertido en foco prioritario de las compañías fotovoltaicas que planean granjas solares por toda la provincia,  proyectando 5.600 hectáreas actualmente (aparte del proyecto de Solaria que rechazan colectivos como Ecologistas en Acción).

“La ausencia de un marco adecuado de ordenación va a provocar la expulsión de la actividad agrícola, afectando a otras actividades como el turismo o la caza y con ello el empleo y la conservación del territorio, provocando un impacto sobre nuestro medio rural, que será irreversible”, dice APAG que muestra su preocupación porque ya está ocurriendo en Guadalajara “con casos concretos de jóvenes agricultores que no pueden alcanzar el mínimo de hectáreas para incorporarse”.

Los 17 colectivos que se suman a la iniciativa son ACEM (Asociación Conservación Ecosistemas de la Manchuela), ADEPRU: Defensa del Paisaje Protegido Valle del Río Ungría, en Guadalajara, ÁLULA, Asociación para el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y el anillamiento científico de aves, la Asociación DALMA, Ecologistas en Acción Ciudad Real, Ecologistas en Acción Guadalajara, la Fundación Global Nature, La Avutarda dientes de Sable, la Plataforma contra el mega parque solar de Anguita y Aguilar, CEBIME, Revivaz, Plataforma por una Transición Ecológica Justa, Pueblos Vivos Cuenca, Río Tajo Vivo, Salvemos los Campos, la Sociedad albacetense de Ornitología (SAO) y Valderrey Pueblo Unido.