Isabel, Victoria, Teodoria, Ourdia, María Luisa, Nicoleta, Olga, Liliana, Teresa, y Nancy Paola. Son las mujeres víctimas mortales de violencia machista que se han sufrido en los últimos tres años en Castilla-La Mancha, según la Ley de Violencia de Género que las reconoce como tal sólo en el caso de que haya una relación sentimental actual o anterior con su agresor. La mitad de ellas se han registrado este año 2022, que se perfila a estas alturas como el peor desde 2017, según los datos del Ministerio de Igualdad. En 2017 se registraron 6 víctimas mortales por violencia machista, que es a su vez el peor dato desde 2006. En 2021, Pilar Callado, directora del Instituto de la Mujer, recordaba el “negro 2020” con siete víctimas, según la ley regional.
La situación no es algo nuevo: en su memoria de 2021, la Fiscalía de Castilla-La Mancha ya advertía de que los delitos de agresión, abuso y acoso sexual crecieron de manera “preocupante” entre 2020 y 2021. El documento también reflejaba que parecía “no haber freno” a estas conductas delictivas machistas. Los datos que recabó la Fiscalía mostraban un aumento de un 35% entre las agresiones sexuales y violaciones denunciadas, 58 más que en 2020. Los abusos sexuales crecieron en un 24,42% y el acoso en casi un 30%.
Dos juicios que coinciden en el tiempo
Los juicios por el asesinato de Nancy Paola y Liliana, que se han iniciado a la vez en Toledo y Ciudad Real este lunes 7 de noviembre, son otra muestra más de un problema que sigue existiendo en la sociedad castellanomanchega, a pesar de los constantes esfuerzos institucionales y educativos que se llevan a cabo para erradicar esta lacra. En ambos casos, por ejemplo, actúa como acusación popular la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dentro de las herramientas que ofrece la Ley por una Sociedad Libre de Violencia Machista.
La letrada María Teresa Ruiz que intervino en el juicio contra C.A.B.C, acusado del presunto asesinato de Nancy Paola, recordó que es justamente esta normativa, aprobada en 2018, la que permite que una abogada actúe en busca de justicia en el caso de una mujer asesinada por su pareja. En el caso del asesinato de Nancy, tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones se basaron en la importancia de lo que llamaron “la alevosía de género”. Es decir, un crimen escudado en la intimidad de un hogar, en el que la víctima fue pillada desprevenida y no tuvo manera de defenderse. “Nadie piensa que lo van a matar cuando está en pijama en su casa”, relató el fiscal Jesús Gil.
Sentencias firmes anteriores
El acusado en el juicio de Nancy, Carlos A.B.C, llegaba al banquillo con dos sentencias firmes por violencia de género, tras haber atacado a dos de sus parejas anteriores. Estas, amén de otras dos sentencias por violencia doméstica, por haber atacado a su madre y a su hermano. En varios de los casos, fueron estrangulaciones, lo mismo que mató a Nancy Paola. C.A.B.C ha esgrimido en el juicio el argumento de que no era pareja de la víctima, porque es gay, pero los hermanos de Nancy afirmaron que sí lo eran y la madre del acusado, Sandra, afirmó que el bebé si era suyo. Sin la condición de pareja, se puede defender que el caso no se ubica en el ámbito de la violencia de género, que agrava los delitos que se le quieren imputar: asesinato, aborto y profanación de un cuerpo.
“Se había encargado de que estuviera bien muerta”
A Liliana la mató presuntamente su exmarido. Sus dos hijos menores estaban presentes. Fueron entregados de forma temporal a la custodia de una hermana del asesino, con un informe de idoneidad favorable de Bienestar Social. Su juicio se ha decidido celebrar a puerta cerrada, precisamente para salvaguardar la identidad y el bienestar de los menores. Para su presunto asesino, el ministerio fiscal pide 25 años de cárcel, además de la privación de la patria potestad de sus hijos e indemnizaciones de 200.000 euros a cada uno de los menores. Lo que cuesta la vida de una madre. No había antecedentes de denuncias por violencia de género.
En el escrito de acusación se relata cómo Liliana murió asesinada de una puñalada en la espalda y otras en el tórax, antebrazo, manos y pierna. También cómo el presunto asesino llamó a una vecina para decirle que había matado a Liliana, su exmujer, “porque se iba con moros y negros y se lo restregaba en la cara” y “se había encargado de que estuviera bien muerta”. El Fiscal también pide para el presunto asesino la prohibición de aproximación y comunicación tanto con los menores como con los tutores durante 35 años para evitar interferencias en el ejercicio de la guarda o tutela.