El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado un gasto de 3.280.000 euros por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible destinado a GEACAM, la Empresa Pública de Gestión Ambiental de la comunidad autónoma, para realizar trabajos de prevención de incendios forestales.
“Se enmarca en el compromiso más amplio del presidente García-Page de contribuir a que el medio rural tenga el impulso necesario para generar empleo”, explicaba la consejera portavoz, Blanca Fernández, quien ha recordado que el Ejecutivo regional destina en total cerca de 100 millones cada año para prevención y extinción de incendios forestales.
“Este año dedicaremos a prevención 49,5 millones de euros”, detallaba para limpiar o realizar tratamientos en las masas forestales. Se llegará a 10.500 hectáreas, un 69% más.
“Hay que hacerlo a tiempo porque la sequía nos complica mucho una campaña que será difícil”, aventuraba, y coincide con el momento en el que se van a retomar las negociaciones del convenio colectivo en GEACAM, pendiente desde hace más de una década..
Ocupación ilegal de viviendas, a la espera de reunión en Moncloa
Fernández ha comentado también durante una rueda de prensa, la Proposición No de Ley que plantea el Partido Popular de cara al Pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha de este jueves, 17 de febrero, que pide elevar al Gobierno de España de acuerdo con el art. 87.2 de la Constitución Española, un Proyecto de Ley para la Prevención y Evitación de la Ocupación Ilegal, y la Garantía de los Derechos de las Personas a la Propiedad y a la Seguridad Ciudadana y a la Convivencia Vecina.
La consejera portavoz ha recordado que está pendiente fecha para una reunión con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, después de la proposición elevada por el Ejecutivo regional a Moncloa (Ciudadanos viene pidiendo que la propuesta se haga llegar para su debate al Congreso de los Diputados). “Somos conscientes de que Moncloa analiza el texto y estamos esperando ansiosos esa reunión, para que salga una solución con este texto o con otro que pueda proponerse”, comentaba.
“Nuestro texto es ponderado y sensato y permite actuar con bisturí” sobre la cuestión, ha asegurado. Habrá que esperar, con “lealtad institucional”, insistía la consejera, y explicaba que se pedirá “seriamente que la tomen en consideración porque lo que está pasando en algunos municipios es que se ocupan los barrios más pobres o de clase trabajadora y hay que darle solución”.
Precisamente la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, se ha referido hoy al caso, según recoge Toledodiario.es, del bloque de viviendas de la calle Río Yedra, 8 -conocido como las 148-, en el barrio del Polígono de la capital para explicar que el Consistorio está coordinándose tanto con la Junta de Comunidades como con la Policía Local y Nacional para que “haya la mayor seguridad” ante los problemas que está generando la ocupación ilegal de varios inmuebles del edificio.
“Yo vivo en el Polígono, es un barrio seguro, pero sí que es cierto que el tema de los desalojos que se van a producir es muy importante. Como dijo la directora general de Vivienda de la Junta, Inés Sandoval, es muy importante que se cumplan las normas para todo el mundo”, zanjaba.
Mientras, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado hoy a Emiliano García-Page que mañana, en el pleno de las Cortes regionales, apoye la Proposición de Ley que va a presentar el partido (alternativa a la que ya tiene en marcha el Gobierno regional y ante la que el PP se abstuvo) “para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas y que supondría dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas para poder desalojar una vivienda en 12 horas, prohibir los empadronamientos en estas viviendas para evitar ayudas y subvenciones a los ‘okupas’ o endurecer las penas de cárcel de 1 a 3 años”.