Continúa el proceso judicial contra Diego Catriel Herchhoren Alcolea, el activista de la PAH de Guadalajara enjuiciado por haber fotografiado y difundido las imágenes del desahucio de una familia con dos menores, entre ellos un bebé. El motivo es que en estas imágenes podían verse los rostros de los agentes judiciales que ejecutaron el desahucio, lo que constituye un presunto delito de revelación de secretos. La Fiscalía pide cuatros años y medio de prisión para este activista, que será juzgado el próximo mes de diciembre por estos hechos. La PAH y la Plataforma Antirrepresiva de Guadajara han conseguido reunir casi 70.000 firmas contra esta decisión.
El enjuiciado es también abogado de varios movimientos sociales y fotografió ese desahucio desde su ventana, debido a que se trataba de una madre de tan solo 17 años, el padre de 19 años y un bebé de unos cinco meses. Cuando vio la situación decidió sacar cuantas fotos pudo y tras subirlas a redes sociales, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara ordenó borrar esa publicación cautelarmente.
A pesar de que la fotografía fue retirada, la PAH difundió otra foto del auto de la jueza Cristina Vicenta Guerra Pérez, en la que no sólo se ordenaba la retirada de la imagen, sino que se prohibía con carácter general fotografiar a los agentes judiciales en situaciones similares. Esta prohibición, que fue recogida por varios medios de comunicación, motivó una cadena de reacciones contra la medida, porque suponía, en palabras del ex Letrado del Tribunal Constitucional, Joaquín Urías, un “acto de censura”.
Los hechos se remontan al 26 de marzo de 2019, cuando una Comisión Judicial acudía rodeada de agentes de la Policía local y nacional de Guadalajara a desalojar una vivienda en ruinas propiedad de la Sociedad de San Vicente de Paúl, en el Barrio del Alamín, donde han ejecutado sucesivamente otros desahucios. En ella vivía una pareja de jóvenes, de 17 y 19 años y su bebé de pocos meses. Según los activistas, el desahucio se hizo por sorpresa, y apenas dieron tiempo a la familia a retirar sus pocos enseres, a pesar de la obligación de las administraciones de no ejecutarlos sin solución habitacional, “tal y como imponen múltiples tratados suscritos por España, y en especial a los que atañen a la protección del menor”.
Vecinos, vecinas y activistas de la PAH, sorprendidos por la acción, comenzaron a protestar desde las ventanas y a fotografiar lo que estaba ocurriendo, para luego difundir las imágenes en las redes sociales. Consideraban que “la respuesta de la Administración a esta forma de protesta ha sido contundente: el delito no es dejar una familia en la calle, el delito es señalar a los responsables”.
“Una espada de Damocles sobre el derecho a la información”
La acusación que se formula ahora contra el activista que grabó las imágenes se basa en los llamados “delitos de revelación de secretos”, una figura penal que sirve de esta manera para silenciar “cualquier vergüenza de la Administración” y que, según ha denunciado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información , es una verdadera “espada de Damocles” sobre el derecho a la información.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha lanzado la campaña #NoInformarás, que ha reunido hasta la fecha casi 70.000 firmas a través de la plataforma Change.org, así como un centenar de “autoinculpaciones” que han sido entregadas al Juzgado de Instrucción nº 1 de Guadalajara. En ellas piden la retirada de todos los cargos, ya que, según denuncian, el ejercicio de un derecho fundamental como lo es informar a la sociedad de hechos graves como es la actuación de agentes estatales dejando sin alternativa habitacional a niños y niñas sin recursos, no puede ser objeto de enjuiciamiento.
Por su parte, Amnistía Internacional ha comunicado su intención de hacer un seguimiento del caso, que viene examinando desde que se hizo público, por la gravedad de las acusaciones que se realizan, el contexto de las mismas y el efecto que puede tener para el correcto ejercicio del derecho a la información.
La “persecución judicial” a este abogado y activista por haber difundido la participación de agentes judiciales en un desahucio a menores en situación de vulnerabilidad es “una herida muy grave al derecho a la libertad de expresión”, concluye la PAH. “El potencial efecto paralizador que este juicio puede tener sobre periodistas y activistas que exponen a la Administración cuando vulnera los derechos humanos va a tener, sin duda, un profundo impacto en el derecho de la sociedad a saber qué hacen los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo”.
En otro proceso judicial paralelo, hasta 16 personas de toda España ya han declarado como investigadas debido a la denuncia realizada por la misma jueza por los comentarios que realizaron en Twitter criticando la mencionada prohibición de difundir fotografías de desahucios. La titular del juzgado inició esta misma instrucción tras el primer tuit de la PAH con las polémicas imágenes. Esta causa se instruye en paralelo a la del abogado y activista de la Plataforma.