El 75,32% por ciento de las enfermeras y enfermeros de Castilla-La Mancha ha sufrido alguna agresión, ya sea física, como empujones, retenciones involuntarias o puñetazos; o verbal (amenazas, vejaciones o insultos) a lo largo de su vida laboral por parte de pacientes o familiares. Cerca de la mitad afirma que les ha sucedido hasta en cinco ocasiones.
Así lo desvela una encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería SATSE a un total de 7.359 personas de este colectivo profesional. Según este documento, el 75,23% de las enfermeras y enfermeros de Castilla-La Mancha afirma no tener la información y formación necesaria para afrontar una agresión en su desempeño laboral y el 66,13% por ciento considera que su centro de trabajo no dispone de los medios y medidas necesarias para evitar los episodios de violencia hacia los profesionales.
Se da la circunstancia de que el presidente de Castilla-La Mancha protagonizó este miércoles un acto ante más de un millar de estos profesionales, y con la presencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, donde ninguno de los dos hizo referencia a esta cuestión. Algunas referencias del presidente autonómico se refirieron a la capacidad de este colectivo. “No todas las profesiones exigen aptitud, sino también actitud y talante”, afirmó en referencia a enfermeros y enfermeras.
Asimismo, seis de cada diez enfermeras y enfermeros que han resultado agredidos en Castilla-La Mancha durante su labor asistencial y de cuidados no han recibido ningún tipo de apoyo por parte de la administración pública o empresa privada sanitaria para la que desarrollan su trabajo.
Según se desprende del estudio, las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas no desarrollan ninguna actuación o medida de apoyo al profesional agredido, ya sea física o verbalmente, en cerca del 65% de los casos. Un porcentaje que se “desploma” hasta el 3,15% si se trata de ayuda psicológica especializada.
Asimismo, el 72,21% de las enfermeras consultadas afirma no tener la información y formación necesaria para afrontar una agresión en su desempeño laboral y cerca del 60% considera que su centro de trabajo no dispone de los medios y medidas necesarias para evitar los episodios de violencia hacia los profesionales.
¿Hay apoyo al personal agredido?
Preguntados también por si creen que su empleador, ya sea una administración pública o una empresa sanitaria privada, apoya de manera eficaz a los profesionales agredidos, el 42,57% por ciento responde de manera negativa.
“Es muy lamentable que cualquier profesional que ha sido agredido cuando estaba prestando de la mejor manera posible su atención y cuidados a otra persona no reciba el apoyo inmediato y permanente de sus responsables en unos momentos tan duros y difíciles en los que requiere información, asistencia y asesoramiento”, apuntan desde la organización sindical.
Por otro lado, la encuesta concluye que cerca del 60% de los profesionales agredidos no denuncia lo sucedido, y lo argumenta poniendo de manifiesto su falta de confianza en la respuesta del sistema. En concreto, la mitad de las enfermeras piensa que la notificación del episodio de violencia sufrido “no sirve para nada”.
“Cualquier agresión a un profesional sanitario debería conllevar una respuesta conjunta, coordinada y eficaz de todas las administraciones públicas y empresas sanitarias privadas, pero la grave realidad es que no muestran el interés necesario para acabar con una grave lacra que afecta especialmente a las enfermeras y enfermeros por su cercanía y contacto más estrecho con los pacientes y sus familiares”, concluye.