La Ley de Caza de 1993, vigente actualmente en la región, señala en su artículo 81 “de la vigilancia de la actividad cinegética” que son competentes para denunciar infracciones los agentes forestales. Este mismo cuerpo, que hoy se llama agentes medioambientales, ha denunciado la invisibilidad a la que se ve sometida el colectivo en la propuesta de la nueva Ley de Caza, a pesar de ser funcionarios públicos de la Junta que son viven diariamente la aplicación de la normativa.
Desde la coordinadora de Agentes Medioambientales de Comisiones Obreras, Gustavo Beltrán ha señalado que en el proyecto de la normativa no se menciona el papel del colectivo, lo que “hace invisible al cuerpo de agentes”, a pesar del carácter de autoridad de los trabajadores, quienes son los que velan por el cumplimiento de la normativa cinegética. Tal como se señala anteriormente, la Ley vigente menciona específicamente al colectivo, si bien en su nomenclatura anterior. Gracias a esto, los cazadores y usuarios del monte son conscientes de la autoridad del agente ambiental. Al no verse reflejados en la norma, Beltrán asegura que llevará a conflictos que consideran innecesarios, porque los usuarios del monte “no verán en ellos un funcionario público”.
Desde la Coordinadora de UGT, José Azkoitia ha señalado que el colectivo de agentes medioambientales se ha sentido “menospreciado y traicionado por el Gobierno”, y que el hecho de no ser mencionados en la nueva normativa es un claro ejemplo de esto. Ambos funcionarios han afirmado también que la nueva Ley “pone en riesgo la biodiversidad y las especies protegidas de Castilla-La Mancha”, en palabras de Azkoitia, quien también ha asegurado que si la Ley se queda como está redactada ahora mismo, el uso del veneno puede ser tratado con impunidad.
Ambos han apuntado también que el medio ambiente tiene muchos otros usos, más allá de la actividad cinegética y que es preocupante la limitación que acarrea consigo la nueva ley. “Queremos que todas las actividades sean compatibles”, señala Beltrán, quien también ha señalado que no se puede contraponer unos intereses frente a los otros, sobre todo en lo referente al medio ambiente. El grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha señalado que presentarán diversas enmiendas puntuales pero también a la totalidad del documento antes de que finalice el plazo, el día 30 de enero.