La reunión que ha mantenido el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Guijarro, con representantes del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la región ha culminado con la firma por parte del primero de una modificación de la orden de mayo de 2013 por la que se regulan los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, el denominado 'decretazo' del Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal. Concretamente, se ha añadido un nuevo artículo en el que introduce la potestad de estos efectivos para investigar delitos ambientales.
Según el texto de la nueva orden, en el apartado referido al Agente Investigador de Causas de Incendios, se establece ahora que desempeñará sus funciones en régimen de disponibilidad absoluta en época de peligro alto, “actuando bajo la modalidad de despacho automático para los incendios de la zona donde presta el servicio” o previo requerimiento del técnico coordinador de extinción. Durante el resto del año, esta disponibilidad será durante su jornada laboral normal.
Se trata de una de las reivindicaciones que este colectivo esgrimió en la protesta que llevó a cabo el pasado 12 de mayo en Toledo ante las puertas de la Consejería, donde exigieron mayores medios y reconocimiento para sus tareas en extinción de incendios. A estas peticiones se suman otras como la recuperación de la Unidad de Coordinación Regional, la eliminación del “caos burocrático” en el que el Gobierno anterior del PP sumió al Cuerpo de Agentes, mayores medidas de prevención de riesgos laborales y la derogación total de la Orden de 2013 que hoy ha modificado el consejero.
Además, antes del encuentro mantenido hoy con el presidente de Aeafma, Rubén Cabrero, y el de la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM), Miguel Ángel Martín, el consejero se ha mostrado también abierto a escuchar la propuesta del colectivo de crear una ley que regule este cuerpo de funcionarios en la región. Según ha afirmado, la Junta quiere que estos agentes medioambientales tengan “un papel prioritario”. Para ello, puede haber “opciones de desarrollo” mediante una ley que regule el cuerpo u otros instrumentos. El consejero ha reconocido que “probablemente hay piezas que no encajan del todo” en la organización de este colectivo, y ha adelantado que quiere reunirse con los sindicatos para abordar esta situación.
Por su parte, Rubén Cabrero ha asegurado que esta posible ley del cuerpo de agentes medioambientales “puede resolver muchas carencias que tiene el colectivo a día de hoy”. Los agentes medioambientales, ha dicho, tienen “una situación con muchos vacíos y ciertas situaciones que podrían mejorarse” y por eso ha destacado que su asociación quiere llegar a un consenso y trabajar por ello, como “funcionarios públicos al servicio del ciudadano”.