La organización agraria ASAJA ha solicitado al Gobierno de Castilla-La Mancha que financie las pruebas de PCR a los trabajadores agrarios que lleguen para la próxima campaña de recogida de la uva incluyendo, en el Decreto 20 /2020, de 2 de junio, ayudas para la realización de las referidas pruebas, además de las ya publicadas subvenciones parciales de los alojamientos y desplazamientos.
Técnicos de esta organización se han reunido para analizar la orden que tiene previsto publicar el Ejecutivo autonómico y que establecerá las medidas de prevención y control del COVID-19 para la campaña de vendimia 2020 en Castilla-La Mancha.
Tras agradecer que el proyecto de orden recoja las medidas del protocolo en el que ASAJA, CCOO y UGT de Castilla-La Mancha están trabajando desde hace casi dos meses, la organización agraria ve preciso matizar algunos puntos específicos “para evitar confusiones” y por ello está preparando alegaciones al proyecto de orden.
En este sentido, la organización agraria ha recordado que “los empresarios mantienen una relación laboral con sus trabajadores mientras están en su puesto de trabajo en horario laboral”. “Fuera de la jornada, los empresarios no pueden tutelar a sus trabajadores y estos deben ser responsables de sus actos ante la sociedad”, ha advertido.
El protocolo debe especificar casos
De igual modo, los técnicos han apuntado que el protocolo de actuación regional debe especificar los pasos que el empresario agrario debe seguir en caso de registrar algún positivo en COVID-19 entre sus trabajadores, tales como comunicar la baja en la Seguridad Social y ponerse en contacto con sus servicios de prevención de riesgos laborales y con el centro de salud que les corresponda de inmediato, pues “cualquier demora puede traer graves consecuencias”.
Por otro lado, ha pedido que, en el caso de registrarse algún caso positivo entre los trabajadores, las autoridades sanitarias actúen con la mayor agilidad posible, “pues la uva es un producto perecedero y cualquier retraso puede ocasionar la pérdida de una cosecha en la que se lleva todo el año trabajando”.
En relación a los alojamientos, la organización agraria ha pedido que la normativa puntualice que la obligatoriedad de albergar a los trabajadores se limita a los contratados en origen. En este sentido, ASAJA ha recomendado a los empresarios agrarios que están exentos de esta obligación, que eviten ceder gratuitamente albergue si no pueden cumplir escrupulosamente con las medidas establecidas para no enfrentarse a problemas mayores por un acto de generosidad.
Del mismo modo, la organización agraria ha demandado que los ayuntamientos incrementen los albergues específicos solo para los trabajadores que vienen de fuera y cuenten con un contrato de trabajo en vigor en una explotación de la zona, “impidan que sean utilizados por persona sin autorizaciones de trabajo y garanticen las normas sanitarias”.
Denuncias
La organización agraria también ha indicado que, en el transcurso del grupo de trabajo, se ha manifestado también el malestar ocasionado por “las denuncias de actos acaecidos en la región por personas que no tienen permiso de trabajo o no tienen residencia fija y se encuentran en asentamientos ilegales buscando trabajo”.
“Estas denuncias se relacionan con los trabajadores temporeros, dando una mala imagen al sector cuando se trata de un problema de la sociedad que debemos resolver entre todos”, ha concluido.