ASAJA Castilla-La Mancha ha pedido a la Comisión Europea que intervenga para frenar la situación de indefensión que sufren los ganaderos del sector porcino y ha recordado que deben legislar para “atender las demandas de la sociedad”. Así lo han trasladado los miembros de la organización agraria, con su secretario general al frente, José María Fresneda, al responsable del sector porcino en la Comisión, Kai-Uwe Sprenger, en una reunión telemática.
ASAJA ha explicado que va a desarrollar una línea de trabajo para trasladar a la Comisión Europea, por un lado, la situación de abandono que sufre el sector por parte de la Administración y, por otro, la pasividad de esta misma Administración ante los ataques y agresiones que sufren los productores procedentes de distintas iniciativas populares.
La organización agraria ha recordado que el marco legislativo de este sector es amplio y exigente y abarca aspectos relativos a la bioseguridad, sanidad y bienestar animal, emisiones y tratamientos y normativa de aplicación de purines.
En este sentido, ha señalado que confía en que se produzca un punto de inflexión, “un cambio de percepción de nuestra sociedad frente al trabajo que nuestros agricultores y ganaderos realizan en pro del medioambiente”.
El responsable de la organización agraria ha lamentado también que, hasta este momento, por parte de ninguna Administración nacional ni regional se ha trasladado a la Comisión esta situación de preocupación que tiene el sector porcino.
Por eso, del mismo modo que se lo ha hecho llegar a la Comisión Europea, ASAJA va a plantear a la Consejería competente un posicionamiento claro a favor de las granjas que cumplen escrupulosamente el marco legal establecido.
La Consejería que tiene las competencias en esta materia, la de Desarrollo Sostenible, “debe atender todas las demandas sociales y alejarse de fundamentalismos que criminalizan a un sector que cumple rigurosamente la normativa y genera riqueza y empleo en nuestro medio rural”, ha asegurado.
Por último, ASAJA ha insistido en que no se puede permitir que los ganaderos de porcino cumplan las leyes mientras algunos alcaldes ponen impedimentos para que los productores puedan continuar con su actividad.