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ASAJA exige medidas compensatorias “sin precedentes” para los ganaderos de ovino y caprino de la región

ASAJA Castilla-La Mancha ha exigido a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural que active urgentemente medidas sin precedentes para los ganaderos de ovino y caprino para que puedan afrontar la crisis de viruela en la región.

Así lo ha acordado el Comité Ejecutivo Regional de la organización agraria, tras saber que se va a proceder a la inmovilización de la totalidad del ganado de la región, excepto la provincia de Guadalajara, para evitar los contactos de viruela ovina entre explotaciones.

ASAJA ha advertido de la crisis que se le avecina al sector si no se articulan medidas compensatorias por el sacrificio y limpieza y desinfección de las explotaciones afectadas, además de ayudas para el resto de la cabaña ganadera. En este sentido, ha pedido medidas que no solo cubran la reposición de animales, sino también para conseguir recuperar el nivel productivo, incluyendo la exención del pago de tasas y una ayuda adicional para alimentación, con el fin de aliviar a los ganaderos que no puedan pastorear, ni sacar a las ovejas o cabras de sus explotaciones.

La organización agraria ha criticado que lleva pidiendo la inmovilización del ganado desde el mes de octubre y ha lamentado que la consejería de Agricultura no haya realizado ningún tipo de seguimiento ni haya tomado antes las medidas necesarias para atajar los focos y evitar perjuicios mayores a los ganaderos.

Comité Regional Vitivinícola

Además de analizar la situación de los principales sectores agrarios y ganaderos, el Comité Ejecutivo Regional ha acordado su posición de cara al recién creado Comité Regional Vitivinícola, del que esperan que sirva para consensuar medidas que equilibren el mercado en las próximas campañas.

En este sentido, los miembros de ASAJA han hecho hincapié en que su única preocupación es el viticultor, su viña y su uva, y el objetivo será conseguir la rentabilidad de sus explotaciones. Para ello, es imprescindible que se proporcionen las herramientas necesarias para que los precios que reciben los viticultores por su uva, tal y como establece la Ley de la Cadena Alimentaria, cubran, al menos, los costes de producción.