La Ley de la Viña y el Vino ha sido aprobado en las Cortes sólo con los votos a favor del Grupo Socialista y la abstención del PP y Ciudadanos, aunque todos la han calificado como una ley “necesaria” pero para la oposición es “insuficiente” o “incompleta”.
Con la presencia de las organizaciones agrarias, cooperativas, grupos bodegueros y denominaciones de origen entre el público, el proyecto de Ley, al que se habían presentado 30 enmiendas y se han aprobado tres, el Parlamento regional ha aprobado esta nueva normativa que, según ha señalado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, es una “ley fundamental que no tiene aristas” y por eso ha pedido la unanimidad de todos los grupos, algo que finalmente no ha sido posible.
En respuesta a las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, el consejero ha señalado que no se podía llegar al nivel de detalle que pretendían algunas de las enmiendas propuestas ya que “no era posible en una normativa autonómica”, ya que hay normativa española y europea que no lo permite.
Esta ley se concibe con una normativa básica de la que van a emanar otras muchas normativas en el sector económico más importante de Castilla-La Mancha, el viñedo más grande del mundo, que factura anualmente cerca de 2000 millones de euros.
Entre lo más destacado, Martínez Arroyo ha señalado que se “incluye por primera vez la posibilidad de incluir nuevas menciones en el etiquetado, topónimos de mayor o menor ámbito que la indicación geográfica donde se ubique la bodega y un nuevo concepto, el vino de finca”. Este vino de finca supone “poder elaborar el vino con las uvas de las cepas que rodean la bodega y esto conservando también la pertenencia a la Denominación de Origen. Este nuevo concepto supone también adaptarse a la nueva realidad del consumo de vino, que impone un nuevo consumidor que cambia y busca cosas nuevas.
La normativa también recoge el procedimiento para autorizar de forma más ágil nuevas variedades de vid, regula las prácticas enológicas, y los procedimientos para la aprobación de las Indicación Geográficas del vino. Asimismo, permite establecer normativas propias cada campaña como limitar los grados de la uva como ya se ha hecho este año, “un paso comprometido para trasladar un mensaje de calidad en el sector”, crea la Interprofesional regional del Vino y protege la FENAVIN, la Ferina Nacional del Vino que se celebra bianualmente en Tomelloso.
Martínez Arroyo ha recalcado que la ley supone un avance en trazabilidad, con una “apuesta por la digitalización de todo el sector”. Así, se van a aprobar en esta campaña los libros de bodega de manera digital, y se va a aplicar la tecnología a blockchain para identificar el producto desde el origen al consumo mediante un código QR.
La Ley contempla “una medida agroambiental para preservar las viñas, las cepas más viejas de Castilla-La Mancha”, una solución para hacer rentable a este viñedo tradicional al que se van a destinar 100 euros por hectárea. “26 millones de euros para aumentar la rentabilidad de un viñedo que, si no, no la tendría”, ha señalado Martínez Arroyo.
Ciudadanos: “Es insuficiente”
Para Ciudadanos, cuya postura ha defendido la diputada Elena Jaime, la Ley “es muy necesaria para el sector vitivinícola de la región, pero una ley insuficiente e incompleta”.
Jaime ha criticado que de las 17 enmiendas presentadas solo se haya aprobado una que en realidad era una errata de la ley, unas enmiendas “que nacen del sector de Castilla-La Mancha, de escuchar a tres organizaciones agrarias, a cooperativas, a plataformas agrícolas, a bodegas, a agricultores particulares, incluso a alguna DO. Nosotros les escuchamos y además les hacemos caso”.
PP: Un proyecto “esperado por el sector pero sin contar con él”
Por parte del Grupo Parlamentario Popular ha intervenido Emilio Bravo que también ha empezado diciendo que “este proyecto de ley era necesario en Castilla-La Mancha”, algo que ha sido contestado por el consejero de Agricultura, que ha recordado el portavoz popular que la anterior Ley de la Viña y el Vino fue derogada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal en el 2012.
Para Bravo, este un “un proyecto esperado por el sector, pero sin contar con el sector, un proyecto de ley que no contempla de forma clara el control y la trazabilidad, como tampoco un régimen sancionador claro que evite practicas por parte de algunos operadores del sector que cambian de nombre y siguen cometiendo fraude”.
Además, ha criticado que no se haya aprobado ninguna de las once enmiendas presentadas por su grupo y que estaban “consensuadas con gran parte del sector”
PSOE: Pide que digan sí al sector
Por su parte, la diputada del PSOE Joaquina Saiz ha señalado que en realidad “no existen grandes discrepancias entre los grupos para no aprobar esta ley por unanimidad” ya que todos los grupos están “de acuerdo en la base” de la norma y les ha pedido que “digan sí al sector vitivinícola de Castilla-La Mancha”
Además, ha fundamentado el rechazo de los socialistas a las enmiendas de Ciudadanos y del PP en que “o bien no son viables jurídicamente, no son objeto de esta ley o ya están recogidas en otros artículos”