Las organizaciones agrarias no han sido muy optimistas en su valoración del año que termina. Tanto para COAG como para UPA, el aumento de los costes de producción ha sido lo peor de un año que ha estado marcado por los records, récord en costes de producción y récord en siniestralidad meteorológica. Lo único positivo, la Ley de la Cadena Alimentaria en la que tienen puestas muchas esperanzas.
“Muy difícil”, así ha calificado COAG el año principalmente por la subida de los costes de producción que están poniendo en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrarias.
Así, esta organización agraria ha señalado que después de haber demostrado el carácter estratégico de la agricultura y su condición de esenciales para la sociedad con motivo de la pandemia COVID-19, los hombres y mujeres del campo se han encontrado un año muy difícil 2021. “El gasto en insumos de producción ha subido un 13% respecto a 2020, liderado por la energía, los piensos y los fertilizantes. En gran parte de los sectores de producción, este incremento de costes no se ha trasladado al precio de venta de los productos, dando como resultado una fuerte caída de la renta agraria por UTA, que alcanza el 6%,” según datos del MAPA, ha señalado la organización.
“Según los cálculos de COAG, el incremento interanual de los costes de producción alcanza el 30% en diciembre de 2021, con una subida exponencial de los mismos en la última parte del año. Esto es muy preocupante para las expectativas del 2022 porque pone en riesgo la viabilidad económica de nuestras explotaciones. Es uno de los principales motivos que justifican la convocatoria de movilizaciones por parte de las organizaciones agrarias en unidad de acción y el lanzamiento de un SOS rural” ha señalado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.
“Estamos muy preocupados por la resistencia de los compradores a trasladar este vertiginoso aumento de costes a los precios de las producciones agrarias. Los operadores comerciales de la cadena se han fijado como objetivo la contención de precios al consumidor y el control de la inflación, todo ello a costa de las rentas de los hombres y mujeres del campo. Incluso cuando se producen las subidas de precios en los puntos de venta, en muchos casos no se reflejan en los precios percibidos por los productores. Todo ello está afectando ya al tejido productivo y prevemos que si no se soluciona, puede haber recortes en la producción en 2022. Por último, señalar que la normativa obliga a los compradores a pagar los productos por encima del coste de producción, por lo que estaríamos asistiendo a prácticas fuera de la legalidad”, ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.
UPA: “Brutal incremento de los costes”
También UPA ha señalado “el brutal incrementó de los costes de producción”, el principal problema para el campo en este año que termina.
A juicio de la organización, esta subida de costes “frenó cualquier expectativa de progreso del campo español en 2021”, lo que ha hecho que el 2021 no pasá a la historia por haber sido el año de la recuperación para los agricultores y ganaderos españoles. Un ejercicio que, a juicio de la organización, comenzó con ciertas expectativas, con la recuperación de los precios de algunos productos, con un reconocimiento social y mediático importante, y que finalmente termina con protestas agrarias por todo el país exigiendo, una vez más, respeto y precios justos.
En su balance del año 2021, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) apunta a la “avaricia de los de siempre: especuladores, intermediarios y demás personas y empresas sin escrúpulos” como los culpables de haber “usurpado” a los productores de alimentos el incremento de precio que de hecho están pagando los consumidores.
“El 2021 ha sido un año de tristes récords para el campo: récord en costes de producción y récord en siniestralidad meteorológica. Un año que empezó con Filomena y terminó con ríos desbordados, en unas zonas, y graves sequías en otras. Sin olvidar el volcán de La Palma y sus ”terribles efectos“ en la agricultura palmera”, ha señalado.
La Ley de la Cadena Alimentaria, “positiva”
En la otra parte de la balanza, tanto COAG como UPA ha valorado de manera positiva la aprobación de la Ley 16/2021, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, dado que se han producido avances relevantes y abre nuevas expectativas de cara a la mejora de la posición en la cadena de agricultores/as y ganaderos/as al conseguirse mejoras importantes en las principales reivindicaciones que ha defendido el sector primario.
COAG considera que la ley no va a solucionar todos los problemas del campo pero ha de servir para lograr un mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor en el lineal, partiendo desde los agricultores que deben cobrar un precio que cubra los costes de producción.
COAG plantea, adem.as, que para que sea efectiva esta Ley, es necesario un mayor control en su aplicación y su completo despliegue, tanto por parte de la Agencia de Información y Control Alimentarios, como por los órganos de control de las Comunidades Autónomas, potenciando las inspecciones de oficio sobre todo en los contratos, en que los precios cubran los costes de producción en toda la cadena, comenzando por el primer eslabón de la producción y frente a otras prácticas prohibidas, en el marco de un plan de inspección y control que asegure el cumplimiento inmediato de la ley y que agilice la tramitación de expedientes y la imposición de sanciones, en su caso. Además, se necesita la actualización y agilización de los estudios de cadena de valor tanto por parte del observatorio de la cadena, así como por parte de las CCAA.
Para UPA, la nueva Ley de la Cadena aparece como la única luz en los últimos doce meses para los pequeños agricultores y ganaderos, por ello ha confiado en que en 2022 la nueva Ley empiece a dar sus frutos, fortaleciendo la posición de los agricultores y ganaderos y logrando un sistema más justo para la comercialización de alimentos “desde la granja hasta la mesa”.
Reforma de la PAC: luces y sombras
En cuanto a la Reforma de la PAC, que entrará en vigor en 2023, COAG considera que no es justa ni social y acelerará el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones del campo español y europeo.
Para COAG, la nueva arquitectura verde en un marco de desregulación de mercados y una mayor volatilidad de los precios, cae como una pesada losa sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países.
El Plan Estratégico de la PAC es para la organización “ decepcionante”: España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país. La definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores cuyos ingresos provienen principalmente de su actividad agrícola. En el caso del pago redistributivo, así como en el caso de otras medidas, se debería beneficiar y no perjudicar a los agricultores profesionales, que dependen en mayor grado de los ingresos agrarios, algo que sucede justo al revés.
UPA también ha destacado en su resumen del año el acuerdo final para la reforma de la PAC a la que ha calificado de “mejorable, pero con elementos positivos”.
De cara a 2022, UPA ha mostrado su esperanza en superar de una vez por todas la nefasta pandemia de COVID-19 y que los precios justos lleguen a todos los sectores. “Trabajaremos duro para lograr que el respeto y el reconocimiento que nos transmiten los consumidores se extienda al resto de actores de la cadena agroalimentaria, logrando un sistema más justo y transparente”, han asegurado. “España se lo merece, los pueblos se lo merecen, los y las agricultores y ganaderos nos lo merecemos”.
Movilizaciones
COAG ha recordado que este mes de diciembre, las organizaciones agrarias han decido dar luz verde a un nuevo proceso de movilizaciones, saliendo de nuevo a las calles y carreteras, que se está llevando a cabo en toda España en protesta por la situación de grave crisis de rentabilidad que está ahogando a los hombres y mujeres del campo y ante los graves ataques de que son objeto. Estas protestas, que seguirán en 2022 en todos los territorios, son continuación de las que se vienen produciendo en los últimos meses y de las que se iniciaron en 2019-2020 y se vieron interrumpidas como consecuencia de la aparición de la pandemia del COVID-19.