Las organizaciones piden a Planas que reconsidere el “no” al arranque de viñedo porque aboca al sector al abandono

Las organizaciones agrarias se han mostrado contrarias a  descartar las ayudas estatales para el arranque de viñedo con el fin de abordar la crisis de mercado y garantizar la supervivencia de las explotaciones tras las reticencias del ministro de Agricultura, Luis Planas, a considerar esta opción que sí han abordado ya otros países con Francia.

COAG y UPA han pedido abrir un diálogo para abordar esta opción. COAG ha mostrado su sorpresa e indignación antes de las declaraciones del ministro en las que cierra la puerta a esta opción para controlar el potencial productivo y adecuarlo a la situación del mercado mundial sin abrir un proceso de diálogo previo con las organizaciones agrarias que limiten el potencial productivo ante la crisis de mercado a nivel mundial. A su juicio, este “no” pone en riesgo de abandono a más de 95.000 hectáreas de viñedo, el 10% del total ( 950.000 hectáreas de viñedo en España).

UPA ha reclamado al ministro que reconsidere su postura al respecto del arranque social de viñedo, ya que es una demanda del sector y que podría ser una alternativa a muchos viticultores de toda España y ha solicitado una reunión bilateral con el ministro para que los responsables de la organización agraria le expongan las necesidades del sector.

Las tres organizaciones agrarias representativas del sector vitícola, UPA, ASAJA y COAG, remitieron al MAPA el pasado 12 de septiembre un documento de propuestas consensuadas para abordar la crisis.  “No ha habido respuesta y nos encontramos estas declaraciones a la prensa sin diálogo previo para marcar la postura española en Bruselas. Planas a ha dinamitado la negociación antes de iniciarla en un momento en el que se está negociando con la Comisión Europea un paquete de medidas específico. De hecho, Francia ya ha iniciado un programa para arrancar 30.000 hectáreas, (5% superficie), para lo que la UE le ha autorizado a disponer ayudas estatales por valor de 120 millones, (4.000 euros por hectárea)”, ha precisado, Joaquín Vizcaino, responsable del sector vitivinícola de COAG.

Entre las medidas, que ya han sido remitidas al resto administraciones e instituciones autonómicas y europeos que deben trabajar por el futuro del sector del vino, destaca la propuesta de establecer una ayuda financiera al arranque de viñedo, independiente de su posterior replantación o arranque definitivo. “No se trata de un arranque masivo. Queremos que sea una medida quirúrgica en determinadas zonas, especialmente en aquellas con serios problemas en las variedades tintas cuya demanda ha caído de forma significativa en los últimos años por un cambio en las tendencias de consumo”, ha subrayado Vizcaino. 

Asimismo, se propone que después de un período mínimo de tres años y en un plazo máximo de seis años, los productores tengan la posibilidad de replantar las mismas superficies que han sido objeto de arranque, accediendo a una ayuda financiera. El agricultor, si así lo decide, podría aprovechar productivamente la superficie objeto de arranque. Si un viticultor arranca de manera temporal y no produce en esa tierra, cobraría anualmente un porcentaje de los ingresos medios de la zona de las últimas tres campañas, hasta que decida replantar o arranque definitivo.

Tras el periodo máximo de 6 años, las OPA proponen que, si el agricultor decide no replantar, se le asigne una compensación económica definitiva. Esta compensación podría sufragarse con fondos de la UE, de la Intervención Sectorial Vitivinícola que no se hayan ejecutado o de los Estados Miembros. ASAJA, COAG y UPA proponen también limitar los potenciales productivos de los viñedos.

COAG también han pedido a la Comisión Europea la prohibición de nuevas autorizaciones de plantación para tres años: 2025, 2026 y 2027. Creen que una medida de este tipo pondría en pausa el aumento del viñedo europeo, evaluaría la evolución del mercado y daría un tiempo a los Estados y a los productores para replantearse sus estrategias nacionales.

En este sentido, Vizcaino ha remarcado que la medida del arranque, como la reestructuración en diferido, se deben entender como medidas de control productivo en momentos de cambio estructural en el consumo como los actuales, cuya norma ha de estar preparada, para su posible desencadenante en caso de ser necesario. “No son medidas aisladas, van incluidas en el paquete en el que proponemos otras flexibilidades, como el aumento de 3 a 8 años en la caducidad de las Autorizaciones de plantación para que el productor no tenga prisa por plantar por perderlas, o flexibilidades en las ayudas de promoción en terceros países. En definitiva un conjunto de medidas que nos permitan adaptarnos a los cambios de mercado actuales y futuros”, ha apostillado el responsable de COAG.

UPA: “Esto no es sencillo para ningún agricultor”

También UPA ha recordado que son varias las campañas complicadas que lleva el sector vitivinícola a nivel estatal en general, y en algunas comarcas productoras en concreto. El arranque es “la única salida que ven algunos viticultores profesionales. Son muchos los motivos para esta circunstancia que, no lo olvidemos, no es sencilla para ningún agricultor”, ha indicado Alejandro García-Gasco Alcalde, responsable de Vino de UPA, quien ha insistido en que se solicitó tanto en Bruselas, como al Ministerio de Agricultura y a diferentes Consejerías de Agricultura, debido a que son muchas las voces del sector que lo están pidiendo, “no por ganas, no porque sí; sino porque hay una crisis real en el sector”, ha indicado.

UPA ha recordado que la situación de los viticultores para solicitar esta medida de arranque social deriva de diversos factores; entre otros, los efectos de la climatología sobre muchas regiones, unos efectos que, en casos como el sureste español, han provocado la muerte de la planta. Por otra parte, la crisis de consumo en términos generales, a la que se une el parón de precios por parte de la industria. “Hay que tener en cuenta que los viticultores tenemos un producto perecedero, con lo que, al vendimiar, tenemos que aceptar el precio que nos den. No podemos esperar. Y con eso juegan algunos industriales. Puedo decir que somos el único sector que, cuando vende un producto, no sabe el precio al que lo va a hacer”, ha denunciado García-Gasco.

El arranque social defendido por UPA y expuesto en muchas regiones productoras sería una alivio temporal subvencionado y de carácter social, siempre con fondos extraordinarios para una medida que se considera extraordinaria; de ahí que se haya solicitado al Ministro de Agricultura una reunión bilateral para exponerle este punto de vista y que reconsidere su posición por el bien de miles de viticultores, por el futuro y viabilidad de todos aquellos agricultores que quieran acogerse a esta medida que, por supuesto, debería consensuarse con el sector y las organizaciones agrarias.

UPA indica que este tipo de ayudas extraordinarias deben acompañarse de una paralización de cualquier tipo de plantaciones de viñedo a través de autorizaciones, para que las parcelas que se acojan al arranque social de viñedo no puedan volver a sembrarse en el futuro, ni obtener un beneficio aparte de la ayuda. García-Gasco ha concluido que “esta medida la hemos solicitado a todos los niveles. Consideramos que no se deben crear agricultores de primera y de segunda, sino que haya un mismo trato para todos los viticultores que sufrimos la crisis de rentabilidad. Este arranque debe ser subvencionado con fondos extraordinarios, para una medida extraordinaria, así paliar la crisis de viticultores profesionales y pequeñas y medias explotaciones”.

Por otro lado, UPA ha mostrado su decepción y lamenta que en el Real Decreto aprobado y publicado esta semana, modificando determinados aspectos de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en la PAC, no se haya tenido en cuenta ninguna de las tres cuestiones que se propusiero desde UPA y que son de gran interés para la viticultura familiar: una medida de ayudas para las inversiones en las explotaciones vitícolas (tal y como posibilita la reglamentación comunitaria); una condicionalidad para que se excluyan del beneficio de las diferentes ayudas de la ISV (entre ellas las relativas a las inversiones en bodegas o a la promoción de vino a países terceros) a aquellos solicitantes que tuviesen una sentencia en firme por incumplimiento de la Ley de la Cadena alimentaria, y la ampliación de acciones con ayudas para la prevención por daños causados por los conejos en el viñedo.