La dificultad para fijar precios de referencia reales y trasladar esto a los contratos ha sido una de los principales problemas que se han puesto sobre la mesa por parte de los productores en las comparecencias ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación donde, a lo largo de los últimos días, se ha escuchado a una treintena de representantes del sector primario para analizar la reforma de Ley de Cadena Alimentaria que tramita en estos momentos el Congreso.
Las asociaciones de productores han expuesto una situación de desigualdad en relación a la gran industria de transformación y distribución, han pedido mecanismos de control de prácticas comerciales desleales y un mejor reparto de los riesgos, así como la garantía de remuneración para, cuando menos, cubrir los costes.
Una de las denuncias más destacadas la realizó el pasado miércoles el presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España, Rafael Sánchez de Puerta, que señalaba que ve “incumplible” la obligación de garantizar en los contratos de la cadena alimentaria el coste efectivo de producción y ha asegurado que este decreto ley aprobado por el Gobierno en febrero de 2020, “afecta de forma muy perjudicial a las cooperativas” y a las explotaciones “más vulnerables”. Por ello, reclama modificar la ley para “no hablar de costes individuales, sino el coste medio del sector”.
Sánchez de Puerta denunciaba que, tras la entrada en vigor hace ya casi un año de las primeras medidas de urgencia aprobadas por el Gobierno para el campo, se vieron “obligados” a firmar contratos para dar cuenta de esa cláusula, pese a que no era así al precio pactado.
“Inmediatamente, todos los compradores de aceite nos obligaron a firmar un contrato que venía recogido que el precio pactado cubría los costes de producción, cuando sabíamos que no se estaba produciendo”, ha aseverado. “¿Qué hacíamos? ¿Dejábamos de vender? Todos los presidentes de cooperativas se vieron obligados a firmar aun sabiendo que estaba muy alejado de la realidad”, ha apostillado.
Las organizaciones piden mecanismos de control
También las Asociaciones agrarias exponían la necesidad de fijar índices de referencia para los precios, y denunciaban una situación de desigualdad en relación a la gran industria de transformación y distribución, han pedido mecanismos de control de prácticas comerciales desleales y un mejor reparto de los riesgos, así como la garantía de remuneración para, cuando menos, cubrir los costes.
El presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, reclamaba impulsar un índice de referencias oficial desde la Administración, como por ejemplo desde el Observatorio de la Cadena Alimentaria, y no desde las interterritoriales, un registro de los contratos, la figura del mediador en la cadena alimentaria y la prohibición de la venta a pérdidas.
“No hay excusas para decir que no podemos poner índices de referencias”, ha abundado, por su parte, el el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, que ha puesto el ejemplo de las lonjas como referencia de precios, pero que también ha incidido en la necesidad de cumplir la ley.
Barato ha pedido potenciar los estudios del coste de producción por parte de la Administración para poder obtener datos de referencia y comprobar si se está cumpliendo lo establecido por ley, facilitar la transparencia en la comercialización, formación de precios y evitar “subterfugios que buscan saltarse la ley”.
Por parte de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), su vicesecretaria general, Montserrat Cortiñas, también ha hecho hincapié en la fijación de los precios, lamentando la ausencia de un mediador que garantice la cobertura de los costes y ha pedido “cambiar la cultura de este país en la conformación de precios”. “Estamos ante una oportunidad histórica, y en vez de fijar el precio en la parte final de la cadena, hay que hacerlo al revés: Que la conformación de precio se haga desde la producción”, ha reivindicado
Entre las propuestas trasladadas por la Unión de Uniones y su coordinador estatal, José Manuel de las Heras, está la definición de posición de dominio, la prohibición de la reventa a pérdidas, regular la venta a pérdidas y la fijación de una fórmula de cálculo de los costes de producción a partir de mecanismos oficiales.
El peligro de que aumenten las importaciones
Una intervención interesante ha sido también la de José María Pozancos, director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), que ha alertado de un problema importante: que la nueva regulación puede incentivar el crecimiento de la importación en el sector de frutas y hortalizas. Pozancos ha destacado en su comparecencia la dificultad para concretar algunos puntos claves de esta Ley, como determinar el coste efectivo de producción y en consecuencia el precio cierto que debe recoger el contrato entre el comprador y el vendedor.
Pozancos ha explicado que comparte los objetivos de la Ley y de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, pero considera que la exigencia de que todas las producciones, independientemente de su competitividad o de la situación de los mercados, tengan un precio igual a su coste de producción provocará que una parte importante de la producción no pueda acceder al mercado, lo que favorece a la competencia de terceros países y comunitaria.
La obligación de que el precio pactado cubra el coste efectivo de producción, cuando los costes de producción en España sean superiores a los de la competencia, por pérdida de competitividad o en situaciones de crisis de mercado consecuencia de desequilibrios de oferta y demanda, provoca que el productor no pueda comercializar su producción a ningún precio por debajo de su coste efectivo de producción, porque constituye una infracción grave, debiendo asumir un daño muy superior al bien que se pretende proteger.
En 2019, las importaciones españolas de frutas y hortalizas frescas superaron 3,5 millones de toneladas, con un crecimiento del 35% en los últimos cinco años, destacando el caso de Marruecos, con un 81% más.
“Un error” dificultar las actividades promocionales
Durante estos días también han pasado por la Comisión los representantes de la distribución alimentaria. Así el director general de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Javier Millán-Astray, afirmaba que la Ley de la cadena alimentaria comete un “error” si dificulta las actividades promocionales, al tiempo que ha señalado, en este sentido, que existen elementos de inseguridad jurídica que deberían corregirse.
“Sería un error gravísimo, porque la inmesa mayoría de las promociones no vienen inducidas por el comerciante, vienen promovidas por un industrial que tiene unos problemas puntuales de exceso de 'stock' y quiere darle salida y, por tanto, si se hace hace una promoción sin incurrir en venta a pérdida ¿pór que no se puede beneficiar al consumidor?”, se ha preguntado.
Respecto al ámbito de aplicación de la norma, el director general de Anged ha afirmado que el espíritu de la ley es corregir los desequilibrios que se producen en la cadena y proteger al agricultor, el eslabón “más debil”.
“Este proyecto de ley da un salto que me parece peligroso, establece un ámbito de aplicación para todos. Es muy peligroso que la ley intervenga con criterios generales en las relaciones entre grandes empresas porque no hay desesquilibrio”, ha afirmado.
Por otro lado, ha asegurado que las empresas de distribución están dispuestas a pagar el coste efectivo de producción a los agricultores y ganaderos, si bien ha advertido que intentarán buscar el mas barato para poder vender al “mejor precio”.
Por su parte, Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que cuenta entre sus asociados con Mercadona, Dia, Coviran, Alimerka o Ahorramas, entre otras, ve posible mantener los precios de sus productos pese al reconocimiento de los costes de producción en los contratos a lo largo de la cadena alimentaria.
“Desde la distribución se puede aplicar, se puede cumplir la ley” y ha asegurado que trabajarán para que no suponga un aumento de los precios. En todo caso, sí que ha reconocido desde la entrada en vigor del decreto ley en febrero de 2020 “dificultades para entender cómo influye en el sistema de contratar”, dejando claro, eso sí, “que se puede hacer y las empresas están comprometidas en cumplirlo”.
No obstante García Magarzo ha expuesto dos cambios concretos que, a su juicio, deberían abordar los grupos en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. Es el caso de la regulación de la venta a pérdidas y también de la prohibición de comercializar promociones no pactadas, una prohibición que se extrae ha reconocido “literal” del código de buenas prácticas que suscribe su propia patronal, pero que cree que “se hace de forma inadecuada” y “erróneamente”.