Diego Ortega, alcalde de Alcázar de San Juan e impulsor del proyecto de vender el 52% de la empresa pública 'Aguas de Alcázar', ha restado importancia a la decisión del tribunal contencioso-administrativo de Ciudad Real de anular la venta de la empresa. Ortega considera que la sentencia simplemente entra a explicar que ha habido deficiencias en la forma de hacer el proceso, pero no lo declara ilegal ni ve defecto alguno en la venta en sí.
Ortega hace una interpretación diferente de la sentencia, indicando que ni el convenio con Aqualia para la gestión del agua pública ha quedado anulado ni supone ninguna consecuencia el auto judicial. El propio auto indica que el Pleno en el que se decidió la venta de la empresa es nulo, así como todas las decisiones tomadas posteriormente en torno al tema (mesa de contratación, firma del contrato con Aqualia, etc.), pero Ortega niega que todo esto sea así y critica al PSOE de “falso triunfalismo” por una sentencia que “no cambia nada”, a juicio de Ortega. “Es un simple aspecto formal”.
Es decir, que aunque ese Pleno y todo lo votado en él (como la venta de la empresa) quede anulado, considera que ello no es así y sigue adelante. Para hacerlo se refiere a otro Pleno de mayo de 2014 en el que se volvió a votar la venta de la empresa. Este Pleno se celebró una vez se subsanaron defectos de forma a lo largo de octubre de 2013 a mayo de 2014, y considera Ortega que, si el pleno de octubre está anulado, el de mayo no y en mayo se volvió a votar lo mismo. Una interpretación particular de la sentencia judicial que habrá que ver si es la determinada por la justicia, que indica que todo lo hecho posteriormente en torno a la venta de 'Aguas de Alcázar' está anulado.
El alcalde ha adelantado que el Ayuntamiento recurrirá no obstante la sentencia conocida, pero destaca que aunque se ratifique la sentencia de anulación del Pleno, la venta y contrato con Aqualia van a seguir adelante. Indica que la anulación se produce por un aspecto “exclusivamente formal, pero no es motivo para anular todo”.
“Rosa Melchor utiliza la sentencia para manipular, confundir y alarmar, como hacen siempre, a los vecinos. No sería la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contradice una sentencia previa del Contencioso-Administrativo y nos acaba dando la razón en el tema de 'Aguas de Alcázar'. Han vuelto a usar el tema con mala fe y mala intención, cuando deberían estar agradecidos por solucionar el problema que ellos crearon, garantizando la viabilidad de la empresa”.
El proceso, de forma cautelar, no se paraliza puesto que para ello tiene que pedirlo la demandante de este recurso (Rosa Melchor, la candidata a alcaldesa por el PSOE) o que la justicia resuelva todas las apelaciones que habrá. Mientras estas no estén resueltas, el proceso no se paraliza, salvo que la justicia decida lo contrario.