En el verano de 2021 las localidades de Gascueña y Tinajas se ‘rebelaron’ contra la instalación de una macrogranja en la zona con 6.000 cerdos. Llegaron a constituir una asociación para frenar la llegada de la explotación intensiva a tus pueblos. Ese mismo año ambos ayuntamientos aprobaron sendas ordenanzas para regular (y endurecer) su normativa frente a este tipo de proyectos ganaderos.
Ahora a los vecinos de estos pueblos se han sumado los de Huete, Villalba del Rey, Portalrubio de Guadamejud, Valdemoro del Rey, La Peraleja y Moncalvillo. Tienen en ciernes otros tres nuevos proyectos porcinos con más de 2.000 cerdos cada uno, auspiciados por Icpor Castilla-La Mancha S.L., la sociedad del grupo Incarlopsa con sede en la localidad conquense de Tarancón.
Una de las macrogranjas se ubicaría en Moncalvillo de Huete y las otras dos en el término municipal de Portalrubio de Guadamejud, que solo cuenta con 35 habitantes censados. “Los proyectos cumplen escrupulosamente con los requisitos definidos en el Real Decreto306/2020, incluyendo tanto la separación sanitaria entre granjas como la distancia a núcleos urbanos, entre otros”, asegura la empresa promotora.
Unos 120 vecinos se han reunido para organizarse. “No lo entiendo. Se supone que hay una moratoria en Castilla-La Mancha para macrogranjas porcinas”, dice Pilar Moya, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca en Tinajas. Cuentan con el apoyo de la Asociación Pueblos Vivos Cuenca que desde 2016 se ha posicionado para impedir que las explotaciones intensivas copen los pueblos conquenses. Su presidenta, Remedios Bobillo, carga contra los tres nuevos proyectos. “Casos como este evidencian la ineficacia de una moratoria que no lo es y que en la práctica favorece a las grandes empresas del sector del porcino, las cuales se ceban en las pequeñas localidades para evitar contestación social”.
Y es que el Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el pasado mes de enero una moratoria que, en teoría, impide la ampliación y la apertura de nuevas macrogranjas porcinas (solo de este tipo de ganadería) hasta el 31 de diciembre de 2024. Y sin embargo tiene excepciones que, según Pueblos Vivos Cuenca, están permitiendo a los promotores saltarse la norma. Las explotaciones porcinas son más viables si tienen menos de 2.500 cabezas porque no necesitan Autorización Ambiental Integrada. Y no están prohibidas si incorporan “sistemas tecnológicos apropiados para el tratamiento, valorización y separación de sólidos de cara a impulsar la necesaria transformación del sector”. Unas excepciones que desde Pueblos Vivos Cuenca ya calificaron en su momento como “un coladero”.
“Los tres proyectos diseñados por ICPOR cumplen escrupulosamente con la normativa vigente”, replican fuentes cercanas a la empresa y, “no solo” en cuanto a la moratoria, abundan, sino respecto a la normativa estatal aprobada en 2020 y que establece las normas de ordenación de las granjas porcinas intensivas.
“Desde nuestra fundación en 2012, ICPOR ha cumplido escrupulosamente con la normativa vigente. Por poner un ejemplo simple, ¿un conductor incumple la normativa si circula por una autovía a 116 km/hora cuando el límite es 120 km/hora? No. Circula perfectamente dentro de la legalidad”, señalan en declaraciones a este periódico.
El papel “decepcionante” de los alcaldes
Ningún alcalde de los municipios afectados acudió a la reunión convocada en Tinajas hace unos días. “Es decepcionante que no aparezcan para decir que van a luchar con nosotros para defender los pueblos. A la gente eso le está haciendo mucho daño”, asegura Pilar Moya. Buscaban explicaciones y confirmar la postura de los ayuntamientos durante un encuentro que muchos tuvieron que seguir desde la calle por las normas de seguridad por la COVID-19, explican los organizadores.
No ha sido posible recabar las opiniones en este sentido de los alcaldes de Huete (una de las tres explotaciones se ubicará en una de sus pedanías) y Portalrubio de Guadamejud, pese a los reiterados intentos de elDiarioclm.es. El alcalde de Tinajas, donde tuvo lugar la reunión, sí ha comentado que su intención es “apoyar” a los vecinos. “Mientras yo esté estarán prohibidas. Para eso hemos aprobado una ordenanza”, asegura Francisco Javier Romero. “No queremos problemas ni con nuestros vecinos ni con los de los otros municipios”.
Cada proyecto se ha presentado individualmente y tiene una capacidad de 2.496 cerdos de cebo. Es decir, cuatro por debajo del nivel de los 2.500 que obligaría a presentar una autorización ambiental integrada. El inicio de las obras está previsto para el próximo mes de noviembre, explica Pueblos Vivos Cuenca, aunque desde ICPOR aseguran “no hay estimación concreta” para los plazos. Los proyectos se encuentran en la fase de evaluación ambiental. “Depende de diferentes administraciones y cada una maneja unos plazos”.
Las tres macrogranjas suman una capacidad total de 7.488 cabezas y engordarán previsiblemente a 18.464 cerdos de cebo al año. Se ubicarán en una zona próxima al pantano de Buendía. “Según ratios técnicas comúnmente aceptadas consumirán conjuntamente 30 millones de litros de agua al año (unas 21 veces el consumo de los habitantes de Portalrubio), producirán unos 16 millones de litros de purines al año (equivalente a 4,8 piscinas olímpicas) y emitirán 38 toneladas de amoniaco y 68 toneladas de metano al año”, detalla Pueblos Vivos Cuenca.
Sobre la oposición vecinal la empresa promotora dice que “cada uno es muy libre”, pero apunta que “se trata de una nueva campaña de desinformación a la ciudadanía basándose en un desconocimiento absoluto de la situación actual del sector”. Indica que sus críticas se basa en “el modelo de desarrollo y de granja que se construía hace décadas y cuando la regulación del sector y las preocupaciones de la sociedad eran otras bien distintas a las actuales. No solo en el sector porcino, sino en cualquier tipo de actividad”.
ICPOR se defiende de las críticas, pero no ofrece datos de su actual producción ganadera
ICPOR asegura que contribuye a “modernizar el sector porcino” con “el bienestar animal y el compromiso medioambiental” como clave en sus instalaciones y que también están actuando para mejorar aquellas granjas operativas hace décadas. Explican que tapan las balsas de purines para evitar emisiones, que dan cursos de formación a granjeros para su aplicación y que disponen de “soluciones para tratar el purín, reduciendo el olor y su contenido de nitrógeno, para facilitar su posterior valorización como fertilizante orgánico en los campos de cultivo”.
Sin embargo, la empresa no ofrece datos sobre el actual volumen de cabezas de porcino que gestiona ni tampoco sobre los proyectos pendientes que tienen sobre la mesa. “Esos datos forman parte del core business de ICPOR”, argumentan, para insistir en que cumplen “escrupulosamente con la normativa”. ¿Y cuál es el destino de la producción porcina de la empresa?, preguntamos. “Todos los clientes con los que trabaja ICPOR son nacionales por lo que nuestra producción se destina íntegramente al territorio español”, explican.
Agua subterránea de la cabecera del Tajo
El agua necesaria para estas granjas es otra de las cuestiones que indigna a los vecinos. Según los datos que maneja Pueblos Vivos Cuenca se cuenta con una concesión de agua de un sondeo que se ubica a poco más de dos kilómetros del embalse de Buendía.
El informe ambiental presentado para los proyectos de Portalrubio incide en esta cuestión. “Se dispone de una concesión para aprovechamiento de aguas subterráneas desde la que se va a detraer el volumen anual necesario para el uso de la explotación ganadera”. Dicha concesión de la Confederación Hidrográfica del Tajo fue publicada en el Boletín de la Provincia ya en 2017.
“No necesitan hacer pozos. Ya los tienen, los pidieron para regadíos con agua de Buendía”, asegura Pilar Moya. “No tenemos agua para el pueblo, pero sí para esto. Es algo que han estado fraguando desde hace tiempo”.
Las fuentes de ICPOR consultadas niegan este extremo. “Las granjas proyectadas se abastecerán de agua mediante la concesión actual con la que cuentan las parcelas donde estarán ubicadas, que se nutren de agua a partir de un pozo privado. No del embalse de Buendía”. Se trata de una concesión vigente, destinada a regadío y “cuando estén operativas las granjas, parte de esa concesión se destinará a uso ganadero” aunque sin aumentar la dotación ni el consumo. “Independientemente de que las granjas se pongan en marcha o no, el agua que figura en la concesión seguirá consumiéndose, tal como se está haciendo actualmente”, añaden las mismas fuentes.
Una nueva asociación bajo el paraguas de Pueblos Vivos en la Alcarria conquense
De la Asociación vecinal conjunta surgida en Gascueña y Tinajas nacerá otra todavía más grande que se sumará al colectivo Pueblos Vivos Cuenca. “Ahora será la Alcarria conquense la que tenga que luchar, con siete pueblos. Nos vamos a unir y pedimos a los que no están afectados que lo hagan. Hoy es en mi pueblo, pero mañana puede ser en el tuyo”.
Pilar Moya vuelve a cargar contra los alcaldes: “No están informando a la gente. Ellos son los que tienen los medios, y no lo hacen. Deben dejar que la población decida y que pueda defender sus intereses” y anuncia alegaciones a los proyectos sin descartar otras vías.