Alcázar suspende la concesión de su mayor contrato público por un consultor imputado
El 18 de marzo de 2015 se reunió en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan la Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza viaria, limpieza de edificios municipales y mantenimiento complementario de zonas verdes del Ayuntamiento. En esta Mesa de Contratación estuvieron presentes concejales de los tres grupos municipales, con la presencia como vocales de Ángel Montealegre (Ciudadanos por Alcázar, gobernando en pacto con el PP) y Ana Belén Tejado (PSOE). Este contrato, de tres millones de euros anuales, es el mayor contrato público de Alcázar de San Juan, que sin embargo se disponía a conceder esta semana en plena precampaña electoral, “a la carrera” para dejarlo cerrado antes de las elecciones según la oposición y algunos ciudadanos
Cuatro empresas presentan ofertas para este contrato, las cuales todas cumplen los requisitos iniciales. Por ello se encarga a un técnico que valore las ofertas y las puntúe según lo que ofrecen y el coste para así poder elegir. En este punto entra todo el problema: el Ayuntamiento propone contratar a un técnico externo que lo haga, algo a lo que se opone la concejal Tejado pidiendo que lo haga alguien del Ayuntamiento. Como hay familiares de empleados públicos con intereses directos en el contrato, se decide que no sea un técnico del Ayuntamiento (así lo dice la ley de empleados públicos). La socialista pide entonces que lo haga un técnico de la Junta o de otro Ayuntamiento, a lo que Montealegre le responde que “debe ser un técnico competente”. Se decide así contratar a un técnico externo, en donde aparece como contratado José Vicente Jiménez Baena.
Este técnico está imputado en la Comunidad Valenciana por el caso Brugal, por presunto amaños de contratos en la zona de la Vega Baja, por las localidades de Orihuela y Torrevieja. Con los votos de los miembros del PP y Ciudadanos por Alcázar, se encarga el informe a este técnico.
Este técnico fue apoderado de la empresa de limpiezas SUFI, la que está siendo investigada por la 'mordida' de 200.000 euros de los papeles de Bárcenas a cambio del contrato de basuras de Toledo. Precisamente está imputado por cohecho y por presuntamente bajar la valoración de empresas en concursos de esta región para que determinadas empresas elegidas previamente se llevaran los contratos públicos de distintos servicios. Además entre las pruebas en su contra están llamadas de teléfono (intervinieron su línea) en la que habla por ejemplo de la importancia de cerrar un contrato de basuras antes de las elecciones en vista de que el PP pudiera perder la Alcaldía y la Diputación de Alicante, así como habla de cómo ha habido que “darle cariño” a alguno de los alcaldes de la zona para que aceptara el trato (entendiéndose “darle cariño” como algún tipo de soborno o favor). En las mismas conversaciones se identifica como “José Vicente, el SUFI”.
En el informe de Alcázar este auditor dio la mejor calificación a la oferta de FCC, que hay que recordar ya se llevó el contrato de Aguas de Alcázar ya que ahora FCC y Aqualia son la misma empresa. La oferta de FCC, si bien era la que más servicios ofrecía según el informe, era también la más cara, por encima de la de la actual empresa que se encarga de ello, CESPA.
En la Comunidad de Madrid se ha señalado a la empresa SUFI por el pago de comisiones a alcaldes del PP a cambio de darle contratos públicos a las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) de SUFI y FCC.
En las grabaciones del caso Brugal en las que participa este técnico aparecen numerosas referencias a cómo se han hecho favores a alcaldes de la zona contratando a familiares suyos en empresas, dando supuestos sobornos, “abriendo el abanico”, como dicen en las conversaciones e indicando qué empresas deben ganar los servicios públicos y cómo se debe alterar los concursos para que sus empresas se lleven el dinero público.
Ante el escándalo que ha supuesto esto en Alcázar de San Juan, donde ya Aqualia (Aqualia-FCC) se ha llevado un contrato de agua que la justicia ha declarado nulo por las formas en cómo se licitó, todos estos hechos han levantado indignación ante lo que no hay nada ilegal en el proceso, pero si inmoral especialmente con la presencia de esta persona. Las sospechas sobre la limpieza del proceso han obligado al Ayuntamiento a suspenderlo completamente y emprenderlo de cero.
Desde el Ayuntamiento, el alcalde Diego Ortega indicaba que no sabía que este auditor estaba imputado por estos casos, a pesar de que basta una búsqueda rápida en Internet para encontrar archivos del caso, conversaciones incluidas, un caso que lleva en instrucción desde diciembre. “Para despejar las dudas y evitar suspicacias se encargará un segundo informe externo, probablemente a un técnico de la Junta o de otro ayuntamiento”. Puede ser que el informe del auditor sea correcto, pero ante las dudas y el historial que levanta un encausado por precisamente alterar valoraciones de ofertas públicas, el informe se rehará.
Independientemente de ello, a este técnico habrá que pagarle por su trabajo, una contratación que al suponerse menor de 18.000 euros no es necesario que se publicara oficialmente.
Un caso más de errores en la concesión de contratos públicos del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (precisamente con la concesión a la misma empresa el contrato del agua y este) que ha indignado a la oposición indicando que “no sabemos si el Gobierno local es ignorante, lo hacen a propósito o es dejadez en sus funciones”.
