La Federación de Empresarios de Estaciones de Servicios de Castilla-La Mancha, CCOO-Industria, FICA-UGT, junto a los representantes de los consumidores, FACUA, y de las personas con discapacidad, CERMI Castilla-La Mancha, han anunciado que se movilizarán de forma conjunta para promover el endurecimiento del régimen de sanciones contra las gasolineras que incumplen la obligación legal de contar al menos con un empleado.
Esta alianza se ha creado debido a la “creciente proliferación de gasolineras desatendidas” que se han propuesto defender la competencia en igualdad de condiciones, el empleo y los derechos de los consumidores y de las personas discapacitadas. Así, por un lado, se pondrá en marcha una campaña de sensibilización, que contará con folletos informativos para su difusión a los usuarios desde las mismas gasolineras que sí disponen de personal.
Por otro lado, pedirán reuniones con la administración y con los grupos parlamentarios de las Cortes castellano-manchegas para proponerles una modificación del Estatuto del Consumidor endureciendo el régimen sancionador para que las multas a los incumplidores resulten realmente disuasorias.
El presidente de la Federación de Empresarios de Estaciones de Servicios, Alberto Domínguez, ha explicado que Castilla-La Mancha fue “pionera” en la regulación de los derechos de los consumidores en el servicio de suministro al por menor de carburantes y combustible de automoción en instalaciones de venta al público con la publicación de un decreto en 2005. En este, se establece que una gasolinera debe estar atendida “al menos” por un empleado, algo que se incumple porque “es másrentable pagar una multa de 300 euros que pagar a un obrero”.
Esto también incide en una competencia desleal, que también tiene impacto en el empleo. Según explicó Ángel Léon, secretario general de CCOO-Industria, ya son 117 las desatendidas que existen actualmente en la región lo que ha supuesto la pérdida de 136 puestos de trabajo, a los que hay que sumar otros 60 más correspondientes a los empleos que se están ahorrando las nuevas unidades de suministro desatendidas que han abierto desde 2014.
León explicó que desde la entrada en vigor la ley 11/ 2013, “De medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”; que facilitó la apertura de este modelo de estaciones de servicio, la cifra de gasolineras desatendidas no ha dejado de crecer en nuestro país, con graves perjuicios para la competencia, el empleo y los derechos de los consumidores, y muy en especial de las personas con discapacidades.
Francisco Ferrer, presidente de FACUA-Castilla-La Mancha, ha subrayado que las estaciones de servicio sin empleados causan “indefensión” a los consumidores ante cualquier problema que puedan sufrir, e introducen riesgos que no existen en las gasolineras con personal. La técnico jurídico de CERMI, Paulina de la Vega, ha subrayado que las estaciones también suponen la vulneración de la Convención de la ONU de Derechos de Personas con Discapacidad de 2006, del texto refundido de la Ley General de los Derechos de Personas con Discapacidad y la Ley Regional de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha en 2014.