En Castilla-La Mancha existen 197 explotaciones agrarias de titularidad compartida entre un matrimonio o una pareja que reside en el área rural. Esta figura, que emana de una ley nacional del año 2011, auspiciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha supuesto que muchas mujeres hayan pasado de trabajar ‘en negro’ para el negocio familiar, a cotizar y generar sus propios derechos, sobre todo de cara al futuro, para poder cobrar una pensión.
Pero la Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias se queda “corta” y además resulta confusa. En eso coinciden tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como distintas asociaciones de mujeres rurales. Elisa Fernández, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) en Castilla-La Mancha cree que la ley ha tenido una evolución “muy lenta” en cinco años aunque sostiene que “hay voluntad de darle un impulso, que ya está bien”. En su opinión, “solo funcionará cuando se cambie para visibilizar el trabajo de las mujeres rurales”.
Una opinión de comparte Mariani Fuentes, la primera mujer en Castilla-La Mancha en sumarse al régimen de titularidad compartida y que ahora dirige la recién inaugurada Oficina Nacional de Titularidad Compartida en la Explotación Agraria ( AGROTC), con sede en Membrilla (Ciudad Real) que gestiona AMFAR.
Compagina la actividad en su explotación agraria con la información que facilita a las interesadas en sumarse a este tipo de gestión agraria. “La ley no avanza. En 2011 se calculaba que se darían de alta en España 30.000 mujeres”. La realidad hoy es muy distinta y tan solo unos cientos lo han hecho. “En algunas comunidades autónomas hay cero y se trata de una ley que fomenta la igualdad y que las mujeres no estamos aprovechando”, lamenta.
El Gobierno de Castilla-La Mancha también comparte esta misma sensación. El director general de Desarrollo Rural de la Junta, Francisco Javier Carmona, cree que la legislación nacional necesita una 'vuelta'. “Se habla de matrimonios o parejas del tipo de que sea como beneficiarios, pero nosotros querríamos ir más allá y que los padres e hijos pueden optar a la titularidad compartida”. Sin embargo, matiza, “eso no significa que la mujer tenga que estar subida al tractor. Hará lo que tenga que hacer. Como labores de contabilidad, de organización…además de las propias tareas del campo”.
Elisa Fernández lamenta “la falta de formación que tienen los técnicos que trabajan en las distintas administraciones”, la ingente cantidad de “trámites burocráticos” para darse de alta en un sistema que ha de acogerse al Régimen de Trabajadores Autónomos Agrarios y la falta de información de la que disponen los posibles beneficiarios.
Mientras, Mariani Fuentes apunta otro de los grandes escollos: el envejecimiento del sector agrario. “La gente joven busca otras alternativas de trabajo. Las mujeres en el campo son cada vez mayores y como ya no les da tiempo a cotizar y generar una pensión, la ley no termina de calar”.
A eso se suma, en su opinión, “la falta de información porque la Administración no se ha puesto las pilas ni en Castilla-La Mancha ni a nivel nacional. La ley es muy bonita pero hay cinco ministerios implicados que no hablan entre ellos”. La elevada burocratización frena las intenciones de algunas interesadas.
“Estas explotaciones deben tener incentivos fiscales”
En Castilla-La Mancha existe un Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida. “Somos una región casi pionera y en los últimos dos años se ha dado un impulso importante”, dice Elisa Fernández, pero no es suficiente. “Esto tiene que avanzar en toda España. Si miramos, por ejemplo a Madrid, ni siquiera ha creado su registro”
Fademur pide incentivos para que las mujeres “de cualquier edad” se sumen a la titularidad compartida porque “dos cotizaciones en una familia con explotación agraria es complicado. Son costes muy elevados. La Seguridad Social es muy cara y la mujer ni siquiera es consciente de estar trabajando. Cree que su función es la de ayudar a su marido o pareja. Pero necesita independencia económica para no depender siempre de alguien”.
“No adelantamos nada con una ley si no es real. Hay que poner presupuesto sobre la mesa. Las explotaciones deben tener incentivos fiscales a la hora de pagar el cupón a la Seguridad Social”. Lo merece, dice, “un sector fundamental que crea en empleo y fija población en Castilla-La Mancha”.
“Hablamos de un sector muy machista en el que el marido suele decidir si la mujer paga o no a la Seguridad Social. Hay que aportar medidas para que la gente se anime”, apunta Mariani Fuentes, quien cree que “el Estado tiene una asignatura pendiente con esta ley. Las cotizaciones suponen una contribución más a sus arcas, pero no lo ven”.
¿Cómo ayuda el Gobierno regional a los interesados en la titularidad compartida?
La ley nacional “va muy despacio, no ha tenido el resultado esperado y requiere de un tirón por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha”, dice Francisco Javier Carmona. La propia Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural no ha llevado a cabo aún el desarrollo reglamentario autonómico pertinente de la normativa nacional. Algo que no se descarta “para amoldar la legislación nacional a la realidad castellano-manchega, simplificar y flexibilizar el acceso a la titularidad compartida para que sea más fácil y a cualquier edad. No hay por qué ser joven”.
Reconoce la dificultad para los interesados en sumarse a la titularidad compartida por el hecho de tener que pasar por distintas “ventanillas” pero recuerda que “a la larga, tanto él como ella o la pareja de la que se trate, van a tener derecho a pensión”. También cree que el propio hecho de tener que pagar frena a posibles interesados.
“Estamos estudiando la posibilidad de algún tipo de incentivo fiscal, aunque desgraciadamente depende de la Agencia Tributaria para que el pago del cupón a la Seguridad Social no sea tan gravoso”. En este sentido, espera “poder sentarse” con otros departamentos del Gobierno regional para estudiar posibles bonificaciones fiscales.
De momento, lo que se está haciendo en la región es “priorizar de forma transversal” las iniciativas promovidas por mujeres y jóvenes dentro del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. “El máximo exponente ha sido la convocatoria de ayudas que ha permitido la incorporación al sector agrario de 1.218 jóvenes. Uno de cada cuatro es mujer. Es un logro muy importante aunque la idea es llegar a una de cada dos o más”, explica el director general.
Para este tipo de explotaciones, del total de 20 puntos de tope necesarios a la hora de conceder ayudas, la Junta da, de entrada, 10 puntos a las mujeres o a quienes se incorporan al régimen de titularidad compartida. Y lo hacen en órdenes que recogen ayudas para el fomento de la calidad agroalimentaria, en el plan de desarrollo de caminos rurales, las ayudas para modernizar regadíos, las ayudas a la formación o de incorporación de jóvenes…
Tampoco descarta reivindicar la titularidad compartida en las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC), ahora en pleno proceso de reforma. “¿Cómo no vamos a tener en cuenta a la mujer y a las titularidades compartidas? La nueva PAC debe tener un tinte mucho más social, defendiendo también los derechos de los jornaleros”, señala el director general.
“Tener una explotación en titularidad compartida es poner a la mujer donde se merece. Ha trabajado siempre mucho pero ese trabajo no ha salido a la luz”. Cree que “sin mujeres en los pueblos no vamos a ningún lado. Son la base de la familia”.
El próximo 30 de noviembre se celebrará en Quintanar de la Orden (Toledo) una jornada sobre titularidad compartida organizada por el Ministerio de Agricultura, en colaboración con la Junta castellano-manchega y en la que estarán presentes organizaciones como Fademur. “La consideramos muy importante a título informativo y debe extenderse al resto de la región”, concluye Elisa Fernández.