Según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), es ilegal vender información y datos de clientes a otras empresas por parte de una de ellas. Para que sea legal tiene que aceptarlo el propio cliente.
Buscando este permiso, Aqualia Valdepeñas, la empresa que gestiona el agua en la localidad, ha adjuntado una carta tipo en todas las facturas del último mes a los vecinos, por la que informa de la venta de sus datos, concretamente a la empresa Reparalia Direct, dedicada a la reparación de servicios, mantenimiento y demás. Esta empresa en teoría venderá sus productos a los valdepeñeros con los datos de todos ellos, como su dirección, números telefónicos y vías de contacto.
Esta empresa es la misma que está esperando las sentencias judiciales para hacerse con el servicio del agua en Alcázar de San Juan, y, según ha informado Izquierda Unida Valdepeñas, Aqualia ha hecho la misma operación de vender los datos de los clientes en Linares, Jaén y en Jerez de la Frontera.
La formación denuncia el negocio del agua que se está haciendo. Un ejemplo son las tasas que no han dejado de subir “para buscar el equilibrio económico”. La venta de la información no está contemplada dentro de las condiciones del contrato entre ayuntamiento y empresa, así como es ilegal por numerosas leyes y decretos, ya que coloca a una empresa en una situación tremendamente ventajosa respecto a la competencia. De hecho la carta informa de la venta de su información, no pregunta si desea que sea vendida, con lo que si alguien se quiere negar, es el que debe dirigirse a la empresa. No hacer nada significa que acepta la venta de su información.
Por tanto esta cesión o venta de información, como informa IU, es ilegal, aparte de poco ética. Dicha empresa tendrá el fichero de absolutamente todos los consumidores de Valdepeñas y comarca, algo que ninguna empresa tiene, y esta cesión no tiene ningún trato ni nada que ver con la gestión de aguas, por lo que no tiene cabida. Por ello la formación ha pedido la revisión del contrato entre Aqualia y ayuntamiento para constatar que dicha venta de información no es legal, así como poner en marcha las medidas convenientes legales.
El Real Decreto 1720/2007 del 21 de diciembre en sus artículos 52 en adelante establece que la venta o cesión de datos de gestión pública de habitantes de la ciudad debe ser votada por Pleno Municipal y no la puede decidir el gobierno directamente. Por tanto se estaría incumpliendo la LOPD, y tanto la sala III del Tribunal Supremo como FACUA han denunciado estos hechos ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Tanto ayuntamiento como empresa se enfrentan a una multa de entre 40.001 a 300.000 euros. En el caso de la multa al ayuntamiento serían los mismos ciudadanos los que tendrían que pagar dicha multa, y desde la formación culpan al alcalde por desobedecer la ley así como por decidir por su cuenta situaciones que afectan a todos los valdepeñeros.