Si bien las cifras no son aparentemente espectaculares en su proporción con el total de la población, la Memoria de la Fiscalía de Castilla-La Mancha correspondiente al año 2015 deja algunos datos preocupantes en el aumento de algunos delitos. Según este documento y con carácter general, la criminalidad, es decir, los delitos contra la vida e integridad física dieron lugar el año pasado a la incoación de un total de 16.387 diligencias previas en la región, lo que representa, en conjunto, un 12% del volumen total de las mismas, y un aumento de un 8% con respecto al año anterior.
Pero al margen del contexto global, uno de los datos más significativos es el aumento de los delitos contra la libertad sexual en la comunidad autónoma. En total, han pasado de 483 a 528 en cuatro años, un aumento del 17%. Los índices de aumento más preocupantes son los referidos a delitos a menores de 18 años, que han llegado a triplicarse; seguidos del acoso sexual, con un aumento del 41,6%, y del abuso sexual, con una subida del 38%. Sin embargo, han bajado otros como la agresión sexual y la violación (-24,6%), el exhibicionismo y la provocación sexual (-2,8%) y la corrupción de menores, que ha llegado a reducirse a la mitad.
En otro orden de cosas, y como en años anteriores, es en los delitos contra el medio ambiente donde se encuentra mayor disparidad de casos. La Fiscalía estipula que tal y como se ha puesto de manifiesto en memorias de años anteriores, el principal problema relacionado con los recursos naturales que padece Castilla-La Mancha es el referido a la captación ilegal de aguas mediante los miles de pozos clandestinos que, particularmente en la provincia de Ciudad Real, dan riego a distintos cultivos.
Según las cifras aportadas en la Memoria, los delitos contra el medio ambiente han disminuido de 58 a 44 en los dos últimos años, como lo han hecho los referidos al patrimonio histórico, y los relacionados con la flora y la fauna. Sin embargo, han crecido de manera significativa los de maltrato de animales domésticos (han pasado de 52 en 2014 a 90 en 2015); los actos contra la ordenación del territorio (de 25 a 45) y los delitos de incendios forestales (que han pasado de 137 a 152).
En cuanto a los delitos relativos a la ordenación del territorio y urbanismo, la incidencia en la región sigue siendo pequeña, y la mayor parte de los procedimientos se incoan a construcciones aisladas destinadas a segunda vivienda promovidas por particulares que no son profesionales de la construcción y que las ejecutan sin licencia en parajes con valor ecológico o en suelo no urbanizable.
Similar situación se da en la criminalidad en cuanto al patrimonio histórico. La Fiscalía destaca que la actividad de prospecciones no autorizadas por parte de particulares es una práctica bastante extendida, que además no solo es desarrollada por vecinos de las comarcas sino que también está protagonizada por personas residentes en comunidades limítrofes: acuden a los yacimientos arqueológicos provistos de aparatos detectores de metales y de otros útiles con la finalidad de incautarse de cuantas piezas históricas de su interés encuentren, “viéndose favorecidos a tal fin por el fácil acceso a los yacimientos y las escasas medidas de vigilancia de que generalmente disponen”.
Subsisten también en Castilla-La Mancha delitos contra la flora y fauna relacionados con la actividad cinegética, como es el empleo de cebos envenenados y de lazos y trampas para la captura de especies, algunas protegidas, “haciéndose necesaria su completa erradicación”.
En el apartado de incendios forestales, la Memoria concluye que en 2015, y debido en buena medida a las adversas condiciones climatológicas, se produjo un moderado ascenso del número de incendios forestales producidos en Castilla-La Mancha, si bien ninguno de ellos alcanzó dimensiones considerables. Y en cuanto a los delitos de malos tratos a animales domésticos, la Fiscalía, pese a su notable incremento, argumenta que “todavía tienen escasa incidencia en la Comunidad”.